Este martes, la Procuraduría General de la Nación destituyó al gobernador de Casanare, Nelson Mariño, por irregularidades en la contratación de un millonario convenio con la caja de compensación de Casanare (Comfacasanare) para prestar el servicio de restaurante en los colegios del departamento. El funcionario fue inhabilitado por 14 años.
El fallo disciplinario fue leído por la Procuradora Segunda para la Contratación Estatal, quien calificó la falta del gobernador Mariño como "grave".
El gobernador Mariño contrató el suministro de 7 mil almuerzos para niños de las instituciones educativas a cargo del departamento incumpliendo la Ley de Contratación.
El contrató se suscribió con la caja de compensación por un costo de 17 mil millones de pesos para suministrar los almuerzos a 62.895 estudiantes, pero luego la caja de compensación subcontrató con una unión temporal por 16.694 millones. El Ministerio Público estableció que el contrato no reunía los requisitos para ofrecer estos servicios y terminó subcontratando.
El Gobernador se empeñó en suscribir un convenio de cooperación con Comfacasanare para eludir una licitación pública.
Esta operación, a juicio de la Procuraduría, generó un detrimento patrimonial por 1.200 millones de pesos. Esos recursos provenían de las regalías petroleras.
Mariño, quien apeló la decisión, es el segundo gobernador de Casanare destituido. En 2011 fue sancionado Óscar Raúl Flórez.
Con este, es el tercer gobernador destituido este año por la Procuraduría. Los otros dos mandatarios seccionales destituidos este año por la Procuraduría son Cielo González, del Huila, y Fabio Useche, del Valle.
Según el Director de Comfacasanare y Presidente del Consejo Directivo de la Federación Nacional de Cajas de Compensación de Colombia – Fedecajas, Gustavo E. Ayala Leal, las Cajas de Compensación sí están habilitadas para la ejecución de diferentes programas, de acuerdo a la ley 789 de 2002 y rechaza enfáticamente que se trate de decir que las Cajas no son idóneas para desarrollar este tipo de programas, como lo sostiene la Procuraduría.
“Las Cajas de Compensación son entidades privadas sin ánimo de lucro por tanto no reciben ningún tipo de utilidad y son coadyudantes para el bienestar social de las comunidades más pobres de Colombia”, enfatizó Ayala Leal en una comunicación enviada a ELTIEMPO.COM.
REDACCIÓN JUSTICIA