Ordóñez dijo que acata fallo pero pide nulidad de tutela sobre aborto

Ordóñez dijo que acata fallo pero pide nulidad de tutela sobre aborto

El Procurador señaló que "nunca le ha mentido al país" y dijo que "el debate sigue".

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19 de septiembre 2012 , 11:31 a.m.

El Procurador Alejandro Ordóñez aseguró que no le ha "mentido" al país, y que impondrá un recurso de nulidad ante la Corte Constitucional para que se invalide el fallo que lo ordena a rectificarse.

"Quiero anunciar al país que en el día de mañana presentaré ante la Sala Plena de la Corte Constitucional la nulidad que invalide la sentencia por encontrar graves deficiencias e incosistencias en su contenido. Estamos en presencia de discusión jurídica", indicó. (Lea también: Así respondieron los tuiteros tras declaración de procurador Ordóñez).

El Procurador ratificó en sus cargos a Ilva Myriam Hoyos y María Eugenia Carreñolas dos funcionarias delegadas que habían entregado su carta de renuncia, tras la orden de la rectificación que la Corte.

Acompañado de todo su equipo de trabajo, incluidos los 32 procuradores delegados, y en rueda de prensa, Ordóñez se pronunció sobre la orden del alto tribunal le dio en un fallo de tutela a favor de 1.280 mujeres que argumentaron que seis directrices y afirmaciones que Ordóñez y dos de sus delegadas hicieron entre noviembre del 2009 y marzo del 2011 afectaron el derecho a abortar en los tres casos despenalizados: violación, malformación del feto y riesgo de vida de la madre.

Este es el comunicado del Procurador

Dentro del marco jurídico que establece el Estado de Derecho colombiano y en condición de procurador general de la Nación procedo a dar cumplimiento de la sentencia T-627 de 10 de agosto de 2012, en atención al profundo respeto que profeso a la institucionalidad y acatamiento debido de las decisiones judiciales, en los siguientes términos:

1. Conforme al numeral tercero de la parte resolutiva de dicho fallo, explico que la expresión «campañas masivas de promoción del aborto como derecho», contenida en el comunicado de prensa de 21 de octubre de 2009, debe entenderse como «campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos», de acuerdo con la nota n.o 56, página 180, de la parte considerativa del fallo de tutela.

2. Respecto al numeral cuarto de la parte resolutiva de dicho fallo, me permito aclarar que las declaraciones ofrecidas el 7 de diciembre de 2009 al diario El Espectador no son la posición oficial de la Procuraduría General de la Nación porque no goza de las formalidades propias que le den ese carácter.

Sin embargo y en palabras de la Corte Constitucional, la posición oficial de la Procuraduría General de la Nación debe ser «en Colombia, la anticoncepción oral de emergencia (i) no tiene carácter abortivo sino anticonceptivo, (ii) su uso no está restringido a las hipótesis despenalizadas de aborto, (iii) las mujeres que hacen uso de ella fuera de las causales despenalizadas de aborto no incurren, en ningún caso, en el delito de aborto y (iv) hace parte de los servicios de salud reproductiva que las mujeres colombianas pueden libremente elegir.»

Las anteriores manifestaciones se hacen en cumplimiento de la orden impartida por la sentencia T-627 de 10 de agosto de 2012 y sin perjuicio del incidente de nulidad, que ofrece el ordenamiento jurídico colombiano, y que interpondrá la Procuraduría General de la Nación ante la Sala Plena de la Corte Constitucional.

¿Que ordenaron rectificar?

Según la Corte Suprema, el Procurador "faltó a la verdad y se extralimitó en sus funciones" en lo dicho en un comunicado emitido el 21 de noviembre del 2009 al asegurar que las campañas de promoción de los derechos sexuales de las mujeres eran "campañas masivas de promoción del aborto".

Un mes después en declaraciones a los medios de comunicación, según el alto tribunal, volvió a tergiversar decisiones de la Corte al afirmar que el medicamento de anticoncepción oral de emergencia era abortivo cuando la Organización mundial de la Salud y el consejo de Estado lo han catalogado en su jurispridencia como un anticonceptivo.

Tampoco fue verídica su afirmación, dice la Corte, de que el uso de ese medicamento es restringido únicamente a las causales de aborto despenalizadas y que era un delito usarlo en otros casos diferentes.

La Corte censura igualmente cuatro circulares en la que el procurador y su delegada para la Niñez y la Familia, Ilva Miriam Hoyos, obstaculizaron los procedimientos que el Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud) y la Superintendencia de Salud implementaron para que los hospitales y las EPS cumplieran con la interrupción del embarazo en los casos permitidos sin ningún obstáculo.

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