Lo más grave detrás del caso Sigifredo

Lo más grave detrás del caso Sigifredo

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23 de agosto 2012 , 05:05 p. m.

Desde el primer momento en que el fiscal 28 de Cali dictó medida de aseguramiento y ordenó la captura del exdiputado a la Asamblea del Valle Sigifredo López, consideramos, y así se expuso en esta columna, que las "pruebas" contra él por una supuesta alianza con las Farc eran demasiado endebles como para tomar acción contra un ciudadano de la categoría social y respetabilidad política del exdiputado. La declaración de un guerrillero capturado, el videocasete que mostraba fugazmente la nariz y parte de la sien, la similitud de las voces grabadas de Sigifredo y de quien describía sobre maqueta de la Asamblea del Valle la operación del secuestro sin mostrar el rostro proporcionan indicios, pero ninguno de estos prueba fehaciente.

El tiempo requerido para convertir tales indicios en prueba u obtener otros más convincentes, en el peor de los casos justificaba la detención preventiva en el domicilio de Sigifredo y no los helados calabozos de la Fiscalía, pero la precipitud del Fiscal de Cali fue apoyada por la General de Bogotá. Fue en ese momento cuando brotaron testigos cuya idoneidad era más que sospechosa, bien para declarar que habían visto al reo en Pradera (Valle), visitando a su señora madre, o en la guerrilla disfrutando de privilegios por haber declarado contra sus 11 compañeros secuestrados.

No se necesita ser un criminalista avezado para entender que una trama dantesca se estaba realizando en la sombra para obtener beneficios judiciales por unos criminales y méritos profesionales por miembros de la Fiscalía Regional. El relevo en la Fiscalía General de la Nación dio un rumbo inesperado a la investigación. Eduardo Montealegre, el nuevo fiscal, halló bien pronto el cúmulo de inconsistencias en la investigación, lo que se tradujo en la providencia que autorizó la detención domiciliaria para el reo. La Policía Técnica Judicial había hallado similitudes, pero no identidad en el cotejo de las voces del videocasete con la de quien parece haber sido el cabecilla que realizó la explicación del plan del secuestro.

Había que esperar con la paciencia, no del santo Job bíblico sino con la de Sigifredo y sus desolados familiares, a que se recibiera el veredicto del FBI de EE. UU. al que se habían enviado las muestras testimoniales. Cuando por fin llegaron y la ansiedad colectiva alcanzaba su ordenada máxima, la 'prueba reina' de la Fiscalía 28 se derrumbó. Los falsos testigos cayeron en contradicciones y vacíos unos, absoluta falta de idoneidad otros. Lo más grave y devastador para la credibilidad ya averiada de la justicia colombiana salió a flote en el cenagal turbulento de la corrupción que invade el organismo de la nación como gangrena gaseosa.

Este nuevo fiasco nos mueve a recordar lo que ha sido la justicia frente a militares de limpias y meritorias carreras, declarados culpables.

El horrendo caso de Mapiripán, donde se condenó a 40 años de prisión al general Jaime Uscátegui, de los cuales ha purgado 11 esperando el parsimonioso discurrir del aparato judicial colombiano, que para enjuiciarlo pasó por alto un hecho tan simple como este: Mapiripán no se hallaba bajo la jurisdicción de la Séptima Brigada, comandada por Uscátegui en Villavicencio. Claro que para explotar el craso error judicial, el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo se hallaba al acecho para demandar al Estado por una suma fabulosa, que se repartió con víctimas que habían fallecido tiempo atrás de los hechos, o no se encontraban en el lugar.

¿O qué tal el Palacio de Justicia, por cuyo heroico rescate esperan casación ante la Suprema Corte de Justicia dos generales y un teniente coronel del Ejército con 40 y 35 años, enjuiciados por un delito que no existía para la época del asalto terrorista, y además considerado el hecho como 'cosa juzgada'?

alvatov2@yahoo.com

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