Defensa de Colombia demostró soberanía jurídica e histórica / Análisis

Defensa de Colombia demostró soberanía jurídica e histórica / Análisis

Andelfo García, analista internacional, escribe sobre el resultado del fallo en La Haya.

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19 de noviembre 2012 , 11:37 a.m.

La Corte Internacional de Justicia emitió su fallo sobre el fondo del asunto elevado por Nicaragua contra Colombia hace una década.

Cuando Nicaragua demandó a Colombia alegó, entre otras cosas, que el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 era nulo e inválido y le pidió a la Corte declarar que todo el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, incluyendo los cayos de Alburquerque, Este Sudeste, Roncador, Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo, eran nicaragüenses. En cuanto a Quitasueño, sostuvo que, en caso de que fuese en realidad un cayo, sería así mismo de Nicaragua.

De igual manera, ese país le pidió inicialmente a la Corte trazar como línea de delimitación de la plataforma continental y la zona económica exclusiva entre los dos países, una línea media entre el litoral continental de Nicaragua y el litoral continental de Colombia.

Colombia entró al caso objetando la competencia de la Corte para pronunciarse y para el efecto presentó Excepciones Preliminares en el 2003, una acción permitida por el estatuto de la misma Corte. Esto le permitió, al mismo tiempo, rebatir los argumentos de Nicaragua y explicar a la Corte las razones jurídicas e históricas de Colombia en una etapa preliminar.

La Corte analizó los argumentos presentados por las partes en el marco de las Excepciones Preliminares y tomó una primera decisión en diciembre de 2007 mediante una sentencia de importancia trascendental porque definió en esa etapa preliminar una parte fundamental del pleito.

En su sentencia de 2007 la Corte definió cuatro asuntos sustanciales: Primero, que conforme lo sostuvo Colombia, el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 es un tratado válido y vigente. Segundo, que las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son colombianas. Tercero, que es competente para trazar una delimitación marítima entre los dos países porque, contrario a lo sostenido por Colombia, el Meridiano 82 mencionado en el Acta de Canje de 1930 no es la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua. Cuarto, que es competente para determinar cuáles son las demás islas, islotes y cayos que forman parte del Archipiélago y pronunciarse sobre la soberanía de los mismos.

Ante esa sentencia de 2007, Colombia tuvo ante sí dos tareas fundamentales: la primera, demostrar, como lo hizo a lo largo del proceso, que todos los cayos sobre los que Nicaragua pretende soberanía han sido y son colombianos; que tenemos los títulos jurídicos e históricos sobre ellos; que son parte del archipiélago y conforman una unidad histórica, geográfica y jurídica. Igualmente, se demostró que hemos ejercido soberanía sobre los mismos desde la época colonial y a lo largo de toda nuestra vida independiente.

La segunda tarea de Colombia fue, con base en el derecho del mar aplicado a las circunstancias geográficas del área en la que debe realizarse la delimitación, demostrar que la delimitación debía trazarse al occidente del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, usando para el efecto una línea entre las islas colombianas y las islas y el litoral nicaragüenses. Esa posición quedó plasmada en la Contramemoria presentada por Colombia ante la Corte en 2008, hace ya cuatro años.

Nicaragua, por su parte, insistió en su pretensión, ya no sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que la Corte le reconoció a Colombia desde la sentencia de 2007, sino sobre todos los cayos que hacen parte del archipiélago. También cambió su pretensión inicial de una línea media entre las costas continentales de Nicaragua y Colombia, al oriente del archipiélago, por una exigencia más ambiciosa aun, basada en supuestos derechos a una plataforma continental extendida, la que llevaría la línea a una distancia cercana a la propia costa continental de Colombia.

La nueva pretensión nicaragüense sostenía así mismo que los componentes del archipiélago deben ser objeto de un enclave que confiera a lo sumo 12 millas de mar para las tres islas principales y 3 millas para los cayos, en caso de que los mismos le sean reconocidos a Colombia.

Colombia refutó con argumentos jurídicos y geográficos todas las pretensiones de Nicaragua y ahora la Corte le dio una vez más la razón, tanto en materia de soberanía como en cuanto a la delimitación marítima.

Con dicha sentencia se definió para siempre que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, incluyendo estas islas, y todos las demás islas, islotes y cayos que hacen parte de dicho archipiélago, han sido y son colombianos.

En todo caso, esta es la primera delimitación marítima del país realizada por un tribunal internacional, las demás se han negociado y resuelto mediante acuerdo entre las partes, consignado en tratados bilaterales con los países vecinos en el Caribe y en el Pacífico.

La sentencia resuelve así los dos temas pendientes, soberanía sobre los cayos y delimitación marítima, y pone en la senda de los dos países nuevos retos, entre ellos uno nada menor, el de construir vecindad.

*Andelfo García, abogado y analista internacional.

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