Legalidad y política exterior

Legalidad y política exterior

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27 de noviembre 2012 , 05:30 p. m.

El hecho (insólito) de que Colombia esté debatiendo el desacato de un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resulta comprensible si se tiene en consideración el peso que dejaron en la política interna e internacional los ocho años del gobierno de Uribe. La impronta de ese doble mandato se puede resumir en la tendencia de ciertos sectores claves e influyentes de manipular la aquiescencia al derecho y normalizar el recurso a la fuerza. Su expresión preponderante en el ámbito de la política exterior no ha sido suficientemente debatida, cuestionada o impugnada.

Los ejemplos fueron muchos. En enero del 2005 se produjo una crisis diplomática con Caracas al llevarse a cabo, en territorio venezolano, el secuestro de Rodrigo Granda, el entonces presunto 'canciller' de las Farc y hoy negociador en el diálogo de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y ese grupo guerrillero. Gracias a la gestión discreta y positiva de Cuba y Brasil, en particular, se evitó el escalamiento de la situación. En marzo del 2008, fuerzas militares y policiales de Colombia incursionaron en Sucumbíos (Ecuador), sin el consentimiento de Quito, para dar de baja a 'Raúl Reyes', miembro del secretariado de las Farc. En ambos casos se produjo, a la luz del derecho internacional vigente, una violación de la soberanía nacional de los vecinos. Sin embargo, por entonces, el clima de fervor y polarización en Colombia impidió un debate que midiera las implicaciones de estos hechos para la tradición legalista del país en los asuntos internacionales.

A todo esto hay que agregar las tensiones recurrentes de diverso tipo con varios vecinos producto, en parte, de la realpolik en versión colombiana. Por ejemplo, el tema de las fumigaciones de cultivos ilícitos más allá de las fronteras del país y que no pareció preocupar mucho a Bogotá llevó a que Ecuador presentara, en el 2008, una demanda contra Colombia ante la CIJ; caso que sigue abierto y que habría que evaluar cómo se está manejando política y jurídicamente. De otra parte, ante las prepotentes presiones del presidente Uribe para construir una carretera en el Darién, vastos sectores en Panamá se manifestaron contra lo que consideraban un desastre ambiental anunciado.

En el ámbito de los derechos humanos fue el espacio en el que el desdén oficial ante la legalidad internacional se hizo más evidente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desde 1985 ha producido 11 fallos condenatorios contra Colombia y tiene otros 50 admitidos, tuvo el mayor y más representativo número de sentencias (La Rochela, Mapiripán, Puerto Bello, etc.) durante el doble mandato de Uribe. El país debió pagar unos 24 millones de dólares por esos fallos. Al repasar los periódicos desde noviembre del 2002, cuando se produce el primer caso durante el gobierno de Uribe, hasta la actualidad, se evidencia que el tema de principal preocupación es el monto por pagar por las condenas y la poca preparación de la defensa jurídica del país. El centro del debate no reside en las causas de las condenas ni los mecanismos para resolver el grave problema de los derechos humanos. Por esto también desde diversos ámbitos interestatales y no gubernamentales se criticó con severidad la violación del derecho internacional humanitario en el país, tanto por parte del Estado como de los actores armados.

El impacto profundo de esta suerte de subcultura antijurídica y pro fuerza legitimada durante los gobiernos de Uribe permiten explicar la incomprensible postura a favor del desacato de un fallo de la CIJ. Colombia tuvo una tradición legalista en política exterior, pero esta tradición terminó en esos gobiernos. Le cabe al presidente Santos recuperarla y hacer del país un protagonista responsable y relevante de la política mundial contemporánea.

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