Víctimas marcharon en Pereira para reclamar más atención del Gobierno

Víctimas marcharon en Pereira para reclamar más atención del Gobierno

Pueblo Rico, Mistrató y Quinchía son los municipios risaraldenses más azotados por la violencia.

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10 de julio 2012 , 04:04 p. m.

Edelmira Burocuara y sus hijos tuvieron que huir de su hogar ubicado en el corregimiento de Santa Cecilia, en el municipio de Pueblo Rico (Risaralda), porque sentían que su vida corría peligro, en medio del conflicto armado. "Estábamos amenazados. Tuvimos que trasladarnos a Apía (municipio cercano), porque no queríamos que nos mataran", afirma Edelmira, quien en compañía de su hija mayor, marcharon hoy en la capital risaraldense, en busca de una pronta una respuesta de los gobiernos nacional y departamental a la problemática que viven 61.534 víctimas del conflicto en Risaralda.

"Yo diría que no hay enfrenamientos en Risaralda, aunque hay presencia intermitente de grupos insurgentes en límites de Pueblo Rico con el Chocó. También hay focos paramilitares en Quinchía y Mistrató (también en Risaralda), donde hay amenazas contra los indígenas, que en este momento son la población más afectada. La marcha tiene como objetivo visibilizar a las víctimas y acompañarlas en su reclamación, para decirle al Estado que es necesario tener una relación cordial, para que podamos tener una efectividad en la ley 1448 (ley de víctimas)", indicó Carlos Mario Orozco, director ejecutivo de la Federación de Víctimas.

Desplazados, indígenas, funcionarios públicos e integrantes de organizaciones de derechos humanos se dieron cita en la Plaza Cívica Ciudad Victoria, para iniciar lo que han denominado como Marcha Silenciosa, debido a su objetivo pacífico, donde se espera obtener soluciones concretas dentro del proceso de la ley de víctimas, que como ellos aseguran, no llena sus expectativas.

Eisenhower D'Janon Zapata, delegado de la Mesa Departamental de Víctimas, afirma que lo que se pretende con la manifestación es que en los planes de desarrollo departamentales y municipales estén articulados con los planes zonales con indicativos claros de los recursos que se van a invertir en este tema.

"Es importante trabajar en darles a las víctimas garantías de no repetición, de retorno y de reclamación de tierras. Al igual se debe proteger los líderes de cada una de las organizaciones que están peleando por las víctimas, porque ya hay 12 amenazas en el caso de Risaralda y se le ha dicho al procurador Alejandro Ordóñez que es necesario investigar a los servidores públicos que se atreven a cuestionar la legitimidad de las organizaciones de víctimas, porque creen que ellas solo figuran en el papel, pero son de carne y hueso y hay que respetarlas, no importa sus formas de organizarse", indicó el Delegado.

Zapata resaltó que Risaralda tiene un grave problema porque no quedó con un Juzgado de Tierras y que esto traerá como consecuencia que las "víctimas se van a volver a 'revictimizar' si les toca regresar a sus pueblos".

En medio de pancartas y diseños alusivos al respeto y la dignidad ciudadana, las distintas organizaciones caminaron pacíficamente por las calles del centro de Pereira para culminar en un acto representativo en la Plaza de Bolívar, en medio de ovaciones y entusiasmo por parte de los líderes organizadores de la marcha. "Lo que buscamos es la unificación de las víctimas alrededor del país, para visualizar las necesidades que no han sido reparadas en todo este proceso",  indicó Jesús Mario Corrales, líder nacional por el Reclamo de Tierras y representante legal de la Fundación Nuevo Amanecer.

Por su parte, Delfín Arce, Consejero Tradicional Indígena del Cric, manifiesta que los indígenas de Risaralda quieren unirse a la protesta que hoy tiene bloqueada la carretera Medellín-Quibdó obstruyendo la vía Pueblo Rico - Quibdó, para aislar completamente al Chocó. "No tenemos una fecha puntual, estamos esperando una orden de la Asociación Nacional de Comunidades Indígenas para proceder".

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