Salidas urgentes e imprudente sinsalida

Salidas urgentes e imprudente sinsalida

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23 de noviembre 2012 , 07:56 p. m.

La pretensión de conseguir el cambio fundamental de una sentencia inapelable no puede ser la ruta que encauce la incertidumbre y frustración nacionales. Y el desacato del fallo de la Corte aísla al país, impide concretar acuerdos de vecindad que contrarresten el confinamiento y fragmentación del archipiélago, repercute negativamente en otras demandas y puede incluso afectar el acompañamiento venezolano a las negociaciones con las guerrillas.

No hay alternativa distinta que reconocer el fallo y acudir a todas las instancias posibles para solicitar precisiones y soluciones a los problemas que este generó. El Gobierno, junto con las autoridades insulares, tendría que mostrarles inmediatamente a la Corte y a otros organismos de Naciones Unidas las repercusiones negativas no solo para la sobrevivencia de las pequeñas islas sino para la misma Nicaragua y el Caribe, e incluso para el hemisferio.

Si en esa zona se impone ahora la voracidad extractivista se pondría en juego la reserva de la biosfera, declarada desde 1993, reconocida por la Unesco y defendida con éxito por los isleños, que en 2011 lograron parar oportunamente la exploración petrolera. Ahora, el área quedó sometida a dos jurisdicciones en tensión y con perspectivas de manejo radicalmente distintas.

Pero hay instituciones y opinión internacional que pueden acompañar a Colombia y Nicaragua en la búsqueda de acuerdos para la defensa de las áreas marinas protegidas y de la barrera arrecifal, la segunda del Caribe en tamaño y conservación, decisiva para proteger a Providencia ante los embates de huracanes y los efectos del cambio climático. Así lo acaba de reclamar el Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe Colombiano, y ambientalistas de Nicaragua están mostrando que una explotación petrolera puede destruir bancos y pastos decisivos para la alimentación del recurso pesquero.

El acompañamiento de los barcos y aviones colombianos a los pescadores no resuelve su problema sustantivo de sobrevivencia y solo genera tensiones innecesarias. Tampoco ayuda la respuesta de Nicaragua, de que están en disposición de detener las fragatas que se encuentren dentro de los límites que la Corte definió. La suerte de los pescadores sanandresanos y de la Mosquitia se juega en los acuerdos entre los dos países, que están obligados a entenderse para asumir sus responsabilidades ante los muchos retos que comparten: poblaciones que son parte de un mismo pueblo, ecosistemas con recursos pesqueros cuyo ciclo de vida depende de un manejo conjunto, problemas de seguridad. Mientras más pronto los dos gobiernos lleguen a acuerdos, mayor capacidad tendrán de ejercer soberanía sobre sus territorios. De lo contrario, serán la criminalidad organizada transnacional, las pesqueras de las grandes potencias y las multinacionales petroleras las que saquen tajada del desencuentro.

Para Colombia y para el Caribe es fundamental la defensa del derecho internacional. El retiro del Pacto de Bogotá no recupera la unidad del archipiélago ni desahoga las islas ni reincorpora los cayos. No haber hecho parte de la Convención del Mar o el haberse retirado de la jurisdicción de la Corte no impidió que esta trazara límites y liquidara acuerdos.

El llamado a desacatar la sentencia coloca al país en una sinsalida. Exalta los ánimos, engaña a la población con falsas ilusiones, genera malestar frente al país y lo expone a nuevos fallos adversos. El territorio se defiende no solo con instrumentos jurídicos y militares. Urge una sólida política caribeña que busque consolidar fronteras y desarrollar buena vecindad en el mar, así como integración del Gran Caribe. Esta no podrá adelantarse desde Bogotá sin la inclusión de los isleños y costeños.

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