Denuncian que sede de la Contraloría sería una 'trampa mortal'

Denuncian que sede de la Contraloría sería una 'trampa mortal'

Trabajadores y visitantes alertan sobre daños y deterioro de la edificación.

01 de julio 2012 , 10:48 p. m.

Detrás del trasteo de la Contraloría, que ha recibido críticas por el valor del canon de arrendamiento de la nueva sede, hay una impresionante historia de problemas técnicos del viejo edificio  donde hace más de 30 años funciona la entidad.

El Centro Colseguros, uno de los edificios emblemáticos de Bogotá, ubicado en pleno centro de la ciudad y declarado patrimonio cultural se queda sin sus principales inquilinos: los 1.700 funcionarios de la Contraloría General de la República.

Aunque la construcción tiene más de 30 pisos, no son pocos los trabajadores que a diario suben y bajan por las estrechas escaleras. ¿La razón? Las constantes descolgadas de los ascensores, que han dejado decenas de lesionados y que incluso tienen a la entidad en riesgo de demandas millonarias.  Una de ellas la acaba de entablar una funcionaria que sobrevivió a una descolgada desde el piso 27, cuando fallaron varias bandas de uno de los ascensores. Por los golpes que sufrió, dice la demandante, quedó con una lesión permanente en la columna vertebral que le genera vértigo y constantes dolores de cabeza y de espalda.

Ella asegura que la falla ocurrió por falta de un adecuado mantenimiento y de no llegar a un acuerdo acudirá a los tribunales administrativos. Los directivos de la Contraloría explican que ellos no tienen el control del edificio. Aunque la entidad es dueña de las oficinas, hace parte de una junta de copropietarios que administra las zonas comunes, entre ellas los ascensores.

Carlos Eduardo Umaña, gerente de Talento Humano de la entidad, asegura que el deterioro del edificio lo ha convertido en una trampa mortal. "No pasa un día sin que ocurra un incidente en los ascensores, se reciba una incapacidad por enfermedad respiratoria o por la caída de un trabajador", señala el funcionario.
Además de los sustos con los ascensores, las casi dos mil personas que a diario trabajan en el edificio tienen prohibido beber agua de las llaves, por la contaminación de los tanques de almacenamiento; y no pueden abrir las ventanas de casi ninguna oficina, que fueron selladas hace años y están cristalizadas. La falta de aire corriente, sostienen los trabajadores, es la causa del altísimo número de incapacidades por enfermedades respiratorias.

La Contraloría paga 90 millones de pesos mensuales de administración, pero el mantenimiento que recibe el edificio es mínimo. La repotenciación de los ascensores y la readecuación de las redes eléctricas, el sistema de ventilación y de conducción de agua --las fallas más críticas-- costarían unos 1.600 millones de pesos, una suma no muy elevada que sin embargo no puede invertirse porque el edificio es una copropiedad y por eso se generaría un detrimento patrimonial. 

"Hemos propuesto en las juntas de copropietarios financiar la remodelación del edificio de manera proporcional, pero no se ha llegado a ningún acuerdo", asegura el gerente de Talento Humano de la Contraloría.

En el último año, señala un informe de la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) que presta los servicios a la Contraloría, se han reportado 161 accidentes de trabajadores, de los cuales 46 incidentes son caídas y la mitad de ellas suceden en las oficinas, en los pasillos y en los baños.

"Para caminar por la Contraloría hay que hacerlo como si se estuviera en un campo minado", dice Javier Morales uno de los funcionarios de la oficina de prensa de la entidad. Las alfombras están raídas, los cables eléctricos de los equipos de cómputo, fotocopiadoras y teléfonos no están canalizados y atraviesan de pared a pared los despachos. Las estanterías donde se archivan los documentos se caen constantemente por el peso.

Los aparatos eléctricos están conectados en multitomas, que además provocan sobrecargas, lo que también ha generando momentos de pánico por el riesgo permanente de incendios. Eso sin contar que el edificio no cumple con las normas antisísmicas exigidas en Bogotá.

Pero en caso de una emergencia, la evacuación provocaría más víctimas que el hecho en sí. Sólo hay un sistema de escaleras de no tienen más de un metro de ancho, que no da abasto a todo el personal en caso de una evacuación de emergencia. Tampoco permite bajar a un herido en camilla, a menos que sea en forma vertical.

Polémica por el cambio de sede

La contralora Sandra Morelli ha recibido críticas por la decisión de trasladar la sede de la entidad, que debe realizarse dentro de pocos días.

Los 1.500 empleados de la entidad saldrán del centro de Bogotá hacia uno de los más modernos edificios construidos en la capital, la segunda fase del Centro Comercial Gran Estación. El arriendo del edificio costará 60 mil millones de pesos por dos años (2.500 millones mensuales), por un área de 29.800 metros cuadrados, totalmente equipada con todo el mobiliario de oficina. 

"El costo de ese arriendo en muy inferior a lo que tendríamos que invertir si tuviéramos que asumir para recuperar el viejo edificio y dotarlo de toda la tecnología necesaria para su funcionamiento, mientras se decide una sede definitiva para la entidad", aseguró Ligia Helena Borrero, contralora Delegada para la Gestión Pública y que lideró el proyecto.

Uno de los cinco sindicatos de la Contraloría cuestiona que mientras las actuales instalaciones, que son de la Contraloría, no generan mayor gasto para el Estado, el traslado, por su costo, podría configurar un posible detrimento patrimonial.

También aseguran que en ese se proceso debió existir una licitación pública.

Algunos casos

Y mientras tanto el problema para los trabajadores se hace insostenible. Dora Liliana Orozco Gil, una funcionaria que trabaja en el archivo de la Delegada de Gestión Pública, se acostumbró a subir a pie más de 10 pisos hasta su lugar de labores para evitar los ascensores, después de otra descolgada del aparato.

Ella sufre constantemente de problemas de laringe. "Todos nos enfermamos, hay gente que ha tenido hasta lupus (dolencia provocada por un virus que afecta los músculos y la piel) por la falta de ventilación. La razón es que el sistema tuvo que ser clausurado por el hollín, el humo y el polvo que expedía por la falta de filtros".

Esto creó otro problema: como los diseñadores concibieron la estructura con un sistema central de ventilación las ventanas fueron selladas y el calor hace que los trabajadores tengan que abandonar las oficinas en los días calurosos en busca de aire fresco.

Esa es una de las razones por las que Angélica Ortiz, funcionaria de la Delegada para la Gestión Pública, esté pensando en regresarse para Puerto Inírida (Guainía), donde trabajaba antes de pedir su traslado a Bogotá hace un año. En todo este tiempo ha estado incapacitada por haber sufrido una laringitis y ha sufrido cuatro descolgadas de ascensor.

Además, tiene que prestar su puesto de trabajo a compañeros que no tienen donde laborar. Ángela confiesa que "cada día me cuesta más trabajo venir a laborar. Ver el edificio en ruinas y la forma como nos apretamos en las oficinas deprime a cualquiera. En Inírida no era así, y eso que estaba en medio de la selva".  

REDACCIÓN JUSTICIA

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