En San Andrés sigue la fiesta con los narcobienes de la DNE

En San Andrés sigue la fiesta con los narcobienes de la DNE

La Contraloría le cuestiona a la entidad el manejo de 365 bienes incautados.

16 de julio 2012 , 09:56 p.m.

El escándalo por la administración de uno de los hoteles más reconocidos en San Andrés, el Sunrise Beach, es apenas la punta del iceberg de los cuestionamientos de la Contraloría a la Dirección Nacional de Estupefacientes, en liquidación por el mal manejo de 365 bienes incautados a la mafia.

Hace un mes, la DNE removió al depositario del hotel Ricardo Álvarez Bustillo, a quien la Dian investiga por enviar soportes de liquidación de renta hasta $ 2.000 millones por debajo de los ingresos reales del hotel. El administrador, a quien se le encontraron cheques posfechados por 200 millones de pesos en préstamos de la caja menor, llegó incluso a trasladar pérdidas del hotel a la DNE (jugada ilegal) y se habría liquidado honorarios casi 100 millones por encima de lo que le correspondía. (Lea también: Contraloría dice que males que 'mataron' a DNE se mantienen)

La feria de bienes en la DNE no desapareció con la liquidación, asegura el ente de control, que tiene a San Andrés como eje de su última auditoría en la materia.

"En la isla hay bienes coadministrados o utilizados por personas ajenas a los depositarios. Existen bienes bajo la custodia de sus propietarios, a los mismos a los que se les incautaron; hay desactualización del inventario, y otros amenazan ruina por estar sin encerramiento". Sobre la embarcación Mr. Goby, que se encayó en los arrecifes, se advierte que nadie la ha ido a rescatar, lo que puede ocasionar una tragedia ambiental.

De las cabañas Morgan Bay, incautadas por la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía, la Contraloría asegura que la DNE desconoce el nombre de quien administra. Esto sin contar con que en cinco de las cabañas habitan personas que no pagan absolutamente nada al Estado.

La Contraloría le sigue la pista a varios casos en los que podrían estar involucrados funcionarios de la administración departamental y de la Rama Judicial. Incluso, en una Casa Hotel, los habitantes del sitio le dijeron a la Contraloría que desconocían que el predio estuviera incautado.

El informe de auditoría, que pide el inicio de juicio fiscal contra la agente liquidadora María Mercedes Perry, también menciona casos como los de la Ferretería Providencia IP y D, que está en manos de la misma persona a la que le fue incautado el negocio. Y advierte que están desaparecidos varios vehículos administrados por la Policía y que las motonaves entregadas para cuidado de la Armada están en total deterioro.

"Falta supervisión y seguimiento de los bienes por parte de la DNE Hay inconsistencias y desactualización de inventarios", dice la auditoría conocida por EL TIEMPO.

La Contraloría también advierte de responsabilidades de la Administración Departamental en la mala inversión de recursos. En uno de los casos, pese que la Administración Departamental compró por 725 millones de pesos un lote para construir allí la Casa del Infractor Menor, sin tener en cuenta que Estupefacientes tenía en la isla terrenos similares o más aptos.

Lo más paradójico es que el predio que se compró,  dice la Contraloría, había sido adquirido por el anterior dueño en 69 millones de pesos. Y hace dos meses, con plata de la DNE, se compró un carro de bomberos para la isla en casi 500 millones de pesos. Nadie sacó pólizas de seguros y el vehículo está hoy inmovilizado porque se quemó.

El domingo, María Mercedes Perry le dijo a EL TIEMPO que se están tomando medidas sobre la situación de San Andrés y que se han relizado ya cinco reuniones con las autoridades del archipiélago para ponerle control a los bienes incautados a la mafia allí.

Descontrol se extiende a todo el país

En noviembre del  2011, se realizó en el hotel Chinauta Resort el Festival Flora Muestra Agroindustrial y Vitrina Turística y cultural de Fusagasugá. El evento estaba contratado por 24 millones de pesos, de los cuales solo 10 millones fueron cancelados al nuevo depositario Sociedad AMC Operaciones hoteleras. La Contraloría aún cuestiona dónde se quedó el faltante.

Durante tres años, 14 locales comerciales en Barranquilla, fueron alquilados sin que la DNE conociera un solo informe de su rendimiento. Según la auditoría, el administrador "presuntamente  cobraban los cánanes  de arrendamiento de los locales a título personal". Este hecho ocasionó un detrimento partimonial calculado en 154 millones de pesos más 7 millones por las cuotas de administración que se dejaron de pagar, según advierte el ente de control.

Contrato que enreda a agente liquidadora

1.232 millones de pesos costó en el 2011 el contrato con Almagrario para la "conservación y custodia de vehículos y motos que están a disposición de la DNE".

La Contraloría cuestiona  que María Mercedes Perry suscribió el contrato siendo parte de la junta directiva de la entidad. Y señala que los establecimientos de Almagrario, que lleva contratando con la Dirección de Estupefacientes desde el 2007, no cumplen con las necesidades de los bienes, ya que están en potreros al aire libre.

De hecho, el ente de control no se explica por qué por un vehículo que está en condiciones de chatarra se pagan 200 mil pesos mensuales por su depósito.

REDACCIÓN JUSTICIA

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