Denuncian que pagan a víctimas de tierras para que se retracten

Denuncian que pagan a víctimas de tierras para que se retracten

Líder de ONG dice que exsocios de 'paras' buscan que reclamantes denuncien a otras víctimas.

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05 de agosto 2012 , 11:20 p.m.

Gerardo Vega, exmiembro de la Comisión de Reparación y líder de la Fundación Forjando Futuros, asegura que detrás de víctimas que quieren desistir de sus reclamaciones de tierras hay empresarios que fueron fichas de los 'paras'.

Vega, que ha sido cuestionado por algunas familias de Urabá que aseguran que los está poniendo a reclamar por hechos que nunca ocurrieron, dice que no recibe pago por asesorar a las víctimas y critica cómo el Gobierno está manejando el Programa de Restitución de Tierras.

¿Por qué cree que hay tanto ruido por la asesoría de ONG, como la que usted representa, a las víctimas en Urabá?

Porque hay empresarios y testaferros con suficiente poder económico para hacer que víctimas desistan de su solicitud de restitución de tierras. Por ejemplo: Rosalba Zapata, empresaria del banano de exportación, y su hijo Felipe Echeverry están en tierras de la Nación, en un predio que se llama La Niña, vereda La California, en Turbo (Antioquia). Desde allí exportan banano, que da grandes utilidades. Ellos aparecen en el listado que entregó Raúl Hazbún de los financiadores del paramilitarismo y han logrado que las víctimas se retracten o denuncien a otras como falsas.

¿Usted cobra por la asesoría en estos procesos de restitución?

En absoluto. Desde el 2008, aproximadamente, hemos allegado 313 casos ante Justicia y Paz de manera gratuita, sin cobrar un solo peso, porque ha sido financiado por cooperación internacional.

¿Esas intermediaciones no generan el riesgo de que abogados se aprovechen de las víctimas?

Claro, y debe haber sanciones ejemplares. Pero esto ocurre porque el Gobierno es ineficaz. Si el Gobierno les cumpliera a las víctimas, ellas no estarían buscando tramitadores. La intermediación se combate cumpliéndoles a las víctimas, que la gente deje de hacer colas y de esperar años.

¿Funcionarios que permitieron el despojo siguen trabajando con el Estado?

Sí. En el Incoder, por ejemplo, no ha habido una reingeniería, y en las regiones permanecen esas personas que contribuyeron a la legalización del desplazamiento del país. Y hay otro aspecto: las personas que hoy lideran la Unidad de Restitución de Tierras venían de 8 años trabajando en Acción Social y esas personas siempre han pretendido manejar de manera oculta la información sobre tierras. Esto no protege a las víctimas, por el contrario hay 60 personas asesinadas. La protección de las víctimas se logra capturando a los testaferros, a los empresarios que financian los sicarios para que maten a los reclamantes.

¿Con una tutela usted buscaba información de víctimas?

No es cierto. La Unidad de Tierras ha alegado que es información secreta, oculta, reservada. Esto no ayuda a la transparencia, genera corrupción. Nunca hemos solicitado la base de datos de los reclamantes. Lo que hemos solicitado es el formato vacío con el cual ellos trabajan con las víctimas, para saber qué les preguntan. Eso es control ciudadano.

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