El momento de la ciudadanía

El momento de la ciudadanía

02 de julio 2012 , 03:55 p.m.

Lo que hace unos años era impensable en un país amodorrado por la ausencia de mecanismos de participación, la violencia capaz de intimidar cualquier crítica, el manoseo y complicidad de gobernantes, políticos y delincuentes y el caudillismo de un gobierno nacional que pretendía hacerse eterno sin importar los medios, ahora ha sido un acontecimiento de resistencia civil que logró echar abajo la pretendida reforma de la justicia. Ya se había sentado un precedente con la reforma de la Ley 30, cuyo fracaso no parece haber tenido responsables.

Pero en esta oportunidad la protesta no provino de un sector específico, ni se pudo achacar a grupos extremistas o infiltrados por la subversión. Más bien fue un rechazo generalizado de todos los sectores de la sociedad frente al intento de subvertir la Constitución por cuenta de quienes por oficio tienen la responsabilidad de defenderla. Desde luego, el Gobierno presentó y defendió la iniciativa a lo largo de los dos períodos en que debían darse los ocho debates reglamentarios. Las mayorías del Congreso, montadas en la unidad nacional, aprovecharon alegremente la urgencia del Ejecutivo para encontrar caminos que las libraran de cualquier responsabilidad presente o futura en relación con sus comportamientos éticos, políticos, penales...

Tal vez todos estos congresistas, muchos de ellos (más de cien) investigados por diferentes faltas disciplinarias y delitos de diversa índole, pensaron que, una vez hecho el entuerto, las cosas tomarían el camino usual de la apatía social y terminarían consolidando su cinismo colectivo ante la impotencia del Ejecutivo y de los órganos de control, relevados de sus facultades por una manada de sinvergüenzas.

Pero algo insólito sucedió y comenzaron a ser útiles para la democracia las redes sociales, las organizaciones civiles, los medios de comunicación y las movilizaciones pacíficas de ciudadanos indignados. Es increíble que los legisladores, a quienes pagamos sumas mensuales que no merecen, viajes de placer a lugares remotos del planeta, automóviles, viáticos, primas y pensiones que cada mes representan el patrimonio completo de millones de colombianos pobres, hubieran creído que meter los 'micos' que metieron era un asunto que no interesaba a la gente. La justicia es tal vez el bien más esquivo que hay en este país, y el derecho con menores garantías para quien no tiene influencias y dinero. Y estos pícaros querían que cuanto se aprobara en la reforma estuviera solo a su servicio y conveniencia. Nunca esperaron la reacción social que provocó su audacia retorcida.

Ahora quedan notificados del surgimiento de un poder ciudadano que no está sujeto a los partidos políticos. Deben saber que cada uno de sus actos será celosamente vigilado porque no confiamos en ellos. Es importante informar por todas las redes posibles de cuanta investigación tengan pendiente, de su asistencia a las sesiones, de sus consumos de gasolina, del cuidado de los bienes que usan, de los viajes que emprenden. Todos tenemos derecho a saber qué hacen con nuestros recursos aquellos que dicen representarnos.

Una cosa es la libertad de pensamiento y la de expresión que se traducen en la inviolabilidad del voto, y otra cosa es la impunidad frente a la vagabundería. Nunca más debe representar al pueblo alguien aliado con delincuentes. Nunca más se debe elegir a quien ha usado en su provecho los recursos del Estado.

El Gobierno también parece haber entendido que sus mayorías deben ser llevadas con cautela, y los ministros, asumir responsabilidades, como dignamente hizo el de Justicia.

El saldo pedagógico de este episodio, como diría Mockus, es constatar que la indignación ética es mucho más efectiva que la revuelta violenta.

Francisco Cajiao
fcajiao11@gmail.com

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