Ciudadanos de uniforme

Ciudadanos de uniforme

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30 de octubre 2012 , 06:10 p.m.

La prohibición del derecho de voto de los militares constituye una violación de un derecho fundamental. Un partido tan desprestigiado como el PIN plantea remediarla. Miremos el contenido de la propuesta sin distraernos en los cuestionamientos a quien la plantea.

"Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo", reza la Constitución. Pero los textos internacionales de derechos humanos establecen lo contrario.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra el derecho de todos los ciudadanos a "votar en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal". El documento regional -la Convención Interamericana- utiliza lenguaje similar.

Es verdad que el disfrute de la mayoría de los derechos está sujeto a limitaciones que se enmarcan como exigencias de la moral, el orden público o el bienestar general. Pero es igualmente cierto que estas excepciones se interpretan cada día de manera más restrictiva.

Un triste historial latinoamericano nos hace temer la participación de los militares en la política. Si el requerimiento de no deliberación constituye una restricción razonable para garantizar unas fuerzas neutrales defensoras de la democracia, ¿a cuenta de qué negarle a un militar un derecho que puede ejercer en el más absoluto secreto?

Además de Colombia, solo Guatemala, Honduras y República Dominicana conservan este adefesio legal en las Américas. Poco a poco, la tendencia a asegurar el derecho al voto se ha impuesto, al punto de que los uniformados sufragan aun en los países que han padecido dictaduras militares.

Este movimiento hacia la ampliación del derecho del voto beneficia a otros grupos y se extiende a otras latitudes. En Europa, la Corte Europea de Derechos Humanos objetó en mayo pasado la prohibición del voto en las cárceles. Como los militares, los prisioneros también tienen derechos.

En Colombia, la interdicción del voto para la Fuerza Pública es particularmente lesiva porque ella incluye a la Policía. Se les niega a los uniformados un derecho tan elemental como el voto, mientras el resto de la región avanza en la sindicalización de la policía y buena parte del mundo también en la de las fuerzas armadas.

Muchos países latinoamericanos restringen el derecho a huelga de la policía, pero en pocos no tienen derecho alguno de asociación. Para el Consejo Europeo de Sindicatos de Policía, "el derecho de los policías de constituir sindicatos para la defensa de sus intereses y la mejora del servicio público no presenta excepciones en un país que se entiende democrático".

Es más, en numerosos países europeos se les reconoce a los militares el derecho a alguna forma de asociación, sin que ello produzca alteración en la cadena de mando, erosión de la autoridad o sacrificio de la eficiencia. En septiembre, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa recomendó el levantamiento de los impedimentos desproporcionados al derecho de asociación para el personal de seguridad.

"No gozan del derecho de sindicalización los miembros de la Fuerza Pública", predica nuestra Constitución. Pero esto no impide que militares y policías tramiten sus intereses: lo hacen de manera socavada y más dañina para la democracia.

¿No sería preferible que lo hicieran de manera abierta, de cara al país y sin mediación de organizaciones de suboficiales y oficiales retirados, que capturan la voz de la fuerza activa?

Los militares y los policías siguen siendo ciudadanos. El peor de los mundos sería que ellos aceptaran el recorte de sus derechos fundamentales por un lado para compensarlo con un exceso de privilegios por el otro. Nada de extraño tendría que este fuera el nuestro.

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