Otra vez, las cárceles

Otra vez, las cárceles

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24 de julio 2012 , 01:14 p. m.

Titulado 'Cárceles, una bomba de tiempo por hacinamiento', reciente informe de este diario pone una vez más el dedo en la llaga al tema de prisiones cuando advierte que el drama carcelario es de tal magnitud que, por ejemplo, en la Modelo de Bogotá hay 7.965 internos, cuando está hecha para 2.950.

El hacinamiento, claramente violatorio de los derechos humanos, acarrea enfermedades, carencia de atención médica y corrupción. Denota, asimismo, incapacidad del Estado para cumplir uno de los fines de la pena: rehabilitar al delincuente.

El problema no es del Inpec, que pese a sus reconocidas fallas hace cuanto puede, como lo prueba la acertada gestión actual del general Gustavo Ricaurte.

El drama penitenciario se debe a los gobiernos y al Congreso, hasta hoy incapaces de diseñar una política criminal estable, que señale cuáles comportamientos ameritan realmente castigo penal y en qué casos el sindicado debe ir a una cárcel desde el inicio del proceso.

El país sigue la vía del facilismo penal. Antes que analizar en toda su dimensión un problema, suele utilizarse -a veces por presión de la opinión- el Código Penal como instrumento de gobierno.

Ya no se distingue entre homicidio agravado, secuestro o extorsión, y el no pago de una cuota alimentaria. Hemos desgastado hasta el infinito el mecanismo penal.

El código del año 2000 se ha "descuartizado" por completo, al reformarlo por situaciones puramente coyunturales: se aumentan muchas penas, pero la criminalidad no disminuye; el Congreso no estudia seriamente los proyectos de ley, porque muchas veces solo complace a la galería para arrancarle transitorios aplausos.

Es grave, digamos, que una persona mate por su irresponsabilidad al conducir embriagada. Pero nada se resuelve llenando las cárceles de borrachos o drogadictos por la potencialidad que tienen de hacerse daño a sí mismos o a los demás.

El penalista Yesid Reyes ha mostrado la contradicción que implica aumentar penas y volver no desistibles delitos como la violencia intrafamiliar o la inasistencia alimentaria.

Si la violencia genera lesiones o muerte, las penas aplicadas son las previstas para el homicidio o las lesiones agravadas por el parentesco.

En materia de inasistencia alimentaria, ¿se denunciará a millonarios o a quienes tienen sueldo, fácilmente embargable? Porque la dura lex se aplica, ante todo, a desempleados sin ingresos fijos, y llevarlos al hacinamiento de una cárcel no ha probado ser la mejor solución.

Todavía es alto el porcentaje de detenidos para ser procesados que no han recibido condena y, algo peor: que probablemente nunca vayan a recibirla.

Es explicable que para casos que conmueven a la opinión se clame por la cárcel. Pero el legislador está obligado a sopesar todas las situaciones antes de expedir normas a la ligera, pues no todo comportamiento social inadecuado puede acarrear privación de la libertad.

Al país se le hizo creer que con el "sistema acusatorio" la libertad iba a ser la norma y la cárcel, la excepción; pero ha ocurrido todo lo contrario.

Aduciendo "peligro social" se apresa desde la audiencia de imputación aun por delitos menores. Y por eso las contradicciones son inmensas, pues en ocasiones el mero hecho de haber sido funcionario público convierte a la persona en un "peligro social".
Así que también en materia penal el nuevo Congreso debería ejercer más control político y parar la alocada carrera para expedir leyes sin suficiente análisis ni discusión serena.

Por esa tendencia a legislar a como dé lugar se ha visto afectada, además, la independencia de los poderes. Roy Barreras, nuevo presidente del Congreso, anuncia que los congresistas no pueden seguir firmando las ponencias preparadas por el Ejecutivo. Buen propósito de enmienda.

@gomezmendeza

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