La ley 1564 del 2012

La ley 1564 del 2012

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23 de agosto 2012 , 04:34 p. m.

Como  abogado litigante de vocación tardía, lo primero que aprendí fue que el legislador con un decreto me vuelve basura la biblioteca de los libros de derechos adquiridos para actualizarme en el ejercicio de la profesión.

El Nuevo Código, que fue revisado  por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal a la cabeza del jurista Jairo Parra Quijano, viene a regular de manera directa los procesos civiles, comerciales, agrarios y de familia. De manera indirecta,  los procesos contenciosos administrativos, penales y  laborales.

La intención es buena, se quieren agilizar los procesos para que no se duerman en los juzgados y tribunales, porque Colombia ocupa el puesto 177 entre 183 países; esto quiere decir que somos el séptimo país en el mundo con una justicia lenta, inoperante y corrupta, como lo indica el Doig Busines/12.

Se va a utilizar el expediente digital, la litigación en línea, cambiará la forma  como se ejerce la profesión de abogado.

La Ley 1564 del  2012 le da un paso a la oralidad en la justicia colombiana, y establece un sistema de audiencias concentradas donde primaría la inmediación.

Si todo se da, el Gobierno aspira a pasar al puesto 40 y reducir la corrupción.

Lo legislado se puede volver una hermosa letra muerta y otra elegante biblioteca jurídica convertida en papel de reciclaje, si no se atacan de raíz las cuotas políticas de la justicia.

Los jueces, magistrados o procuradores son cuota política de tal barón electoral, y estos a su vez manejan las contrataciones del Estado formándose fortines judiciales, con empresas que sus abogados no litigan porque por ellos lo hacen los jueces y magistrados que son  cuotas políticas de sus poderdantes, presentándose audiencias donde se pierden las carpetas, pruebas  y los expedientes.

Esto es un secreto a voces: los abogados de esas empresas y ARP masacran al trabajador colombiano porque manejan el poder político y económico.

De la injerencia política en lo penal, tomemos como ejemplo el del político Sigifredo López.

El fiscal general de la Nación Montealegre se movilizó para dar a conocer a la opinión pública que son falsos los testigos contra Sigifredo que lo acusaron de ser  la persona que aparece en el computador de alias Alfonso Cano como relator que con  lujo de detalles les informa a los asesinos de la Duma del Valle del Cauca cómo proceder con su macabro plan, y lógicamente la bancada política de Sigifredo obliga al fiscal Montealegre a obrar de esa manera.

Es correcto; si Sigifredo López no es culpable, había que devolverle su libertad y su honra.

Pero al coronel Alfonso Plazas, que está detenido desde hace cinco años por la declaración de tres testigos falsos: Ricardo Gámez Mazuera, el de Villarreal o Villamizar -no se sabe con certeza con qué nombre declaró-, y el delincuente Tirso Sáenz Acero, no le aplican la misma medida porque la justicia penal militar desapareció, está en manos de una justicia con el puesto séptimo de inoperancia, manejada por una fiscal Buitrago de izquierda, y este no tiene bancada política que lo defienda.

La justicia es para todos, incluyendo a los militares; no para una élite política y privilegiada.

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