Esta es la polémica jurídica despertada por el caso Santoyo

Esta es la polémica jurídica despertada por el caso Santoyo

El oficial será condenado en EE. UU. por delitos cometidos en Colombia y no por narcotráfico.

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25 de agosto 2012 , 08:04 p. m.

Los alcances de las declaraciones del general Mauricio Santoyo no son lo único que desvela a políticos y miembros de la Fuerza Pública enredados con 'paras' y la 'oficina de Envigado'. (Siga este enlace para leer: El general Santoyo viviría en Miami tras testificar contra oficiales).

Más allá de los nombres que pueda salpicar el exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe en sus confesiones, su negociación con la justicia de Estados Unidos plantea escenarios jurídicos que han encendido varias alarmas, incluso en el gobierno colombiano. (Lea también: Santoyo pagará en Colombia los delitos que no juzgue Estados Unidos).

Aunque Santoyo se presentó ante la Fiscalía de ese país por cargos de narcotráfico, su arreglo judicial incluye la eliminación de ese delito de su expediente. Eso implica que será condenado, en esencia, por aliarse con un grupo ilegal (las Auc) considerado terrorista por Washington, pero no por hechos cometidos en territorio estadounidense o que afecten directamente a sus ciudadanos.

Para el Departamento de Justicia, Santoyo es un hombre que "abandonó su deber de proteger al pueblo colombiano para servir sus propios intereses y los de un grupo de traficantes y terroristas". (Lea también: Las pruebas contra el general Santoyo que la Policía ignoró).

Con esos argumentos, señala un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, difícilmente habría prosperado una solicitud de extradición contra el general, porque, al borrarse los cargos de narcotráfico, el caso se basa en delitos cometidos en Colombia y contra la seguridad del Estado colombiano. "Equivaldría a admitir que otro país haga justicia por nosotros", afirma.

El abogado Abelardo de la Espriella, defensor de varios parapolíticos, asegura que, "bajo esa absurda tesis, una corte de Estados Unidos podría pedir a cualquier parapolítico", pues el apoyo a grupos terroristas se asemeja al concierto para delinquir, que puso presos en Colombia a más de medio centenar de congresistas, quienes se aliaron con los 'paras' y los ayudaron a conseguir sus objetivos. El mismo fantasma ronda a decenas de mandos militares y de la Policía investigados por nexos con esas bandas.

El documento revelado por el Departamento de Justicia señala que el oficial recibía sobornos por informar a los jefes de las Auc de operaciones antinarcóticos, incluidas las de la DEA, pero el cargo principal gira alrededor de la "asistencia a operaciones de una organización responsable de actos terroristas, como toma de rehenes y asesinatos".

¿Pretende la justicia de Estados Unidos arrogarse la facultad de perseguir a los responsables o copartícipes de actos terroristas cometidos en Colombia?

Los términos de la condena contra Santoyo, que se leerá el 30 de noviembre en una corte de Virginia, darán la próxima clave.

Antecedentes

Narcotráfico o estadounidenses víctimas sustentan los envíos

El envío de colombianos a EE. UU. por delitos diferentes al narcotráfico se ha sustentado en hechos en los que ciudadanos de ese país fueron víctimas. Es el caso de 'César', el guerrillero que custodiaba a tres estadounidenses secuestrados por las Farc en Caquetá, capturado en la operación Jaque. Aunque fue extraditado por narcotráfico, EE. UU. lo reclamaba por toma de rehenes. Su novia, Luz Dary Conde, fue extraditada por pertenecer a una red que traía equipos de comunicación para las Farc desde Miami.

REDACCIÓN JUSTICIA

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