Dolor de patria

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21 de noviembre 2012 , 06:19 p. m.

Con profundo dolor de patria recibimos la noticia de que la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, había despojado a Colombia de una inmensa porción de mar y creado conflictivos enclaves en nuestro amado archipiélago de San Andrés. Reafirma ese tribunal la jurisdicción colombiana sobre islas y cayos, pero les reduce su plataforma submarina y la propiedad, el uso y el aprovechamiento de las aguas que históricamente han sido suyas. Es más, desconoce "la concepción geográfica de lo que es un archipiélago".

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, rechazó enfáticamente los errores, excesos e inconsistencias de esta sentencia, de suyo inapelable, y no descartó ningún recurso o mecanismo del derecho internacional para defender los de Colombia.

Probablemente, será el de pedir documentadamente aclaración o revisión del fallo. Cualquiera sea, cabe esperar la solidaridad nacional. Presumible, a juzgar por la reacción indignada a tales aspectos de la decisión judicial, aunque las expresiones emocionales no sean las más adecuadas para resolver en sana paz intrincados litigios.

Ahora se ha venido a saber por la opinión colombiana que las bases de los términos de la sentencia, en cuanto a la delimitación de las áreas marinas y submarinas, habían sido sentadas por la misma Corte en fallo del 2007. En el cual, si bien reconoció la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, declaró que el meridiano 82 no constituía frontera y dejó abierta la delimitación del mar territorial, yendo más allá de lo previsto en el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928.

Con esta perspectiva, Nicaragua se dio a trabajar por el derecho a las aguas, con sus vastas riquezas ictiológicas y petroleras, mientras el énfasis de Colombia se ponía, aparentemente, en la propiedad de islas, islotes y cayos, confiando en que el mar vendría por añadidura, pese al preaviso de la misma Corte. Si así fue, se habría incurrido en error de cálculo y estrategia. Por lo demás, emotivamente se piden renuncias, ignorando el proverbio de que no se cambia el caballo en la mitad del río y que las dimisiones no resolverían el problema.

Demasiado tarde parece para sustraerse a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, una vez emitida la sentencia, así fuera para recurrir a otras instancias, como lo sería el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Mal haríamos en pretender salirnos del marco jurídico y en tomar azarosos caminos de hecho. Debemos protestar y precisar los yerros y extralimitaciones, pero sin desconocer la autoridad de instituciones que previamente aceptamos. Ante ellas mismas hay que exponer las lesiones enormes que algunas de sus determinaciones causan a Colombia y la herida inferida a su corazón y a la economía de uno de sus flancos vitales.

Con acertado juicio, el Jefe del Estado se trasladó de inmediato a San Andrés a estudiar sobre el terreno las consecuencias del fallo y las soluciones de emergencia a la situación creada en el archipiélago, cuyas aguas han sido tan apreciadas y utilizadas como su tierra firme. Bien sabido es que su población raizal vive de la pesca y que cualquier obstáculo a su trabajo afectará sus tradicionales modos de vida y subsistencia. Fuera de que no podría exponerse a que su navegación legítima y habitual fuera a ser obstruida o entorpecida de cualquier manera.

La amputación no duele solamente al archipiélago. Duele a toda Colombia y por ello mismo es de celebrar que el Gobierno haya tomado la iniciativa de estructurar un plan de emergencia para el desarrollo de esa región y para preservar sus raíces históricas. Sin descartar la recíproca cooperación con Nicaragua, después de que el actual episodio se supere.

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