Pequeños transportadores piden ser escuchados e inclusión en el MIO

Pequeños transportadores piden ser escuchados e inclusión en el MIO

Presentan fórmula al alcalde Rodrigo Guerrero para hacer parte del masivo o tabla de chatarrización

15 de agosto 2012 , 08:29 p. m.

En construcción, trabajando más de 10 horas diarias durante 10 años en España, William Ospina pudo reunir un dinero y regresar a Cali con su familia. Compró una buseta en 70 millones y entró al negocio del transporte. Conducía su propio carro y unos días daba empleo a otro allegado.

Afiliado a la Coomoepal, su ritmo de trabajo no paró y hasta el martes movilizaba entre 250 y 300 pasajeros diarios. Esos recursos le han permitido el sustento de su familia y educación a sus cuatro hijos.

Pero el martes fue notificado que no podía sacar más su carro y de hacerlo sería retenido como pirata. Su carro será chatarrizado, como parte de las medidas para la implementación del MIO.

"Lo grave es que no me dicen cuánto ni cuándo me van a pagar por el carro ni con quién tengo que entenderme. No tengo ningún otro empleo, la universidad y colegio de los hijos queda en veremos. Hoy no tengo qué llevar a la casa", expresó.

Los pequeños transportares del sistema tradicional plantearon a la Alcaldía unas mesas de trabajo pues dicen que no han sido escuchados. "Se habla de un sistema de transporte integrado y nos están sacando. Todas las ciudades tienen sistemas complementarios y podríamos estar donde el MIO no llega", dice Miguel Ángel Victoria, presidente de Asoprotrans, que reúne a los propietarios de colectivos y microbuses.

La asociación presentó a la Alcaldía una propuesta de tablas de chatarrización pues dicen que les están pagando sus vehículos a precios muy por debajo de sus valores reales. Otra alternativa sería el pago de unas mensualidades que van entre 893.000 y 3'060.000 durante 24 o 36 meses.

En ambos casos se tendría en cuenta el modelo y el tiempo de vida útil que le quedaba al carro y su tarjeta de operación.

Este jueves y el viernes se presentarán las propuestas a la Personería y Defensoría del Pueblo, para que en alguna forman puedan mediar y amparar los derechos de más de 28.000 familias que se estiman dependen del sistema de transporte público colectivo.

REDACCIÓN CALI

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