Cada 19 horas hay un mutilado en Colombia

Cada 19 horas hay un mutilado en Colombia

Heridos, muertos y amputados por minas le costaron al Ejército 748 mil millones de pesos.

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11 de agosto 2012 , 08:21 p. m.

Cada hora que pasa, en promedio, las Farc y el Eln están sembrando en los campos del país dos minas antipersonales, las trampas mortales que el año pasado dejaron 97 colombianos muertos y mutilaron a otros 452 entre civiles y militares. (Siga este enlace para ver una infografía sobre artefactos explosivos improvisados).

La amenaza sigue regada en al menos la mitad de los 32 departamentos y, sin consideraciones hacia la afectación de la población civil, se ha convertido en la más eficaz estrategia de la guerrilla para retrasar el avance de la Fuerza Pública hacia sus zonas de retaguardia y sus cultivos y laboratorios ilícitos.

Tan solo en lo que va corrido del 2012, 326 soldados han caído en campos minados; 49 de ellos perdieron la vida. Y además del enorme daño provocado con estas armas 'hechizas' prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario -los 'explosivistas' de las Farc les añaden elementos que apuntan a causar daños adicionales a las víctimas, como infecciones por contaminación con materia fecal-, las minas están abriendo un enorme boquete en el presupuesto del Ejército, de acuerdo con un informe conocido por EL TIEMPO.

Entre el 2009 y el 2011, el Estado tuvo que destinar 748.000 millones de pesos (lo que valdría construir 20.000 soluciones de vivienda para los más pobres) a la atención de los heridos y amputados y a los gastos relacionados con la muerte de militares que cayeron en campos minados.

"El costo mínimo del tratamiento, desde el momento de la evacuación, la atención médica, terapias y todos los procedimientos hasta cuando el soldado aprende a manejar su prótesis, puede pasar de 150 millones", asegura el general Sergio Mantilla, comandante del Ejército.

Desde 1990, unos 10.000 colombianos, entre civiles y uniformados, han sido afectados por las minas. El drama es mayor para muchos campesinos, varios de ellos niños, que incluso tienen que acudir a tutelas para lograr atención médica y psicológica y acceso a las prótesis.

'División' antiminas

Está tan desbordada la siembra de minas de la guerrilla y, en menor medida, de las bandas criminales que ya el Gobierno ha tenido que tomar medidas de emergencia.

Por un lado, es casi un hecho que se pedirá una segunda prórroga para cumplir la Convención de Ottawa, que contemplaba la destrucción de todos los campos minados antes del 2021 (ver nota anexa). A comienzos de este año se creó el Centro Nacional contra los Artefactos Explosivos Improvisados y las Minas (Cenam), del Ejército.

Se trata de un grupo élite de militares, encabezado por un general, que pasa las 24 horas del día ajustando la estrategia contra las trampas explosivas ocultas en caminos veredales, detrás de matas de coca o colgadas de ramas de los árboles.

"Los grupos ilegales vienen incrementando el uso de artefactos que afectan a la población civil y a los integrantes de la Fuerza Pública -dice el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón-. Por eso, dentro de la revisión estratégica que derivó en el Plan Espada de Honor, se determinó como prioridad la lucha contra esa amenaza".

Al frente de 280 oficiales y suboficiales, el general Leonardo Pinto, que fue comandante militar en departamentos tan complejos como Cauca y Caquetá, trabaja en varios frentes.

Uno de ellos, con el CTI de la Fiscalía, apunta a lograr mayores condenas contra los fabricantes de minas ilegales. De hecho, ya hay un 'cartel' de explosivistas de las Farc con 15 nombres, por los que incluso se piensa ofrecer recompensa. Otro frente, apoyado por equipos británicos, estadounidenses e israelíes, trabaja en innovación tecnológica: perfecciona aparatos y estrategias para detectar minas. Y un grupo más tiene la labor de identificar las armerías ilegales y de pescar información sobre campos minados.

"El objetivo es atacar un sistema. Estamos detrás de los que les venden los insumos, de sus rutas de transporte. También, de quienes les ayudan a ocultarlas", dice el oficial.

El hecho es que, cada semana, por lo menos seis militares terminan heridos o muertos por las minas. Uno de ellos es el soldado profesional Danilo Carmona Rodríguez, que perdió su pierna derecha hace seis meses y sobrevivió además a la gangrena provocada por la brutal explosión.

"Fue en el cañón de las Hermosas (sur del Tolima), cuando, abriendo trocha en una operación especial, salí volando. Duré 20 horas esperando a que entrara el helicóptero que por mal tiempo no podía recogerme. Estoy vivo porque nunca perdí la conciencia", cuenta el hombre de 33 años, padre de dos hijos y oriundo de Manizales (Caldas).

Ninguna de las historias de los 600 inquilinos del Batallón de Sanidad del Ejército deja de ser menos dramática.

Los Casos de civiles

En los últimos tres años, 504 civiles, en su mayoría campesinos, resultaron muertos o heridos por minas antipersonales. "La mayoría no accede a los servicios de salud para la rehabilitación. Hay muchos vacíos en la ruta de salud, por los problemas en el campo", asegura Johana Huertas, coordinadora del Programa de Víctimas de Minas Antipersona del la ONG Handicap.

Universidades, a apoyar lucha

1. Detector nuclear

Una de las más importantes universidades del país desarrolla un detector que con tecnología nuclear identifica artefactos en un área hasta de 500 metros. El Ejército compró la iniciativa.

2. Bloqueador de señal

Este proyecto universitario logra, a través del diseño y construcción de un generador de microondas de alta potencia para desminado, bloquear las frecuencias con que se activan las minas antipersonales.

Meta de desminado no se cumplirá

El director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersona, Daniel Ávila, es claro en afirmar que nueve años antes de que se venza el plazo internacional para que el país elimine de su territorio esa amenaza ya se está pensando en pedir una segunda prórroga de la Convención de Ottawa.

"Por el desarrollo del conflicto y basados en la experiencia internacional, Colombia no puede asegurar que va a cumplir con el compromiso del 2021", dice Ávila.

El país fue uno de los firmantes de la Convención de Ottawa, que proscribe la fabricación y el uso de minas. En cumplimiento de ese tratado, el Estado inició en el 2001 la destrucción de la totalidad de las minas convencionales en poder del Ejército -cerca de 3.500- y empezó el proceso de desminado humanitario (la destrucción de los campos minados de la guerrilla) con varios batallones.

Ese objetivo ha contado con el apoyo de grupos de la sociedad civil y organizaciones internacionales que luchan contra el uso de estos artefactos mortales.

Sin embargo, el ritmo con el que los grupos ilegales siembran minas es muy superior al del desminado. "Es una amenaza también para la ley de restitución de tierras. A este ritmo, el país tardará más de 50 años para el desminado", asegura Ávila.

La Unidad de Derechos Humanos y DIH del Ejército también inició un proceso para denunciar ante la Fiscalía y ante instancias internacionales el uso de los artefactos de las Farc. Desde el 2003 van más de 3.000 denuncias por el uso de "métodos y medios prohibidos". En lo corrido del año se han denunciado 163 casos de heridos y muertos, que también incluyen lo que se conoce como 'alteración de munición', que ocurre cuando la guerrilla modifica balas o granadas para insertarles materia fecal.

JUAN GUILLERMO MERCADO
Redactor de EL TIEMPO

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