San Andrés no es un acto de fuerza, sino expresión del derecho

San Andrés no es un acto de fuerza, sino expresión del derecho

Un experto en Derecho Internacional explica el litigio Colombia-Nicaragua por el archipiélago.

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17 de julio 2012 , 08:54 p.m.

América Latina no es tierra de nadie, sujeta a la colonización. Por el contrario, está basada en un criterio normativo de la jurisprudencia fronteriza americana, donde impera la "línea de derecho" para la demarcación territorial y marítima.

En ese contexto, los límites entre Colombia y Nicaragua, que declaran la soberanía nacional sobre todas las islas, islotes, cayos, bancos y bajos de nuestro actual departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tienen que entenderse como una expresión del derecho y no como fruto de un dictamen de la fuerza.

Bajo tal amparo ha actuado siempre la República de Colombia; defensora del derecho internacional, que, a través de la Cancillería de San Carlos, ha procedido a defender nuestro departamento archipiélago; en consecuencia con un grupo de juristas ante la Corte Internacional de Justicia.

Desde sus inicios como Nación independiente ha alegado, conforme a la ley, ante las antiguas repúblicas que conformaban las Provincias Unidas de Centroamérica, que permitieron guiar el trazado de las fronteras marítimas realizadas con Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Honduras y Jamaica.

Nuestro archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no ha sido la excepción. Los cayos, bancos y bajos que lo conforman fueron adscritos por la Real Orden del 20 de noviembre de 1803 y luego, plasmados, partiendo de la buena fe, en el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928.

Hay que aclarar, primero, que la Corte, ante el litigio planteado por Nicaragua, estableció claramente que "las cuestiones que constituyen el asunto de la disputa entre las partes por mérito son, primero, soberanía sobre territorio (propiamente las islas y demás formaciones marítimas reclamadas por las partes) y, segundo, el curso de la delimitación marítima entre las partes".

No hay que entrar, pues, en discusiones y especulaciones que pueden desviar nuestra verdadera atención y objeto del litigio: la soberanía colombiana sobre el archipiélago formado por San Andrés, Providencia y Santa Catalina no está en discusión.

Los contradictores de la Convención de Jamaica han alegado que la Parte IV de este documento estipula lo relativo a "Estados archipelágicos" y no a archipiélagos que conforman un Estado.

Frente a esa situación, hay que insistir en que "por Archipiélago se entiende un grupo de islas, incluidas partes de islas, las aguas que las conectan y otros elementos naturales, que estén tan estrechamente relacionados entre sí que tales islas, aguas y elementos naturales formen una entidad geográfica, económica y política intrínseca o que históricamente hayan sido considerados como tal".

Irónicamente, de esta aparente contradicción surge la respuesta adecuada para la defensa de nuestro archipiélago y sus formaciones, pues son una entidad histórica, geográfica, económica y políticamente considerada como tal, que se ha reafirmado por la postura adoptada por sus habitantes.

Esta es la visión que han tenido los raizales de San Andrés cuando solicitaron su adhesión a la Constitución de Cúcuta de 1821, en la cual expresaron: "Los hombres del archipiélago, ciudadanos y soldados, enarbolaron la bandera que les envió el gobierno de Bogotá, y a instancias, es justo reconocerlo, de Luis Perú Delacroix, se leyó parte del texto constitucional, incluyendo el exordio, y luego los asistentes juraron fidelidad al espíritu de la Carta Fundamental".

Desde el momento de su independencia, la población de San Andrés ha entendido y manifestado su lealtad y fidelidad no solo al Virreinato de la Nueva Granada, sino a la República de Colombia, por considerar que los artículos 2 y 6 de la Carta de 1821 reafirman la íntima relación que han mantenido a través de su historia con nuestro país.

En el entendido no solo de su autodeterminación, que encaja perfectamente en la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de Naciones Unidas, pues desde tiempos inmemorables los habitantes de esa región del Caribe colombiano han mantenido su subsistencia del producto honesto de la pesca, rica en recursos ictiológicos que les garantiza su manutención pacífica, lo cual está acorde con el Plan Nacional de Desarrollo, que declaró esa zona reserva natural y ecológica. Además, han sido estrictos observadores de no sobrepoblar el archipiélago, en el sentido de no romper el equilibrio ecológico existente allí.

En cuanto a la frontera marítima, las reales ordenes, los laudos y los tratados, en especial el Tratado de Esguerra-Bárcenas de 1928, confirmado por la Corte Internacional de Justicia como plenamente vigente, no dejan la menor duda de la vigencia de los títulos heredados de la corona española. Aquí está la expresión del derecho en su más clara dimensión.

Por esta razón, en América Latina la línea limítrofe está basada en un criterio normativo del derecho fronterizo americano, donde impera la "línea de derecho" para la demarcación territorial y marítima; y no como abusivamente un escritor nicaragüense, en un libro que titula Enclave colonialista en Nicaragua, publicado en 1978, desconoce nuestra historia de respeto e intangibilidad de las fronteras.

Es por esta razón que, si bien la demarcación o delimitación de la frontera marítima es de los asuntos más complejos que enfrentará la Corte Internacional de Justicia, es de esperar que la misma tenga en cuenta en esta decisión, muy especialmente, "el caso relativo a la controversia sobre fronteras terrestres, insulares y marítimas (El Salvador contra Honduras: intervención de Nicaragua)", que falló el 11 de septiembre de 1992, donde otra vez expresó: "Las dos partes (el Estado interviniendo) nacieron de la descomposición del imperio español en América Central, sus territorios corresponden a subdivisiones administrativas de ese imperio. Desde el inicio se aceptó que las nuevas fronteras internacionales deberían seguir los límites administrativos coloniales, de conformidad con el principio generalmente aplicado en América Hispana del utis possidetis juris. Después de la proclamación del 15 de septiembre de 1821 de la independencia de América Central de España, Honduras y el Salvador, formaron con Costa Rica, Guatemala y Nicaragua la República Federal de Centroamérica, correspondiente a la Antigua Capitanía General de Guatemala o Reino de Guatemala".

En otras palabras, la Corte, en su sentencia, indiscutiblemente aplicará el derecho que se ha venido desarrollando y consolidando en el Derecho del Mar. Eso es, precisamente, lo que esperamos en Colombia.

Acerca del autor

Arturo Gálvez Valega es doctor en Derecho Internacional, exdirector general de Soberanía Territorial del Ministerio de Relaciones Exteriores, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y profesor-investigador del Programa de Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte.

Arturo Gálvez Valega Ph. D.
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