El inquietante Petro

El inquietante Petro

19 de diciembre 2012 , 11:40 p. m.

No deberían sorprender, ni a la dirigencia política ni a la comunidad en general, los cambios que procura introducir el alcalde en la Administración Distrital.

Este hombre ha demostrado públicamente, desde el Congreso, sus inquietudes y compromisos con el uso y manejo de lo público y con el marco jurídico que lo rige. Fueron  planteadas en su programa de gobierno y en su plan de desarrollo, para el período constitucional para el cual fue elegido. Se le ve decidido a cumplirlo, aunque no es fácil,  pero sin duda les conviene a las mayorías bogotanas, incluidos sus detractores.
Tiene enemigos poderosos. Por sus investigaciones y denuncias, algunos oportunistas y usufructuarios del poder distrital han tenido que responder, responden o responderán ante la justicia, y corren el riesgo de salir mal librados.

Muchos  de sus críticos de ayer y de hoy no fueron capaces de denunciar y desnudar los hechos delictuosos ocurridos en anteriores administraciones, a pesar de la gravedad y el daño infligido a la sociedad bogotana, como hoy se evidencia. No lo hicieron por irresponsabilidad política y social o conveniencia calculada.

El Distrito Capital ha sido objeto de protuberantes deficiencias administrativas, operativas y de planificación del desarrollo urbano, desde siempre. Las consecuencias están presentes, y revertirlas o corregirlas demanda grandes inversiones y tiempo de análisis, planificación y ejecución. No son imputables al actual alcalde, aunque mediante argucias, desinformación y argumentación irresponsable pretendan mostrarlo responsable. Es irresponsable pretender hacerle balance, antes de un año de gobierno, máxime cuando recibió una administración dominada por el caos y  la corrupción, en todos los sectores.
 
Los  problemas de movilidad, en principio, obedecen a la deficiente  infraestructura vial, pero fundamentalmente a problemas de imprevisión del desarrollo urbano e ineficiente inversión en el sector. Si los gobernantes distritales hubieran tenido en cuenta las orientaciones y recomendaciones de Le Corbusier, sobre el desarrollo de la ciudad,  hechas a mediados del siglo pasado, la construcción y ampliación de rutas vehiculares hoy serían mucho menos traumáticas y costosas. Igual  sucede con  el crítico manejo de aguas lluvias y sus correspondientes drenajes, el tratamiento de aguas residuales, el espacio público y la planificación técnico-socioeconómica del desarrollo urbano a  mediano y largo plazo.
Toda la problemática de movilidad es ampliamente imputable a deficiente y miope planeación del desarrollo urbano y uso del suelo, previstos solo a corto plazo. Debe tenerse en cuenta que, con las tendencias del uso de transporte particular y las dinámicas del mercado de vehículos, Bogotá debería agregar anualmente, mínimo, 500 kilómetros de nuevas vía vehiculares, para al menos no agudizar más el problema de movilidad. Es factor fundamental del problema. Son aristas del problema de la movilidad urbana y no se generaron ayer. 
Los contratos de operación y recaudo del sistema Transmilenio fueron suscritos por anteriores administraciones. Legalmente no se pueden desmontar de un tajo. Están protegidos por el ordenamiento legal vigente, y al alcalde le obliga.
Es conveniente que los enemigos y críticos del Alcalde analicen los criterios y términos de las contrataciones del SITP. Contrarios al interés ciudadano y distrital. Vale recordarlo. Por cada pasaje, el Distrito recibe 5,73% y el operador contratista privado, 71,10%; el concesionario de recaudo, 9,0 y los operadores de los alimentadores, 14,13. Es imperativo revisarlo y re-estructurarlo. Los derechos de más de 8 millones de bogotanos deben prevalecer sobre los intereses de unos pocos contratistas y comerciantes. Es  problema heredado, no fácil de resolver, igual que la unificación de tarjetas.
La implementación y consolidación del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) es un imperativo ambiental, social y cultural. Es de amplio uso en países desarrollados. Genera  más de 10.000 puestos de trabajo permanentes. Puede reducir el manejo de residuos, en el relleno sanitario, de 6.000 a 2.000 toneladas diarias. Es un proceso que requiere educación ciudadana, consolidación de destrezas y habilidades de operarios y administrativos, y tiempo para perfeccionarse y consolidarse.
El uso intensivo de cemento en la pavimentación de las rutas de Transmilenio riñe con el sentido de austeridad, estabilidad y seguridad;  la inversión en infraestructura vial. Lo que ocurre con las losas de rutas de Transmilenio es una afrenta para la ingeniería y manifiesta irresponsabilidad técnico-administrativa de anteriores administraciones. Igual  sucede  con los sectores  salud, educación, recreación, etc. Recuperarlos demanda tiempo y responsabilidad.

Son reflexiones que deberían hacer el procurador Ordóñez, el contralor distrital, el personero, sobre la problemática de la Administración distrital. Tienen el deber legal de defender el interés general, sin sesgos dogmáticos.  Bogotá exige cambios administrativos profundos, en los que prevalezca el interés general y la equidad social.

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