El abogado que cobra sin que lo necesiten

El abogado que cobra sin que lo necesiten

Hace que vecinos de El Portal firmen un poder para cobrar luego el 20% de indemnización.

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13 de diciembre 2012 , 08:56 p. m.

El pasado 3 de noviembre, el Consejo de Estado falló una acción de grupo que le ordena al Distrito pagar una indemnización de 227.000 millones de pesos a unos 1.500 afectados por un deslizamiento que se presentó en el relleno Doña Juana en 1997.

Aunque el pago de las indemnizaciones no ha empezado, porque el Distrito interpuso una reposición, habitantes de El Portal, localidad de Rafael Uribe Uribe, denunciaron que el abogado Luis Hernando Velásquez Bravo está pidiendo a la gente que reclamará, la firma de un poder de representación, cuando esta no es necesaria.

EL TIEMPO halló que en el poder se especifica que Velásquez Bravo tendrá derecho a cobrar el 20 por ciento de la indemnización que corresponda a cada persona que firme.

Pero, según la Defensoría del Pueblo, ninguna de las personas que tienen derecho al resarcimiento económico necesita ser representada por abogados, distintos de los que actuaron como apoderados durante el proceso. Quienes crean que pueden ser incluidos como afectados deben presentarse en la Defensoría, entregar copia de la cédula y documentos que demuestren que vivían, trabajaban o estudiaban -entre el 27 de septiembre y el 31 de diciembre de 1997- en la zona afectada.

Samuel Barón, presidente de la junta de acción comunal de El Portal, invita a la gente a firmarle el poder a Velásquez Bravo. De hecho, Barón recibe el documento firmado y autenticado -con los papeles para la Defensoría- y después se los entrega al abogado.

Uno de los documentos exigidos es la constancia de haber vivido en la zona afectada, y la junta de acción comunal está expidiendo cientos de esas constancias y cobra 2.000 pesos por cada una.

"Conozco el fallo. Al abogado le dije: 'No se le puede cobrar a la gente', pero como yo ya no podía darle vuelta porque la información se había esparcido y la gente las tenía (copias del poder), entonces todo siguió así", dijo Barón.

Si bien Velásquez Bravo y Barón no incurren en ningún delito, es evidente que se aprovechan del desconocimiento de los vecinos para cobrarles por algo que la Defensoría tramita gratuitamente.

Entre tanto, para que la sentencia se ejecute, el Consejo de Estado debe pronunciarse de nuevo. Cuando esto suceda, el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, de la Defensoría, será el encargado de tramitar y entregar los dineros a quienes les correspondan.

REDACCIÓN BOGOTÁ

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