'Estamos amarrados'

'Estamos amarrados'

22 de julio 2012 , 08:54 p. m.

Esa fue la certera y dolorosa frase de uno de los soldados durante el incidente en el cual los militares fueron arrastrados de su lugar de patrullaje en Toribío. Esa escena humillante -así como la rueda de prensa del jefe guerrillero del retén- lo hace a uno pensar en los años aciagos del Caguán. La delicada situación del Cauca es, en el fondo, la esperable consecuencia de la pérdida del rumbo del país en materia de seguridad.

Al presidente Santos lo elegimos con la profunda convicción de que era indispensable la continuidad de la política de seguridad democrática, que tan exitosa fue para Colombia entre el 2002 y el 2010. Los hechos demuestran que el Gobierno ha sido inferior a esa expectativa.

Las cosas empezaron mal con la innecesaria burocratización de la política de seguridad. La creación de la Consejería de Seguridad Nacional y la de Seguridad Ciudadana le impusieron una intermediación dañina al accionar del Ministro de Defensa (hombre bueno y capaz) y la cúpula de las Fuerzas Militares. En esas consejerías se originó, entre otras, la nociva doctrina según la cual las bacrim no pueden ser combatidas por el Ejército.

El éxito de la política de seguridad democrática se debió a la confianza que generó entre los ciudadanos y la moral que despertó en la tropa. Esto fue posible porque se trabajó en dos frentes: el político y el jurídico. En ambos se ha retrocedido. Desde el punto de vista político, poco ha ayudado la equívoca obsesión del Gobierno por una paz prematuramente negociada. Tampoco sirvió graduar a Chávez de "nuevo mejor amigo", a sabiendas de su relación estrecha con las Farc. Por razones que suenan a vanidad, se abandonó la microgerencia de Uribe, que tanto dinamismo le dio a la política de seguridad. Nadie debería saberlo mejor que el autodesignado Ministro de Defensa estrella. También se perdió la red de informantes y cooperantes que durante años vitalizó la denuncia ciudadana y acrecentó la cercanía y apoyo a los soldados y policías.

Desde el punto de vista jurídico, el panorama no puede ser más desolador. No hay fuero militar y estamos por lo menos a 18 meses de que pueda entrar en vigencia. La desprotección judicial de nuestros soldados es tan apremiante que más de 2.000 procesados por la Fiscalía han preferido declararse culpables para acceder a una pena menor que someterse a juicios sin garantías ajustadas a su función y expuestos a penas de hasta 30 años de prisión. Y como si esto fuera poco, se aprobó con bombos y platillos el marco jurídico para la paz, que crea condiciones de impunidad para los líderes de la guerrilla.

Las consecuencias están a la vista. Según las cifras de mayo del propio Mindefensa, las acciones guerrilleras han aumentado significativamente este año. El Observatorio de Seguridad de la Universidad Sergio Arboleda revela que las Farc han regresado a 50 municipios. Las bacrim tienen azotadas muchas regiones con extorsión y los ciudadanos han perdido el interés de la denuncia. El área sembrada de coca ha vuelto a crecer en departamentos como Putumayo y el Cauca. Sólo en los resguardos indígenas la siembra ha crecido un 21 por ciento.

Lo que más preocupa de todo esto es la actitud del Presidente, quien parece no reconocer la verdadera dimensión de los problemas. Hace apenas una semana sostuvo Santos que "el Gobierno tiene el control del Cauca", y los hechos hoy refutan sus osadas palabras. Queda la sensación de que el Presidente llegó tarde al problema (como tarde llegó a tumbar su propia reforma de la justicia), y con el diagnóstico equivocado. Tiene razón el soldado: "Estamos amarrados". Ojalá el Gobierno sepa oír a sus críticos y corrija el rumbo, para bien de Colombia.

Óscar Iván Zuluaga

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