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Entre el desarrollo y la necesidad, la última 'guerra'

Entre el desarrollo y la necesidad, la última 'guerra'

El acceso al recurso y la demanda del líquido potable ha llevado a varios conflictos entre regiones.

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La falta del líquido vital se refleja en los conflictos. En el país se han presentado varios: el de Florida y Pradera (Valle), y de Bogotá con el Meta, por el uso del río Blanco, que abastece al sistema Chingaza, entre otros.

Ahora, el pleito más reciente es por la venta de agua en bloque, un esquema que funciona hace tres décadas como servicio público prestado por necesidad a Madrid, Funza, Mosquera y Sopó (Cundinamarca), pero terminó en un negocio que hoy enfrenta a Bogotá y al departamento.

La decisión del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de acabar con el suministro para nuevos desarrollos urbanísticos en la sabana y para empresas intermediarias destapó otro manejo del recurso.

La venta de agua en bloque, que en realidad es un tubo derivado de la red matriz de Bogotá extendido a cada municipio, hoy beneficia a 450.000 personas de 10 poblaciones, entre ellas Cajicá, Chía, La Calera, Tocancipá, Gachancipá y Soacha. A estas dos últimas, la EAAB las atiende directamente. Con las restantes, la empresa suscribió contratos de venta que hoy, en la mayoría de los casos, están vencidos.

Sin embargo, sin renovaciones firmadas esa venta sigue, en unos casos con las alcaldías y en otros, con particulares: Hydros Chía, Hydros Mosquera, Aquapolis de Tocancipá, Aguas de la Sabana (de la que es socia la EAAB), Aguas de Bogotá (filial del Acueducto), Coopjardín y Emar en Soacha. La EAAB ahora se queja de algunas de esas empresas, pues tendieron redes por fuera del área urbana, sin planes de saneamiento, manejo de vertimientos ni licencias de excavación.

La cadena eleva los costos. Así, un metro cúbico de agua que en junio pasado la EAAB lo vendía como agua en bloque a 935,63 pesos a las empresas y municipios, a los usuarios se los facturaban a mayor precio. Por ejemplo, en Chía, a 1.862 pesos; en Sopó, a 2.666, y en Tocancipá, a 2.067.

Pese a las críticas por negarse a seguir con esa venta, Petro, vía Twitter, ha advertido que "si el proceso de urbanización de la cuenca alta de la sabana se mantiene, se contamina el agua de 8 millones de personas".

A los tribunales

Por eso, su política es que el territorio en la región y en Bogotá se ordene alrededor del agua. Pero los alcaldes de la sabana, encabezados por el gobernador, Álvaro Cruz, han cerrado filas contra el propósito de Petro. Consideran que es contrario a la concesión de aguas que el Ministerio de Ambiente le otorgó en volúmenes grandes, precisamente, para que abasteciera a los otros municipios. También, porque frenaría el desarrollo del departamento y les alejaría la inversión.

Para Cruz, la decisión de Petro tendrá un efecto adverso. "En la medida en que Bogotá no tenga suelo para construir y no haya agua en la sabana, se generará la vivienda informal, el crecimiento desordenado y la conurbación que se quiere evitar", subraya.

El conflicto va camino a los tribunales. El Acueducto -según se lo hizo saber a Minambiente- demandará la resolución 608 del 2012, de la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA), que reguló la venta de agua en bloque y obligó a la empresa a prestar ese servicio como servidumbre. Intervendrá también en los planes de ordenamiento territorial (POT) en la sabana y en cuanta licencia ambiental tramiten y esté involucrada el agua de Bogotá.

Al final, un acuerdo es lo que esperan los ciudadanos.

Los líos que enredan a los acueductos

Las empresas de acueducto en Bogotá y la sabana enfrentan más de un lío.

El Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) fue multado hace tres años con 536.500 millones de pesos por la Corporación Autónoma Regional (CAR).

Esto, a raíz de que la empresa, ante la pésima calidad del agua del río Bogotá y para no dejar desabastecido el occidente de la capital, buscó los caudales del río Teusacá en un sitio diferente (Aposentos) al autorizado.

La CAR sancionó a la empresa, pese a que ella venía urgiéndole la licencia. La sanción fue apelada.

La EAAB, además, sostiene un viejo pleito con la antigua cooperativa Coopjardín, que suministra agua a urbanizaciones construidas adelante de la calle 220, en el borde norte de Bogotá.

Coopjardín es una de las compañías con las cuales el Acueducto firmó un contrato en 1999 para venta de agua en bloque por tres años. El negocio siguió y las diferencias surgieron cuando la entonces cooperativa (hoy empresa de servicios Coopjardín S.A. ESP) extendió sus redes en el borde norte de Bogotá, donde el Acueducto se negó a darle la conexión por hallarse fuera del perímetro urbano y en posible área de reserva forestal. Coopjardín recurrió a la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA), que ordenó a la EAAB darle el agua. Esta empresa demandó la servidumbre ante el Tribunal de Cundinamarca. Exdirectivos de la CRA señalaron que el servicio se ordenó entre las empresas porque "el agua es un bien del Estado, que debe ser regulado y no limitado".

Pero el Acueducto reclama que este tipo de empresas no pagan las contribuciones exigidas a los estratos 5 y 6.

Otra empresa en problemas es Hydros Chía, a la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le declaró nula su sociedad y ordenó devolver la infraestructura, contratos y dineros a la empresa pública de ese municipio Emserchía.

Hasta ahora, eso no ha sucedido, según el alcalde de Chía, Guillermo Varela.

LUCEVÍN GÓMEZ E.
Redactora de EL TIEMPO
lucgom@eltiempo.com

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