'Siempre creímos que la Corte fallaba apegada a las normas': Canciller

'Siempre creímos que la Corte fallaba apegada a las normas': Canciller

María Ángela Holguín envía cartas a la ONU y la OEA para rechazar partes del fallo.

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24 de noviembre 2012 , 08:52 p.m.

Colombia anunció que "rechaza partes del fallo" que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó esta semana sobre el diferendo con Nicaragua, pero aclaró que aun cuando "no ha dicho que no lo acata", recurrirá a todos los recursos jurídicos para "probarle a la Corte que desconoció derechos que estaban contemplados en normas internacionales". (Lea: ¿Colombia debe acatar o no a la Corte Internacional de Justicia?).

La canciller, María Ángela Holguín, al hacer para EL TIEMPO esas afirmaciones, reveló que el Gobierno le acaba de dirigir una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y dirigirá una similar al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, en la que se manifiesta el "inconformismo" de Colombia, por "los vacíos jurídicos que hay en el fallo, sus omisiones e incongruencias". (Lea: Gobierno hace consultas sobre escenarios posibles).

La canciller Holguín concedió a EL TIEMPO la siguiente entrevista:

¿Por qué teme el Gobierno que Nicaragua reclame más territorio?

Nicaragua pretendió desde 1913 reivindicar soberanía sobre todo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Con ese mismo propósito, en 1980, declaró nulo unilateralmente el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 y, con la misma aspiración, demandó a Colombia en el 2001. (Lea: siete claves de la sentencia en La Haya).

En ese mismo caso, en el que inicialmente había solicitado a la Corte una delimitación marítima a través de una línea única para la zona económica exclusiva y la plataforma continental, amplió su reclamación en una réplica ante la misma CIJ, para solicitar ya no una línea única como la descrita, sino que alegó tener derecho a una plataforma continental extendida, que según Nicaragua se superpone con los espacios marinos generados por el litoral caribe colombiano.

De esta manera, Nicaragua pidió una línea al oriente del archipiélago que de hecho estaba ubicada muy dentro de las 200 millas generadas por el litoral continental colombiano, frente a Cartagena.

¿Pero logró que su reclamación fuera atendida?

No lo logró en esta ocasión, porque, en el contexto del caso, Colombia salió al paso y la Corte desestimó esa pretensión, pero el solo hecho de haberlo intentado tardíamente en el proceso ante la Corte pone de presente que Nicaragua no cesará en su empeño de intentar un reconocimiento y validación de su pretensión de plataforma extendida. (Lea: la hora feliz del presidente Ortega).

Usted habló ante el Congreso sobre la existencia de un vacío que dejó la Corte en su fallo frente a las 200 millas de Nicaragua. ¿Cuál vacío?

La Corte lo que hizo fue tomar como área relevante para la delimitación, no el área que sostuvo Nicaragua alegando plataforma continental extendida, tampoco la sostenida por Colombia, entre las islas colombianas y las islas nicaragüenses, sino la que hipotéticamente sería la zona económica exclusiva de Nicaragua, si no existiera el archipiélago, porque la mayoría de las islas y cayos del archipiélago están a distancias menores de 200 millas desde el litoral y las islas nicaragüenses.

¿En este caso, cuál fue la equivocación de la Corte?

La grave equivocación jurídica de la Corte fue recortar la zona económica exclusiva y plataforma continental de Providencia, hacia el norte y el noreste, y de San Andrés, hacia el sur y el sureste. Conforme al derecho del mar, estas islas tienen los mismos derechos que los litorales. La otra equivocación fue fraccionar el archipiélago.

Y ante semejantes equivocaciones, ¿qué hará nuestro país?

Buscaremos todos los recursos jurídicos para probarle a la Corte que desconoció derechos que estaban contemplados en las normas internacionales y desconoció pruebas contundentes que probaban nuestros derechos.

Si la Corte de La Haya es la guardiana de los tratados entre los Estados, ¿cómo interpreta que el fallo que acaba de dictar imponga el desconocimiento de los tratados de límites que Colombia tiene con Panamá, Costa Rica y Jamaica?

El estatuto de la CIJ establece que los fallos de esta solo obligan a las partes en cada litigio. En estricto derecho, dichos fallos no afectan los tratados perfeccionados conforme al derecho internacional. Los tratados suscritos por Colombia con sus vecinos en el Caribe occidental, que han sido ratificados por las partes, son perfectos y están plenamente en vigor. Sin embargo, en su sentencia, al trazar la línea de delimitación, la Corte no tuvo debidamente en cuenta los tratados con terceros países. Este es precisamente uno de los aspectos que está siendo analizado por el Gobierno.

¿Cumplir el fallo de la Corte supone para Colombia desconocer tratados de límites con terceros países?

Estamos revisando los efectos que tendría el fallo en los tratados; no pensamos incumplirlos.

Hay un tema que no está claro: los derechos de Colombia que están consagrados en el Tratado Esguerra-Bárcenas del año 28. ¿La Corte lo declaró nulo?

Por el contrario, en su Sentencia sobre Excepciones Preliminares emitida el 13 de diciembre de 2007, la Corte concluyó que el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 es un tratado válido y vigente. Este fue quizá el mayor revés histórico sufrido por Nicaragua en sus aspiraciones sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El otro es el reciente reconocimiento de la propia Corte de que Colombia tiene soberanía sobre todos y cada uno de los siete cayos del archipiélago, que pretendía Nicaragua.

Pero si lo declaró válido y vigente, ¿por qué lo desconoció?

Desconoció partes fundamentales. Por eso, el Gobierno dice que rechaza partes del fallo.

Colombia retiró su declaración de aceptación de la jurisdicción de la Corte desde 2001. No obstante, Colombia aceptó la competencia de la Corte en tratados como el Pacto de Bogotá de 1948. ¿Qué busca con la posibilidad de retirarse de este pacto?

El retiro de aceptación de la competencia de la Corte prevista en tratados no implica riesgo en sí mismo, pero hay que examinar esos diversos tratados y las diversas materias a las que se refieren para tomar decisiones sobre el particular. Esa es una labor que estamos adelantando en este preciso momento.

Pero hay internacionalistas que sostienen que no tendría ningún efecto positivo, porque no produce consecuencias retroactivas...

Pero sí a futuro.

¿La decisión de Colombia de acatar el fallo es irreversible?

En el momento, continuamos examinando todos los cursos de acción posibles. No hemos dicho que no acatamos el fallo. Somos respetuosos del derecho internacional. Somos un país que vive dentro de una comunidad y como tal somos respetuosos de ella. Mientras tanto, estamos rechazando unos apartes específicos del fallo. Queremos comprender cada una de las connotaciones que tiene ese fallo para el archipiélago, para nuestra soberanía. Ya lo estamos estudiando. Son más o menos 180 páginas, y queremos decir por qué nuestra posición.

¿Usted cree que la Corte se apartó del derecho internacional?

Le tengo que decir que en todo el estudio que se hizo de los distintos escenarios, nunca se contempló este porque siempre creímos que la Corte fallaba apegada a las normas y al derecho internacional.

¿Qué plan tiene Colombia para enfrentar la acción internacional que anuncia Nicaragua para que nuestro país cumpla el fallo?

Nosotros deploramos terriblemente la decisión de la Corte y no nos vamos a resignar a lo que ha pasado. Tenemos que rodear a San Andrés y darle tranquilidad jurídica. Teniendo en cuenta que la Corte es un órgano de las Naciones Unidas, ya le enviamos una carta al Secretario General de la ONU, y enviaremos una al Secretario General de la OEA, manifestando nuestro inconformismo, los vacíos jurídicos que hay en el fallo, las omisiones, las incongruencias y cómo se ven afectados los pobladores de San Andrés en sus derechos fundamentales. Somos un miembro aplicado de la comunidad internacional, un defensor y promotor de la solución pacífica de controversias. La comunidad internacional, que está acostumbrada a nuestro comportamiento ejemplar, valorará de mejor manera nuestro reclamo y nuestra insatisfacción por la sentencia emitida por la Corte en lo referente a la delimitación marítima.

Inglaterra y Estados Unidos han ignorado fallos del tribunal de La Haya. ¿Colombia podría imitar ese ejemplo?

Colombia tiene sus propios derroteros para su acción internacional. Tal como he dicho, estamos evaluando todos y cada uno de los aspectos relevantes de la sentencia y los cursos de acción a seguir.

¿Por qué Colombia no objetó en el 2007 el fallo de la Corte que anunció que, si bien era legítima la soberanía de Colombia sobre el archipiélago, iba a proceder a revisar los límites marítimos?

Se trataba de una sentencia sobre un incidente procesal, de acuerdo con la propia petición de Colombia. Estos antecedentes están consignados en las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que en numerosas ocasiones ha sido convocada a lo largo de estos años para examinar estos asuntos. En todo caso, hay que recordar que en esa misma sentencia la Corte declaró válido el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 y la soberanía colombiana sobre el archipiélago.

¿Pero no objetar formalmente su decisión de revisar límites marítimos no suponía la aceptación de su competencia para hacerlo?

Los asesores que estuvieron en ese momento dicen que no se podía hacer una objeción a un fallo de excepciones preliminares. No estaba previsto ni en el reglamento ni en el estatuto de la Corte.

¿Cuál es su opinión sobre el desconocimiento de sentencias sobre tratados?

El desconocimiento de tratados y de sentencias por parte de algunos Estados se ha dado en circunstancias determinadas y corresponde a decisiones jurídicas y políticas de estos en un momento dado. Lo que a nosotros nos corresponde como colombianos es examinar cuidadosamente la sentencia y sus implicaciones y, a la luz de los más altos intereses nacionales, determinar el curso de acción que mejor responda a la protección de ese bien público del pueblo colombiano.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO

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