'Reforma al fuero militar abre ventanas enormes a la impunidad': HRW

'Reforma al fuero militar abre ventanas enormes a la impunidad': HRW

José Miguel Vivanco explica por qué se opone a la enmienda que esta semana se discutirá en Congreso.

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09 de diciembre 2012 , 10:58 p.m.

Este martes, en la plenaria del Senado se votará, en último debate, la polémica reforma del fuero militar. Y aunque luego el texto tendrá que ir a conciliación con la Cámara, esta iniciativa de enmienda constitucional quedaría aprobada antes de que finalice la semana.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG Human Rights Watch y quien se reunió con las más altas autoridades del país la semana pasada, es uno de sus mayores detractores. EL TIEMPO conversó con él, y estos son sus argumentos.

El Gobierno colombiano excluyó siete delitos graves contra los Derechos Humanos del marco de la justicia penal militar, como genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura… ¿Por qué se sigue oponiendo a esta reforma?

Por tres razones. Porque Colombia da un giro de 180 grados al poner todas las violaciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de las FF. AA., salvo esas siete excepciones, en manos de la justicia penal militar; porque esa lista de siete excepciones está evidentemente incompleta y porque en ella se incorporan al menos dos figuras delictivas que no están tipificadas penalmente en Colombia y por tanto, técnicamente no constituyen delitos.

¿Por qué dice que la lista es incompleta?

Porque una larga lista de delitos atroces, como mutilaciones, lesiones graves, tratos crueles, inhumanos y degradantes (que es distinto a tortura) y detenciones arbitrarias, para mencionar solo algunos ejemplos, pasarán directamente a la justicia penal militar. Y ni hablar de lo que puede pasar con los ‘falsos positivos’.

¿Por qué tanto temor de que queden impunes los ‘falsos positivos’ si el Gobierno excluyó del fuero militar a las ejecuciones extrajudiciales?

Porque las ejecuciones extrajudiciales no son un delito en Colombia, como tampoco la violencia sexual: ninguna de las dos son figuras penales en Colombia. Así que si el Gobierno quiere asegurarse de que los abogados que representan a los militares acusados de ‘falsos positivos’ no exijan que sus causas sean trasladadas de inmediato a la justicia penal militar, sería necesario incorporar a la lista las dos figuras que hoy utiliza la Fiscalía para investigar estos casos: el homicidio agravado y el homicidio en persona protegida. De lo contrario, el fiscal no tendrá argumento jurídico sólido para impedir el traslado de estas causas. Y hablamos de una modificación constitucional. ¿Puede ir un Fiscal contra la Constitución?

Pero el Gobierno promete una ley estatutaria para reglamentar estos conceptos y garantizar que no habrá impunidad…

Eso es un sofisma jurídico. Porque una ley estatutaria exige un trámite en las dos cámaras del Congreso y un control de constitucionalidad, lo que tomaría al menos un par de años. Y esta reforma constitucional dice explícitamente que entrará en vigencia a partir de su promulgación. Además, esta no es una solución, porque se estaría legislando hacia futuro y no afectaría el trámite actual de los delitos, porque legalmente uno no puede retipificar una conducta a posteriori.

¿Por qué se opone al fuero militar, si es una figura ampliamente utilizada en el mundo, incluso en Estados Unidos?

La posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que coincide con la posición de la Corte Constitucional de Colombia desde 1997, pero que además, ha sido la regla hasta el día de hoy en Colombia, es que todas las violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de las FF.AA. deben ir siempre a manos de la justicia ordinaria, porque no tienen nada que ver con cosas propias del servicio.

¿Por qué el fuero militar es ‘bueno’ en Estados Unidos y no aquí?

Hay diferencias importantes que garantizan cierta imparcialidad. Allá tanto los jueces como los fiscales son una rama absolutamente independiente del mando. Es decir, su futuro profesional no depende que sus actuaciones o fallos estén de acuerdo con los intereses de sus superiores jerárquicos. De hecho, es tal la debilidad y las falencias de la justicia penal militar colombiana, que el Gobierno no solo no lo discute, sino que está anunciando una inversión de 20 millones de dólares para restructurarla y modernizarla, porque es consciente de que hoy no ofrece garantías suficientes de independencia, credibilidad y rigor.

Uno de los argumentos de los defensores de la reforma en curso es que la justicia ordinaria no está capacitada para evaluar muchas situaciones propias de la guerra. ¿Qué piensa de eso?

Ese es otro argumento sin mayor sustento, porque entonces los médicos, por el alto grado de conocimientos científicos que exige su oficio, podrían solicitar tribunales propios en caso de generarle la muerte a un paciente a partir de un error profesional. Para eso están los peritos.

No son pocos los militares juzgados con testimonios falsos. El Ministro de Defensa le envió una carta donde relata el caso de unos militares condenados por haber actuado en ‘superioridad numérica’...

Cuando estuve con el Ministro de Defensa y la cúpula militar, pedí copia de las sentencias que menciona la carta para ejemplificar lo que el Ministro llama “la alarmante situación de militares condenados por bajas ocurridas en combate”. Hasta ahora, no me han llegado. Sin embargo, hemos revisado dos de los tres casos que él cita y mas bien se trata de excelentes ejemplos de asesinatos a sangre fría fuera de combate—es decir falsos positivos— cuyas condenas fueron ratificadas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. Uno de estos casos de falsos positivos es justamente el que usted menciona sobre una supuesta condena por actuar en “superioridad numérica”. Invito a los lectores de EL TIEMPO a verificar por si mismos los procesos de la Sala de Casación 35230 y 35889 y a que comprueben lo que digo.

¿Pero los otros ejemplos de injusticias contra militares que le hizo llegar el Ministro no le dicen nada?

Lo que me dice es que el gobierno está intentando justificar una reforma constitucional para ampliar el fuero militar con tres casos, dos de los cuales serían ejemplos evidentes de falsos positivos con sentencias de la Corte Suprema. Aun no hemos encontrado el tercer caso—de un Tribunal de Valledupar—pero el ministro Pinzón debería revelar esta información antes de que se modifiquen radicalmente las reglas del juego y se les otorgue a los militares una licencia para matar sin rendir cuentas a nadie.

¿Para usted la justicia penal militar es igual a impunidad?

Su récord no deja dudas. Hasta el momento la regla es la impunidad total frente a violaciones de derechos humanos.

¿En qué sustenta esa afirmación?

En decenas y decenas de casos. Solo un ejemplo: el caso Lalinde, un estudiante que fue objeto de una evidente ejecución extrajudicial, pero donde la jurisdicción militar, porfiadamente, sostuvo durante años que fue una muerte en combate, hasta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano. Hay numerosas masacres y ‘falsos positivos’ que cayeron en manos de la justicia militar y jamás se avanzó en las investigaciones.

¿HRW reconoce los avances de Colombia en general, y de las Fuerzas Armadas en particular, en materia de defensa de los Derechos Humanos?

Si. De hecho, si utilizamos como termómetro los ‘falsos positivos’ vemos que entre 2002 y 2008 se produce una avalancha de casos, alrededor de 1.500, y con casi 3.000 víctimas. Casos que para la Corte Penal Internacional, en su reciente pronunciamiento, no fueron delitos aislados, sino una práctica sistemática. Pero dicho esto, debo subrayar que desde el 2009 hasta la fecha, la Fiscalía solo ha abierto 22 casos. Y este año, cero. Este es sin duda un indicador importante. Entonces, ¿qué justifica cambiar un esquema que está funcionando bien?

¿Cuál es su temor, en concreto?

Que al desaparecer los controles, y concretamente los que ejerce hoy la Fiscalía, se incrementen los abusos de todo tipo y que no haya posibilidad de que las víctimas tengan derecho a que se les escuche ni investigaciones efectivas para castigar a los responsables. Y creo que eso no está en el mejor interés ni de Colombia ni de sus Fuerzas Armadas.

¿Está claro para HRW que el Gobierno de Colombia no busca la impunidad de aquellos militares que violan los derechos humanos ni desconocer los derechos de las víctimas?

Es claro que el discurso del actual Gobierno es que ellos no están por la impunidad, pero creo que tal y como está redactada esta reforma constitucional las ventanas que se están abriendo a la impunidad son enormes.

¿Por qué dice eso?

Porque si la reforma es aprobada, cuando se produzca una operación militar con bajas o detenidos solo nos enteraremos por un boletín del Ejército. Y solo la Justicia Penal Militar, ninguna otra autoridad, deberá determinar si se produjo algún tipo de infracción al Derecho Internacional Humanitario en el curso de esa operación. Cierto es que cuando hayan dudas podrá intervenir una comisión mixta, pero la pregunta es obvia: ¿si no hay conocimiento directo cómo surgirá la duda?

¿Qué responde a quienes le acusan de estar interviniendo en política doméstica y de amenazar al país sistemáticamente con una pérdida de la ayuda militar estadounidense o con la Corte Penal Internacional para que se haga lo que ustedes creen conveniente?

Estas descalificaciones son usuales, y no solo en Colombia, cuando no se entiende que encubrir abusos y violaciones a los derechos humanos va en contra de los intereses del país, de su legislación interna y de la normativa internacional. Y cuando se recurre al argumento de que la soberanía nacional está por encima de estos valores universales se está recurriendo a los mismos argumentos que emplean Chávez o el gobierno cubano. Y esa no solo no es ni la doctrina ni la práctica de Colombia, sino que insistir en ello puedo traer consecuencias.

¿Después de conversar con tantas autoridades la semana pasada, Presidente incluido, se va más tranquilo de Colombia?

Me voy con gran preocupación, porque si bien muchos de mis interlocutores de alto nivel admiten en privado los riesgos que supone esta reforma, el proyecto sigue avanzando. Ojalá que esta semana en el Congreso exista un debate amplio en el que se puedan exhibir todas estas preocupaciones y se corrija el rumbo.

¿Cuál es la mejor forma de proteger a nuestros hombres de las FF.AA. de demandas y procesos judiciales injustos?

Creo que el mejor esquema es el colombiano. Y los resultados, como ya expliqué, lo demuestran. Nadie puede ser condenado por un delito que no cometió. En eso estamos de acuerdo. Una buena opción es crear en la Fiscalía una unidad especializada en Derecho Internacional Humanitario para verificar las situaciones rápida y profesionalmente, y también para evitar errores. Pero retrotraer las reglas y confiar todo a la autorregulación de los militares, que pasan a ser ‘juez y parte’, me parece una perfecta receta para el retroceso en derechos humanos y para la impunidad.

La reforma al fuero, en frases

“Creo que las reglas actuales han tenido un impacto tremendamente positivo en la conducta y en la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Y que es muy peligroso cambiarlas”.

“La gran perdedora de toda esta operación es la Fiscalía. Porque la intervención de ese poder autónomo, tercero e independiente, va a desaparecer”.

VÍCTOR MANUEL VARGAS SILVA
Editor de Domingo

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