La criminalización de la vida colectiva

La criminalización de la vida colectiva

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30 de diciembre 2012 , 07:56 p. m.

Los colombianos llevamos veinte años bajo el régimen de la Constitución de 1991, que le ha traído cantidades de cosas buenas al país, pero también ha desatado fenómenos que en su momento eran impredecibles. Un aspecto fundamental de cualquier marco constitucional es servir de matriz para tramitar las diferencias y los conflictos de una sociedad.

Los colombianos, por ejemplo, han buscado refugio en la Constitución para hacer valer sus derechos al amparo de una generosa interpretación jurisprudencial. Mediante la tutela y los recursos que ofrece la democracia participativa, los ciudadanos han encontrado solución para muchos conflictos.

Eso está bien, pero esa vía tiene un límite. Cuando ya le corresponde a un juez decidir si un baipás gástrico o la extracción de una uña encarnada clasifican como derecho fundamental, estamos en problemas. Ese no es un defecto de la tutela. Ocurre porque los mecanismos administrativos y las instancias de supervisión, regulación y acción del Estado son un fracaso.

Una consideración de cualquier sistema institucional de resolución de controversias es la gradualidad y la proporcionalidad. La tutela, nuestro ejemplo, fue concebida como un camino excepcional, pero se ha vuelto el más utilizado por el ciudadano del común. La razón de que esto sea así es patéticamente simple. La tutela sí funciona.

Veo con alarma otra tendencia similar desatada por las particularidades de nuestro régimen constitucional. Los padres de la Carta de 1991, con razón, entendieron que el Estado, asediado y arrinconado por poderosas organizaciones criminales, tenía que desarrollar una institucionalidad capaz de enfrentar semejante desafío. Esa capacidad institucional superior está llevando a que con la justicia penal esté pasando lo mismo que con la tutela.

Contra lo que dicen los pesimistas, si se compara el régimen de lucha contra la criminalidad que existe hoy –sin duda lleno de deficiencias, como lo ha denunciado el propio Fiscal General– con lo que ocurría hace veinte años, realmente la diferencia es del cielo a la tierra. Para apreciar cuánto hemos cambiado, solo basta con ver un par de capítulos de la serie sobre Pablo Escobar. Los ciudadanos hoy observan que el delito tiene consecuencias. Los delincuentes –hasta los más poderosos– ahora sí terminan en la cárcel.

Pero es precisamente esta percepción de eficacia y capacidad punitiva la que está generando un fenómeno que puede ser muy peligroso. Me refiero a la criminalización de la vida colectiva. Los problemas normales e inevitables entre los ciudadanos se están desplazando aceleradamente de las instancias naturales de resolución al espacio de lo penal.

Ante el fracaso e ineficiencia de las vías administrativas, de la jurisdicción civil y laboral, por ejemplo, los conflictos se deslizan hacia la justicia penal, donde los agraviados sienten que pueden obtener reparación y justicia. En vez de instaurar un juicio ejecutivo se demanda por fraude; en vez de acudir a la Cámara de Comercio se denuncia por falsedad; en vez de reconocer que uno hizo un mal negocio se acusa a la contraparte de criminal…

Las autoridades están, sin proponérselo, avivando el fenómeno. Si no se denuncia en lo penal, no se es suficientemente severo. Si no se amenaza con mandar a la gente a la cárcel, se es pusilánime. Esto ha hecho que el problema crezca exponencialmente. Así como vamos todos los colombianos –sin excepción–, terminaremos denunciados como criminales y la justicia penal, paralizada por una avalancha incontenible de procesos innecesarios.

Díctum. Cuenta El Universal que un cartagenero mató a su abuela a mordiscos. No sé por qué el hecho me recordó a algunos conocidos protagonistas de la política colombiana.

Gabriel Silva Luján

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