Entidades de control cuestionan falta de resultados de ley de víctimas

Entidades de control cuestionan falta de resultados de ley de víctimas

Procurador, Contralora y Defensor del Pueblo coinciden en alerta por aplicación de la ley.

22 de agosto 2012 , 07:12 p. m.

Ante la plenaria del Senado se rindió un informe sobre la aplicación de la ley de víctimas, elaborado por los organismos de control, en el cual coincidieron en alertar al Gobierno y al propio Congreso por la falta de resultados en la aplicación de esta norma, considerada como prioritaria para el presidente Juan Manuel Santos.

El primero en hablar fue el procurador Alejandro Ordóñez, quien advirtió que "no tenemos ninguna víctima reparada administrativamente en el marco de la Ley 1448 (ley de víctimas y restitución de tierras", y afirmó que, por el contrario, las reparaciones que se han dado hasta la fecha son bajo el marco del Decreto 1290 de 2008.

"El número de víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas está por debajo del porcentaje esperado. Es preocupante que de las 94.850 declaraciones de víctimas que ha recibido la Unidad de Atención y Reparación, a 30 de junio de 2012 tuviera 75.876 declaraciones, lo que corresponde al 80% sin resolver acerca de su inclusión", precisó Ordóñez.
 
Agregó que "el Ejecutivo, en cabeza de la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas, no ha logrado cumplir con el plazo de 60 días que la Ley le da para decidir sobre la inclusión de las víctimas en el respectivo registro. Esta situación hace que el objetivo primordial que motivó al legislador dificulte el acceso a la ayuda humanitaria y a la asistencia funeraria, en educación y en salud, entre otras".
 
A esta sesión plenaria también asistió Sandra Morelli, contralora General, quien advirtió que uno de los problemas que su entidad detectó sobre la ley de víctimas está relacionado con la "inequidad" que está generando en algunos aspectos.
 
"Hay inequidad porque los victimarios reciben un salario mínimo por persona, mientras que las víctimas reciben un salario mínimo por familia", señaló Morelli, y agregó que "los desplazados recibían una cifra igual a 27 salarios mínimos, mientras que las víctimas reciben un cifra igual a 16 salarios mínimos, lo que ha demostrado un desmejoramiento por cuenta de esta ley".
 
La Contralora ratificó ante la plenaria que "es de la mayor importancia para la paz y el desarrollo social que esta sea una ley exitosa", por lo que instó al Gobierno a redoblar esfuerzos para que esta norma cumpla los objetivos. "Estamos muy lejos de atender toda la demanda y eso es grave, porque defraudar a la gente que está en esta situación no es sano desde ningún punto de vista", precisó.
 
Vólmar Pérez, saliente defensor del Pueblo, llevó sus críticas la falta de coordinación para atender a las víctimas. "No ha sido posible establecer mecanismos de intercambio de información de las entidades", puntualizó.
 
El liberal Juan Fernando Cristo, autor de la ley de víctimas, alertó porque "en la Unidad de Tierras están queriendo acaparar el trabajo, cuando hay muchas organizaciones de la sociedad civil que tienen la capacidad y la voluntad política de querer ayudar al Gobierno en ese proceso de restitución".
 
REDACCIÓN POLÍTICA

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