Otra visión de la constituyente

Otra visión de la constituyente

03 de agosto 2012 , 06:22 p. m.

Como es usual en Colombia, ya están cayendo rayos y centellas sobre la propuesta de convocar una constituyente para reformar la justicia. Así ha sido siempre que se ha planteado la apertura de nuevos espacios democráticos o el desarrollo de los mecanismos que se consagraron en la Carta del 91.

A la elección de alcaldes y gobernadores se le puso el rótulo de iniciativa peligrosa. Lo mismo pasó con la asamblea que redactó la Constitución vigente. Y, una vez promulgada esta, se han escuchado voces de alarma cada vez que alguien tiene la osadía de proponer que se acuda a alguna de las herramientas de la democracia de participación.

Esas controversias no causan sorpresa, pero las conveniencias del país aconsejan que los debates que interesan a la nación trasciendan la coyuntura y se hagan con una visión más amplia.
Hoy son muchos los que piensan que lo que está en juego es la reelección del expresidente Uribe o el peligro de que se cuele la izquierda radical en la nueva constituyente, además del riesgo de su desbordamiento.

Ninguno de esos asuntos es el de fondo. Lo que debe tenerse en cuenta para adoptar una postura en favor o en contra de la iniciativa es el desarrollo de la participación ciudadana, la colaboración armónica de los poderes, su legitimidad social, el levantamiento pacífico de la gente y la reforma de la justicia.
Vamos por partes.

En primer lugar, sería imperdonable olvidar que la columna vertebral de la Carta, que es la democracia participativa, no es el producto de la fértil imaginación de los constituyentes. Su consagración fue el único mandato específico que dieron los colombianos.

A lo cual debe agregarse que ese encargo se cumplió con el cuidado de incorporar controles que impidieran el abuso de sus mecanismos y caer en la deformación del presidencialismo plebiscitario.

En ese orden de ideas, el famoso peligro de la asamblea desbordada no existe. Se necesita una ley, que debe definir, entre otros aspectos, su competencia. Dicha ley está sometida a control previo de constitucionalidad, y los electores deciden tanto sobre la convocatoria como sobre los temas, lo que fija, de esa manera, unas reglas que no pueden ser variadas con posterioridad.

En las circunstancias actuales, el cumplimiento del proceso que está contemplado en las normas, además de darle plena vigencia a la esencia de la Carta, es una oportunidad para que, a los ojos de todos, brille la armonía en la colaboración de los poderes.

Si el Gobierno promueve un acuerdo que defina los términos de la ley, en la que podría incluirse que los presidentes de las altas cortes tengan derecho a voz en la asamblea, el Congreso la aprueba y la Corte Constitucional actúa, la gente verá un ejemplo concreto de lo que ordena la Constitución.

Este sería un camino hacia la recuperación de la credibilidad social de los poderes, que sigue muy afectada.

Por otro lado, el tema debería ser la reforma de la justicia exclusivamente. Además de que se trata de una necesidad, la dura reacción de la opinión le ha dado un gran valor simbólico. Entregarles a los colombianos, siguiendo ese camino, la verdadera reforma de la justicia que esperan y reclaman tendría un significado histórico inmenso.

Finalmente, no hay que llamarse a engaños. Ese tema no está ahora en los primeros planos de las noticias diarias, pero los colombianos lo tienen presente. Sería un error dejar que pase el tiempo mientras la insatisfacción crece, a la espera de un nuevo episodio que la ponga en evidencia.

Lo único que no puede pasar en esta materia es que no pase nada. Y es mejor que lo que vaya a suceder sea el resultado de un proceso institucional, con reglas y controles, como el de la constituyente.

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