Ley pone en cintura a los procesados de Justicia y Paz

Ley pone en cintura a los procesados de Justicia y Paz

El endurecimiento de los requisitos para acceder a Justicia y Paz, así lo dispone.

17 de octubre 2012 , 10:53 p.m.

Los paramilitares y guerrilleros sometidos a justicia y paz que no hayan resarcido a sus víctimas en 2014 pasarán a la justicia ordinaria y podrían pagar penas mayores a 30 o 40 años, establece la reforma a esa norma aprobada este miércoles en el Congreso. (Lea también Aprueban en último debate reforma a Justicia y Paz).

Con el endurecimiento de los requisitos para acceder a Justicia y Paz, esta se convierte en la última oportunidad para que los miembros de esas organizaciones ilegales que están privados de la libertad cumplan con los postulados de “verdad justicia y reparación”, columna vertebral de la primera ley sobre la materia aprobada en 2005 y que permitió comenzar a judicializar, primero a las bandas de paramilitares, y luego a algunos guerrilleros.

Ante el “evidente fracaso” de la primera fase de Justicia y Paz, como lo asegura el senador Juan Fernando Cristo, era indispensable tramitar esta reforma.

De hecho el proyecto fue presentado en su oportunidad por la fiscal Viviane Morales y respaldada por los tres poderes, lo que facilitó su trámite.

Desde 2005, cuando entró en vigencia la ley de Justicia y Paz, solo ha habido diez condenas, de 4.539 postulados a este beneficio de pena alternativa. Y solo han sido escuchados por la justicia 2.750 victimarios.

Pero también, gracias a esa ley, se logró recuperar 4.064 cadáveres, se han confesado más de 40 mil delitos y se han compulsado copias contra 6.121 involucrados, entre ellos varios políticos.

En el texto aprobado se estipuló que los postulados podrán pedir la “sustitución de la pena” cuando cumplan 8 años en la cárcel, lo que se traduce en que podrían quedar en libertad mientras se les profiere sentencia en sus proceso, pero solo si han reparado a sus víctimas, han entregado bienes y han dicho toda la verdad sobre sus crímenes.

“La ley les da una última oportunidad a los victimarios de cumplir con la verdad y la reparación a las víctimas. Si lo hacen podrán acceder a la pena alternativa de 8 años, si no irán a pagar condenas de 30 y 40 años en la justicia ordinaria”, dijo el senador Juan Fernando Cristo, ponente de la norma.

El artículo 20 del texto aprobado incluyó un ítem nuevo a la norma que indica los candidatizados a Justicia y Paz que ya estén en esa situación podrán pedir ante los magistrados de garantías “sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por una medida de aseguramiento no privativa de la libertad”.

Se dejó claro que para acudir a este beneficio se deberán cumplir requisitos como “haber permanecido como mínimo 8 años en un establecimiento de reclusión con posterioridad a su desmovilización, (...) haber entregado los bienes para contribuir a la reparación integral de las víctimas (...) y no haber cometido delitos dolosos con posterioridad a la desmovilización”.

Miguel Samper, viceministro de Justicia, explicó que “este es un elemento importante (…) siempre y cuando les hayan cumplido a las víctimas, hayan contado la verdad, hayan entregado los bienes y el juez garantice que van a seguir compareciendo al proceso de justicia y paz”.

En ese grupo ya habría por lo menos 71 desmovilizados, pero las autoridades han identificado a varios de ellos que, por distintas razones, deberán ser expulsados de Justicia y Paz y enfrentar sus procesos ante la justicia ordinaria.

El vicefiscal General, Jorge Perdomo, advirtió que “en una primera aproximación que hemos analizado en la Fiscalía tal vez no estarían menos de 10 personas siendo desvinculadas de Justicia y paz, bien porque tienen procesos por falsos testimonios, porque han sido condenados o sencillamente porque no han colaborado”.

Por esta razón el coordinador ponente de la norma, el liberal Juan Fernando Cristo, aseguró que la aprobación de esta reforma “es la última oportunidad para los victimarios de decir la verdad y reparar a sus víctimas y a la sociedad si quieren acceder a la pena alternativa”.

La iniciativa también endureció los requisitos para acceder a los beneficios de la justicia transicional, por lo que los desmovilizados que no reparen satisfactoriamente a sus víctimas y no digan toda la verdad sobre sus crímenes serán expulsados del proceso y deberán enfrentar penas de hasta 40 años de cárcel.

Tal y como lo anticipó EL TIEMPO, con este proyecto se amplió por dos años la vigencia de Justicia y Paz. Cubrirá delitos hasta el 31 de diciembre de 2012 (antes solo lo hacía hasta 2005) y el Gobierno tendrá hasta 2014 para decidir si acepta o no a nuevos postulados.

También se establecieron criterios de priorización y regionalización para investigar los delitos más graves y así poder dar celeridad a los procesos de condena. Esta ha sido una de las mayores críticas que han recaído sobre la norma, porque a la fecha se han dictado solo 14 sentencias y tan solo 4 están en firme.

Durante el debate, además, se negó una proposición del senador Juan Carlos Vélez que buscaba que se extendiera hasta 2014 el plazo para que miembros de las Farc se pudieran postular a la Ley de Justicia y Paz.

REDACCIÓN POLÍTICA

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