Durante todo el día, en jornadas horas interrumpidas, la Fiscalía sustentó la petición por la presunta participación del excongresista en los hechos que el pasado 30 de abril, un día antes de las elecciones atípicas para Gobernación del Valle, llevaron a la detención de seis personas.
Según las autoridades se pretendía alterar los resultados de las elecciones. A Martínez se le imputan los cargos de tentativa de fraude electoral y cohecho para dar u ofrecer.
El defensor de Martínez, Alfredo Montenegro, dijo que el caso está tomando otro viraje teniendo en cuenta que hay un precedente de un juez de garantías que ha señalado que la medida de aseguramiento por fraude electoral no procede ya que por la tentativa de ese delito no da, y solo se impone por el delito de cohecho.
"No existe pruebas o evidencias de que Martínez haya ofrecido dinero por esta situación, antes por el contrario la única prueba que existe de la Fiscalía es una interceptación en la que Martínez los trata de ladrones y políticos a los funcionarios que le fueron a proponer esa situación", dijo el abogado defensor.
"Él no aceptó ningún trato y luego no se puede predicar en su contra la conducta de cohecho como lo señala la Fiscalía", dijo Montenegro.
Durante la audiencia el abogado defensor insistió que la sala de computo que había en un hotel no tenía otro propósito de hacer un monitoreo de cómo avanzaba el conteo en los 42 municipios.
Ante la eventualidad de que se dictara la medida Montenegro anunció que solicitaría que el aseguramiento se cumpla en la casa del exsenador, por su condición de cabeza de hogar ante el fallecimiento de su esposa.
