Impotencia

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13 de diciembre 2012 , 06:03 p. m.

A pesar de que un colega afirma categóricamente en este mismo diario que las autoridades están capacitadas para combatir y controlar las actividades y bandas criminales en todo el país, los resultados no son tan evidentes. El Estado colombiano parece ser incapaz de controlar la minería ilegal, otra manifestación del poder de las mafias que le compiten con bastante éxito en el territorio nacional y que a nivel regional son capaces de desplegar fuerza, capacidad de respuesta armada y apoyo comunitario que superan a los de la Fuerza Pública.

Esta es una alarmante señal de que el Gobierno no tiene potencia para reprimir la minería ilegal y someter a quienes desarrollan esa actividad. Por ese motivo tiene que recurrir a herramientas que no parecen ser muy efectivas para obstaculizar y encarecer por otros medios esa actividad, como es por ejemplo el Decreto 2261 del 2012, recientemente expedido para impedir la importación de buldóceres, palas, cucharas, pinzas y dragas, maquinaria que se utilizan en la minería ilegal, pero que también se necesitan para la construcción y la agricultura.

El decreto establece que esta maquinaria estará sujeta al régimen de licencia previa y se les exigirá a los importadores señalar explícitamente el uso que se le va a dar a la maquinaria que se va a importar y acreditar que son comerciantes honorables y que están a paz y salvo con la Dian.

Prácticamente se prohíbe la importación de maquinaria usada en las clasificaciones arancelarias correspondientes a palas, buldóceres, dragas y sus componentes y se señala que esa maquinaria solamente puede ser importada por ciertos puertos, en los que se presume que funcionan mejor las aduanas.

Se exige, además, que la maquinaria que se importe cuente con un sistema de posicionamiento global, que apenas podrá ser transportada en ciertas vías y debe contar con una guía para transitar por los puntos de control en las vías designadas y en los horarios establecidos.

A los mineros ilegales no les va a costar trabajo encontrar importadores que no tengan récord judicial y puedan acreditar su actividad comercial. Hay muchísimas personas y empresas que cumplen con esos requisitos y pueden declarar que destinarán la maquinaria para actividades legítimas. Pero, ¿qué dice un importador tradicional de maquinaria que va a hacer con la que importa y cómo va a controlar a quién se la vende?

La maquinaria nueva vale entre tres y cinco veces más que la usada. Al prohibir la importación de maquinaria usada se les elevan los costos a los mineros ilegales y se aumentan las ventas de maquinaria nueva, pero también se les imponen grandes costos adicionales a los constructores y a los agricultores, afectando su desempeño y su productividad.

El señalamiento de vías para el transporte de la maquinaria y de puertos para su ingreso, así como los horarios en los que se permite su tránsito no hace sino indicar por cuáles vías y a qué horas no debe transitar la maquinaria destinada a fines ilícitos. Los GPS los desconectan los mineros ilegales apenas adquieren la maquinaria y obtienen el Runt.

Este tipo de medidas encarece y obstaculiza las actividades económicas lícitas, sin tener mayor impacto sobre las ilícitas. Afectan negativamente a los constructores y a los agricultores, promueven el contrabando de maquinaria nueva y usada, hacen más sofisticados a los mineros ilegales, aumentan el campo de acción de las mafias mediante la creación de nuevas oportunidades para corromper e infiltrar a entidades del Estado y dejan una constancia escrita de que no se cuenta con autoridad.
Lo que no hace la Fuerza Pública no se puede alcanzar con decretos de comercio exterior.

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