No digamos más mentiras, por favor

No digamos más mentiras, por favor

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04 de diciembre 2012 , 10:15 a. m.

El triste final de la reelección del Procurador es una de las demostraciones, no de lo milagrosa que es la Virgen, sino de la podredumbre de nuestro sistema democrático: de la carencia de partidos políticos, de la separación de los tres poderes del Estado y de la falta de respeto que se tiene por los derechos humanos.
Queda demostrado, esta vez ad náuseam (sí, hasta producirnos náusea), que a nuestros políticos les importa un pepino lo que la gente piensa, que solo se representan a sí mismos y solo defienden sus propios intereses. La votación por la reelección del Procurador se hizo en contra de todo buen juicio y en contra de la información que muestra a una persona que quema libros de joven y de viejo antepone sus credos religiosos por encima de los principios de un estado laico y de derecho.

Si es cierto lo que tanto se ha dicho sobre el desequilibrio ideológico del candidato, ¿por qué la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal para el derecho civil, penal y laboral, lo propuso? Varios comentaristas mencionaron intrincados vínculos. Finalmente, ¿son confiables las altas cortes cuando se duda de sus altos salarios y sus 'carruseles' de nombramientos para garantizar altas sumas en los retiros. La justicia está en entredicho, y solo un Procurador impoluto podría investigarla.

Si las críticas contra el Procurador son ciertas, ¿por qué los senadores lo reeligieron? Las suspicacias se refieren a que el cuarenta por ciento de los integrantes de la Cámara Alta se declararon impedidos para votar, unos por tener parientes contratados en la Procuraduría, otros por estar investigados por ella. Claro, el impedimento para votar no fue aceptado. Igualmente, ningún senador le negaría el voto a un candidato que tiene una maquinaria arrolladora para ser elegido y después lo puede investigar cuando sea procurador. Paradoja que hace que el posible acusado elige a su acusador.

Igualmente, el Ejecutivo, que debe incluir un candidato en la terna, dijo que la Corte Suprema se le había adelantado al proponer a Ordóñez. Si es así, ¿por qué propone a otra candidata y la deja sola a su suerte, sin garantías? ¿Por qué no movió en este caso las influencias que siempre usa cuando se trata de otros intereses? ¿La presidencia también le teme a Ordóñez?

Nuestros líderes no creen en las leyes y la justicia y la elección del Procurador nos lo muestra. Pero también lo demostró el Presidente de la República cuando se lanzó a manifestar que no aceptaba el fallo pronunciado por una corte internacional. En nuestro país se ha vuelto un hábito hablar del respeto a la justicia y desconocer sus fallos, aduciendo ineficiencia y amaño. Esa gambeta al principio jurídico lo apoyaron muchos, entre ellos la Cámara de Representantes, que es la que hace las leyes. Uno se puede preguntar para qué hacen leyes si después dicen que no se deben cumplir las sentencias.

Y para razonar lo irrazonable, Fernando Carrillo, quien fue constituyente, ex y ministro de Justicia, con varios títulos, justifica al Presidente cuando dijo que no se aplicaría el fallo de La Haya hasta tanto no se restablecieran y garantizaran los derechos de los colombianos. Y, en frase totalmente demagógica, el Ministro dice que el Presidente tiene razón, pues "aquí lo que nos importan son los derechos de los raizales".

Vaya giro de hipocresía. Los habitantes de las islas sienten que el centro de Colombia siempre los ha tratado como ciudadanos de segunda. Allá tienen una larga historia de quejas. Tanto, que a veces han temido o amenazado volverse nicaragüenses o norteamericanos. Las islas han sido víctimas del contrabando, del tráfico de drogas, del turismo contaminante y sitio de ocupación de narcos. ¿Ahora van a defender sus intereses? Tarde piace, como dicen los italianos.

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