Editorial: No tiene pies ni cabeza

Editorial: No tiene pies ni cabeza

27 de agosto 2012 , 07:51 p. m.

A finales de la semana pasada, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sorprendió al país con un comunicado de ocho puntos, lleno de adjetivos insultantes, en que anunciaba una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra la columnista Cecilia Orozco, por los delitos de injuria y calumnia. El motivo era una columna de opinión firmada por Orozco en la que se descalificaba a los magistrados de la Corte actual por medio de epítetos "gratuitos, ofensivos, injuriosos, calumniosos e irrespetuosos". El tribunal también comunicó su "rechazo vehemente" a las críticas de la también columnista María Jimena Duzán a recientes decisiones tomadas por los magistrados. La reacción desmedida de la Corte, que prefirió amenazar a pedir rectificaciones, intimidar a desmentir las afirmaciones de la columnista, fue una mala sorpresa que dejó un mal sabor que no alcanza a borrar la decisión tomada ayer de no hacer efectiva la amenaza. El mal precedente queda.

El comunicado no solo tenía ínfulas de jurisprudencia, en la que parecía precisarse que los delitos de injuria y calumnia pueden ser cometidos en contra de toda una corporación, y no solo pasaba por alto que una denuncia penal instaurada por la Corte podría convertirla en juez y parte, pues tendría que ser resuelta por funcionarios que dependen de ella, sino que olvidaba de un momento a otro que no es posible denunciar a alguien tanto por calumniar (por acusar a otro de haber cometido un delito) como por injuriar (por asegurar, a manera de insulto, que un ciudadano es un delincuente). Quedaba claro que esta no era la misma Corte que en autos de marzo de 1984 advirtió que las "ofensas mortificantes a que el hombre está sujeto en la vida civil salen del dominio del Código Penal para caer en el de la opinión".

Desde sectores de los últimos gobiernos se ha venido denunciando una supuesta politización de la Corte. Muchos se han negado a creerlo. Y sin embargo, el comportamiento errático de algunos de sus miembros durante la reforma de la justicia, sumado a esta salida sin pies ni cabeza, que habría echado para atrás de un plumazo la minuciosa sentencia C-442 del 2011, en la que la Corte Constitucional le recuerda al país la primacía de la libertad de expresión, prueba que los magistrados se dejan tentar por las viejas costumbres de los políticos profesionales, entre ellas denunciar penalmente a quienes los cuestionen.
editorial@eltiempo.com.co

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