Las decisiones que constitucionalmente les competen a las entidades territoriales han sido trasladadas al Gobierno nacional, debilitando la autonomía de las regiones, uno de los grandes logros de la Constitución del 91.
Las inversiones financiadas con las regalías, además del raponazo sufrido, se han convertido en un calvario para que sean aprobadas. Las agendas sociales de las entidades productoras están supeditadas a los cronogramas ministeriales, a los criterios del Gobierno nacional, que no consultan las realidades territoriales.
El voto programático ha sido vulnerado y el período de gobierno se recortó en la práctica en un año.
En el Meta, que lideró a nivel nacional la aprobación de proyectos en los odiosos OCAD, no se pudo iniciar la ejecución de los recursos por las trabas y postergaciones del Gobierno nacional, lo cual va en detrimento de los derechos de la gente.
Y el presidente Santos se quiere reelegir, pero no veo argumentos para su campaña en la Orinoquia, la región más golpeada por este gobierno.
Aquí la campaña va a ser reñida y parece que a Santos no le interesan nuestros votos.
ÁLVARO URREA PIÑEROS
Experto en Planeación; alvarourreap@yahoo.com
Centralización y reelección / Opinión
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