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Presidente de la Judicatura pide no congestionar la justicia

Ricardo Monroy dice que 25% de procesos que entran son tutelas.

El magistrado Ricardo Monroy Church, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, garantiza que esa corporación -que estuvo a punto de desaparecer del mapa con la fallida reforma de la justicia- va a aprovechar su segunda oportunidad y a "responder a las expectativas del país".
Monroy advierte que quienes cuestionan a la Judicatura por los problemas en la implementación de las nuevas leyes no tienen en cuenta el tortuoso proceso que normalmente conlleva la entrega de recursos para la justicia.
¿Qué enseñanzas deja en la Judicatura la fallida reforma de la justicia?
Hay un reto inmediato de responder a las expectativas del país. Necesitamos una mejor justicia y hacer lo que se deba por lograr ese objetivo.Se ha reflexionado en las razones que motivaron la reforma y en encontrar soluciones puntuales.
¿Por qué las mediciones internacionales califican al país con una justicia ineficiente?
La mayoría son estudios de percepción o encuestas de opinión que no tienen en cuenta las diferencias de fondo entre los sistemas judiciales. Hay que mirar el carácter normativo y de funcionamiento, los tipos de proceso, de conflictos sociales y de recursos para funcionar. Aunque hay parámetros internacionales, cualquier análisis debe partir de sus diferencias.
¿Cuál es, entonces, la situación de la justicia en Colombia?
Estos son los hechos reales: en los últimos cuatro años, el nivel de demanda anual de justicia en el país ha sido de 2.200.000 procesos. Eso es lo que ingresa anualmente a los despachos. Hay una cifra de procesos acumulados, que al 2011 eran 2,2 millones. Hoy los jueces están resolviendo 2.700.000 casos al año. Entonces, se están evacuando 500.000 procesos más que los que entran.
¿Si no es el desempeño de los jueces, qué origina la congestión judicial?
Nos parece que debemos abordar el tema en forma integral, mirando no solamente cómo funciona la Rama sino también cuál es la causa que origina la demanda de justicia. Encontramos que el 25 por ciento de los procesos que entran son tutelas: ahí lo que vemos es que el ciudadano se ve obligado a recurrir a los jueces para proteger sus derechos.
¿Cuál es la solución?
El sector privado debe reducir la demanda de justicia en sus prácticas. Lo mismo, los abogados. De hecho se emprendió con ellos un plan para acabar con los procesos represados. El Estado debe hacer esfuerzos en mejorar aspectos como la seguridad social y la prestación de salud, para evitar las tutelas. También se debe incentivar la solución alternativa de conflictos, de manera extrajudicial, y el respeto por la Jurisprudencia, que los funcionarios del Estado la reconozcan, la acaten y la apliquen.
¿Cuándo contribuye el Estado a congestionar los despachos?
Son muchas las situaciones de nuevas legislaciones, nuevos códigos, que empiezan a aplicarse sin mecanismos adecuados de previsión. Si se prevén nuevos delitos, o una mayor intensidad en las acciones penales, eso tiene repercusión en la demanda de justicia. Y esto obliga a disponer de los nuevos recursos. Desafortunadamente eso no pasa con mucha frecuencia.
¿En qué casos sucede eso?
La ley de tierras es un ejemplo. A pesar de convertirse en una política de Estado, con un compromiso de la sociedad y de todas las instituciones, no se dio tiempo prudencial para la preparación del sistema judicial. Lo mismo sucedió con la implementación del nuevo Código Contencioso; fue expedido en año y medio, cuando ya se había adjudicado el presupuesto del 2011 y no había recursos para empezar su implementación.
¿Cuál es la necesidad más urgente de la justicia?
Se necesitan más jueces para atender la demanda permanente. Y mayores recursos para trabajar donde se requiere solucionar situaciones de atraso. El mismo sistema judicial las puede corregir con medidas de descongestión que ya están en marcha.
'Habrá rendición de cuentas y se modificará evaluación a jueces'
Estamos analizando estrategias como la rendición de cuentas, un código de ética para la Rama Judicial y programas anticorrupción para mejorar la transparencia, lo mismo que programas de gerencia y gestión para levantar la eficiencia. Se va a revisar el sistema de carrera judicial para mejorarlo, lo mismo que el sistema de evaluación de los jueces y magistrados.
¿Qué garantiza que no volverán a darse escándalos como el del 'carrusel' de pensiones?
Los procedimientos irregulares no pueden tener cabida en esta corporación. Hay claridad entre nosotros sobre el rigor con el que se debe actuar. Se tiene conciencia de que debe haber un acatamiento de la ley.
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