Afectados por Pablo Escobar dicen ser huérfanos de la ley de víctimas

Afectados por Pablo Escobar dicen ser huérfanos de la ley de víctimas

Afirman que la norma los excluye al hablar de 'conflicto armado interno'.

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29 de agosto 2012 , 08:22 p. m.

Hace tres años, cuando la justicia colombiana declaró delitos de lesa humanidad 21 procesos por atentados ocurridos en los 80 y los 90, durante la guerra de Pablo Escobar contra el Estado, familiares de las víctimas empezaron a ver una luz al final del túnel. Con esa resolución de la Fiscalía se garantizaba, después de 20 años, que procesos como el atentado contra el avión de Avianca o la bomba contra la sede del DAS no prescribieran. Las familias de las víctimas albergaron la esperanza de que, por fin, obtendrían el reconocimiento como víctimas de la violencia cuando, al posesionarse, el presidente Juan Manuel Santos anunció la expedición de la ley de víctimas y restitución de tierras.

Sin embargo, y a pesar de que fueron invitados a participar en diferentes foros antes de la promulgación de la Ley 1448, el 10 de junio del año pasado, con la presencia del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, las esperanzas se han diluido.

El Congreso incluyó en el Artículo 3º que la ley solo cobijaría a víctimas de hechos ocurridos "en el marco del conflicto armado interno".

Este inciso, aseguran representantes de víctimas del narcoterrorismo, excluyó de tajo a las víctimas de los atentados y otros hechos cometidos por los carteles de la droga, pues solo remite a víctimas de la violencia guerrillera y paramilitar.

Federico Arellano, hijo del artista Gerardo Arellano, una de las 107 víctimas del atentado contra el avión de Avianca HK 1803, y quien acompañó el trámite de la ley, opina que se trata de "una discriminación inaceptable".

"El presidente Santos dijo que era una ley que no iba a tener distingos, que cobijaría a todas las víctimas, indistintamente de quien hubiera perpetrado el crimen; desafortunadamente, no fue así", dice Arellano, quien lidera la fundación Colombia con Memoria, que reúne a familiares de víctimas del narcoterrorismo.

Incluso, el magnicidio del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla no quedó cobijado por la ley y ni siquiera ha sido elevado a la categoría de delito de lesa humanidad, como ha pasado con otros 20 casos atribuidos al cartel de Medellín.

"No podemos olvidar que el narcotráfico ha sido la gasolina que le ha dado impulso a la guerra que aún vivimos. Seguir dejando en el olvido a las víctimas del narcotráfico es una discriminación inescrupulosa", agrega Arellano.

Demanda ante la Corte

Luego de sancionada la ley, Colombia con Memoria interpuso una demanda en la Corte Constitucional, para que el Artículo 3º y dos normas más fueran declaradas inconstitucionales, por violar el derecho a la igualdad consagrado en la Constitución. La Corte consideró que los argumentos no eran válidos y rechazó la demanda, pero la fundación insistió y recurrió al llamado derecho de súplica, la última instancia ante ese alto tribunal. La Corte, nuevamente, les negó la petición.

"Nos están diciendo: ustedes no valen para el país. Las víctimas del narcotráfico no tenemos derechos, estamos anuladas frente a la justicia", sostiene Arellano.

No obstante, el senador Juan Fernando Cristo, ponente de la ley, tiene otra opinión y afirma que "están interpretando la ley de manera equivocada".

Un magistrado de la Corte, quien pidió no ser citado, aseguró que ese tribunal no da explicaciones sobre este tipo de decisiones, pero reveló que ya han sido negadas más de 14 demandas contra la ley.

Tras perder estas batallas, los familiares de las víctimas del narcotráfico se aprestan para librar otras. Estudian la viabilidad de una tutela y no descartan ir a instancias internacionales.

"Podríamos acudir a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos", afirma Arellano, quien sostiene que, según las cifras que su fundación maneja, el narcotráfico habría activado unas 250 bombas, que habrían dejado unas 50.000 víctimas.

HK 1803: ¿falla mecánica?

Los familiares de las víctimas denuncian también que la Fiscalía ha dejado nuevamente en el olvido los procesos de narcoterrorismo.

Y algunos denunciaron algo que les parece inaudito: en un informe preliminar, el CTI de la Fiscalía contempla como hipótesis que lo ocurrido con el avión de Avianca pudo deberse a una "falla mecánica".

La fundación Colombia con Memoria cree que ese informe tiende un manto de duda sobre la justicia. "Con un acervo probatorio como el que hoy obra en el proceso del avión de Avianca, con las declaraciones, con los testimonios, como el de alias 'Popeye', no es lógico que el CTI, de manera irresponsable, expida un informe donde diga eso, no obstante haberse encontrado residuos de nitritos y nitratos en el fuselaje del avión, tras la prueba química con un reactivo que hizo el FBI", dice Arellano.

"Se habla de Pablo Escobar, de Jhon Freydel, de los Ochoa Vásquez, de Eugenio León García, alias el 'Taxista' -que está vivo-, de alias el 'Tomate' -que está muerto-, de la 'Quica', preso en Estados Unidos. Se habla del DAS. ¿Por qué el DAS no ha tenido ningún llamado? ¿Qué pasó con Maza Márquez?", se pregunta.

Y agrega: " 'Popeye' nombra personajes, sus incidencias y desarrollos en el atentado. ¿Por qué en el caso de Luis Carlos Galán sí vale la declaración de alias 'Popeye' y en el proceso del avión de Avianca no? ¿Está la justicia politizada? Vale tanto el doctor Galán como las demás víctimas del narcotráfico. Es doloroso ver esto".

'Estado está obligado a reconocerlas'

El senador Juan Fernando Cristo, ponente de la ley de víctimas, aseguró que quienes representan a las víctimas del narcoterrorismo están haciendo una interpretación equivocada de la ley y sostuvo que el Estado colombiano está obligado a reconocerlas como víctimas del conflicto.

"Creo que están equivocados en su apreciación... El conflicto armado en Colombia fue desatado con la violencia narcoterrorista de Pablo Escobar (...). La definición es suficientemente amplia para permitir el reconocimiento de esas víctimas", dijo.

De acuerdo con el congresista, esta es una ley general que abarca a todas las víctimas del conflicto en Colombia, incluyéndolas a ellas (víctimas del narcoterrorismo). "Las víctimas del avión de Avianca, los funcionarios, los jueces, los magistrados que sacrificaron su vida por defender a Colombia del narcoterrorismo de los años 80 y 90, claro que son víctimas del conflicto armado en Colombia. No me cabe la menor duda", afirmó Cristo.

El crimen de Lara Bonilla fue excluido

Rodrigo Lara Restrepo, hijo del ministro Rodrigo Lara Bonilla, asesinado en 1984, habló sobre el caso de su padre.

¿Cuál es la situación del caso de su padre frente a la ley de víctimas?

La ley reconoce a las víctimas a partir de 1985, y el asesinato de mi padre ocurrió en 1984; por lo tanto, está excluido del ámbito de esta norma.

¿Si quisiera reclamar lo podría hacer?

No. Pero no buscamos ningún tipo de reparación. Lo que buscamos es que la Fiscalía lleve a cabo la investigación. Curiosamente, el crimen no ha sido declarado delito de lesa humanidad.

¿Qué argumentos le ha dado la Fiscalía para no hacerlo?

No hay argumentos, sencillamente hay silencio. Es, francamente, muy curioso, para no decir misterioso. Los crímenes de los integrantes del Nuevo Liberalismo por narcotraficantes y sus aliados políticos han sido declarados delitos de lesa humanidad: el de Guillermo Cano, el de Luis Carlos Galán, el caso del avión de Avianca, para citar algunos ejemplos.

¿Quiénes, en el crimen de su padre, estarían involucrados?

Un mínimo de diligencia de la Fiscalía insistiría en pedir la declaración del señor Gustavo Tapias Ospina, 'Techo', extraditado a Estados Unidos, el organizador de la famosa reunión de alias 'Job' en la Casa de Nariño; tendría que solicitar medida de aseguramiento contra los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vásquez. Creo que sería importante solicitar el testimonio o interrogar a los dueños del helicóptero y de los aviones incautados en 'Tranquilandia'.

¿Por qué cree que no avanza la investigación?

Creo que hay fuerzas muy poderosas que se oponen a que se revele la verdad sobre el crimen de un ministro asesinado en ejercicio de su cargo y por razón de su cargo. Y eso tiene que ver con que son personajes que son influyentes, que piensan que hoy viven en una paz jurídica, de impunidad. Otros sin duda fueron sus cómplices políticos, que no quieren que los molesten.

Orlando Restrepo
Subeditor de EL TIEMPO

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