Algunas fincas de lujo pagan $ 1.000 de impuesto predial

Algunas fincas de lujo pagan $ 1.000 de impuesto predial

La moda de construir en las afueras se asocia con evasión de impuestos en varias zonas.

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11 de agosto 2012 , 08:22 p. m.

La tendencia creciente de construir casaquintas, fincas lujosas y condominios en predios rurales en las afueras de las principales ciudades del país, además de ser un lujo, para muchos es un excelente negocio.

Las casas, algunas con piscina, canchas de tenis y hasta campos de golf, por estar en predios rurales pagan cifras irrisorias por concepto de impuesto predial. Básicamente, porque el valor de la tierra, que determina su avalúo y así mismo su impuesto, es tasado como si se tratara de un humilde predio campesino que se destina a uso agrícola, pese a que es usada para todo, menos para sembrar.

Hace dos semanas, en Restrepo (Meta) se puso en evidencia uno de estos casos en algunos predios del resort Villa Valeria, construido por el expresidente de Saludcoop Carlos Gustavo Palacino. Una comisión de la alcaldía llegó hasta el complejo para revalorar los predios, porque se descubrió que varios aparecen avaluados en 8 millones de pesos y solo pagan un impuesto predial de entre 21.000 y 35.000 pesos al año.

En contraste, Rigoberto Castro, un humilde habitante de Restrepo, por ejemplo, no logró reunir los 493.000 pesos que le cobran de impuesto por su vivienda de una planta, que no tiene ningún lujo. El alcalde, Antonio Cuéllar, amenazó con demandar a Villa Valeria, porque, según él, "le hizo trampa al municipio". A la comisión no la dejaron entrar porque hubo cambio de razón social.

El caso de Restrepo no es aislado. Esta semana, el alcalde de Rivera (Huila), José Luis Bahamón, denunció que ciudadanos de Neiva, de estratos altos, viven en lujosas casas en predios rurales de su municipio pagando, en algunos casos, solo 1.000 pesos por predial. "Resulta irónico que sea tan costoso encontrar tierra para construir vivienda social, cuando los dueños de estas fincas contribuyen tan poco al desarrollo", dijo.

El fenómeno se ha identificado en varias ciudades, principalmente en Cali, Cartagena, Barranquilla y Bogotá, donde se han encontrado "mafias de licencias de construcción, que les hacen trampa a los planes de ordenamiento territorial al permitir estas construcciones en supuestos suelos agrícolas", dijo el consultor Iván Matiz.

Una investigación de la Universidad del Rosario sobre impuesto predial rural realizada en 900 municipios encontró que, en buena medida, esto ocurre por "la influencia del poder político y económico local sobre los alcaldes, que son los que dictan las tarifas".

La subdirectora de catastro del Instituto Agustín Codazzi (Igac), Gladys Pinzón, dijo que la primera tarea que hay que hacer es actualizar el catastro rural para verificar qué tipo de predios se han construido en los últimos años. De 3'860.000 rurales identificados por el Igac, solo se han actualizado catastralmente 180.000, el 4,6 por ciento.

Sin embargo, el problema va más allá, pues así el Igac haga actualización y verifique que algunos terrenos tienen usos distintos de los que manda el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), los dueños de estos predios seguirán pagando cifras irrisorias.

"Si una casaquinta está en suelo rural, con permiso de planeación, el Igac debe tasar el avalúo según ese uso del suelo, es decir, como rural, porque debemos apegarnos a la norma, así veamos que no es de uso agrícola. Lo máximo que podemos hacer es una anotación", dijo un avaluador del Igac. Los únicos que pueden cambiar el uso del suelo son el alcalde y el concejo.

Por qué pagan menos

Si las edificaciones están en suelo rural, así sean muy lujosas, y residenciales, su avalúo corresponderá a las condiciones del suelo agrícola, lo que las hace de mucho menor valor que las urbanas. "Como la tierra vale en función de lo que puedes hacer en ella, y estas (rurales), en teoría, solo sirven para sembrar y no para edificar, pues cuestan menos", dice el consultor Iván Matiz. Como cuesta menos, también será menor el predial. Si en estos casos hay inequidad, los que deben cambiar el uso del suelo o subir tarifas son los alcaldes y los concejos, dice Matiz. "Generalmente, sus estatutos tributarios son obsoletos y otras veces prefieren no modificarlos por intereses", agregó otro experto.

JORGE QUINTERO
Redacción Domingo

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