Dos semanas después de que el general (r.) Mauricio Santoyo fuera condenado a 13 años de cárcel en EE. UU. -pena reducible a menos de 10 años-, por ayudar a 'paras' y a la 'Oficina de Envigado', en Colombia enfilan baterías para que venga a responder por otros crímenes.
Representantes de víctimas aseguran que tienen como demostrar la relación del oficial con grupos ilegales antes de octubre del 2001, cuando EE. UU. comenzó a investigarlo. Además, buscan conectarlo con crímenes de mediados de la década de 1990.
EL TIEMPO estableció que ya le pidieron a la Fiscalía que llame a declarar a los exjefes 'paras' Salvatore Mancuso, Juan Carlos Sierra, el 'Tuso', y Diego Murillo, 'Don Berna', quienes han mencionado nombres propios de oficiales aliados, entre ellos el de Santoyo. De él dicen que recibió pagos millonarios por información clasificada. La intención es que especifiquen desde cuándo existe la alianza.
Y si bien se ha dicho que parte del trato con la Justicia de EE. UU. es que el General (r.) pueda permanecer allá con su familia tras purgar su condena, al estilo de capos que entregaron socios y rutas de narcotráfico, ahora hay un sector de la DEA que no comulga con esa idea y busca devolver a los exconvictos. También, el presidente Juan Manuel Santos ha pedido que la Fiscalía y la Procuraduría busquen el retorno de Santoyo.
La Fiscalía halló nueve expedientes contra el General: seis prescribieron o se archivaron y tres, por enriquecimiento ilícito, desaparición y retención ilegal, acaban de pasar a la Corte Suprema.
Lo que digan los 'exparas' sería crucial en el caso por la desaparición de los activistas de Asfaddes Claudia Monsalve y Ángel Quintero, en octubre de 2000, que estaría conectada con más de 1.800 'chuzadas' ilegales desde 1997 a teléfonos de organismos de derechos humanos y sindicalistas.
Si se comprueba la participación de Santoyo. serían hasta 30 años de cárcel, sin rebaja, por ser crimen de lesa humanidad.
"Ángel había denunciado que en la matanza de los allegados a su esposa Libia Úsuga -familiar de varios guerrilleros de las Farc- tuvo que ver el Gaula. Un día después interceptaron su teléfono y al otro día de su desaparición la desinterceptaron", asegura alguien cercano a Quintero.
Los testimonios se unirían a las 15 pruebas que ya pidió la Fiscalía y que, según conoció este diario, son declaraciones de policías que estuvieron con Santoyo en el Gaula (1996 a 1999), el Cuerpo Elite (2000 a 2002) y en la seguridad del presidente Álvaro Uribe (2002 a 2006).
Un penalista asesor de la familia Santoyo en el país aseguró que solo se han notificado del proceso que se le sigue al General (r. ) por enriquecimiento ilícito y que, hasta que EL TIEMPO le preguntó, no sabía de los otros dos casos.
Añadió que los bienes de los Santoyo han sido sobredimensionados -autoridades hablan de entre 1,3 y 5 millones de dólares- y que solo han sido ocupados seis para extinción de dominio. "Ahí está la fábrica de panela, que no es, como dicen, de alta tecnología, sino una planta donde trabajan de forma artesanal", dijo.
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