En el 'limbo' constitucional

En el 'limbo' constitucional

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25 de junio 2012 , 01:18 p.m.

Finalmente, el presidente Santos decidió bloquear la reforma de la justicia. La excesiva voracidad y la impudicia de una mayoría de congresistas para imponer cambios que califica como "inaceptables para el país y para el Gobierno" lo pusieron contra la pared. Y, pese a que no tiene los medios jurídicos para "objetar" una enmienda constitucional como la que se acaba de aprobar, hizo valer su peso institucional como Jefe de Estado para intentar su bloqueo. O, por lo menos, para enviar un fuerte mensaje institucional sobre la inconveniencia de ella.

Sin embargo, Santos sabe que el peso institucional no es suficiente. Porque, para ser rigurosos, el cambio normativo surtió los trámites establecidos en la Constitución Política, incluso con el conocimiento y la aprobación del Gobierno. Solo faltaba su promulgación en el Diario Oficial para que el nuevo ordenamiento entre a regir. Y si a algún legislador o a un ciudadano interesado le da por interponer una acción de cumplimiento que obligue al Gobierno a la publicación de la reforma, a los jueces no les quedaría otra alternativa que darle curso a la solicitud.

Así, si por cualquier razón la reforma se publicara, se producirán dos hechos que consolidarían todavía más el engendro jurídico. Por una parte, se instaura la figura de derechos adquiridos: los congresistas gozarán de privilegios disciplinarios y penales, mientras los magistrados verán ampliar sus periodos y la edad de retiro forzoso. Y, por otra, en aplicación del principio de favorabilidad constitucional, las excarcelaciones que se concedan o las prescripciones judiciales que se produzcan no podrán ser modificadas.

Otra cosa es que en el examen de constitucionalidad se compruebe un vicio de trámite o la interferencia de un interés particular que haya alterado el curso del proyecto y lo tumbe. Pero, para tumbar la reforma aprobada, no hay otro camino.

La fórmula que hasta ahora se ha planteado el Gobierno (citar a sesiones extraordinarias al Congreso para que estudie las "objeciones" del Presidente al texto aprobado) no es posible porque viola el ordenamiento jurídico. El artículo 375 de la Constitución, que regula las enmiendas constitucionales, establece muy claramente que cualquier reforma debe ser discutida y aprobada en dos periodos consecutivos de sesiones ordinarias y esa exigencia ya se cumplió. No cabe ningún trámite en sesiones extras. Cualquier discusión o votación adicional que mantenga o modifique el texto carece de validez jurídica. Y cualquier legislador que actúe en una u otra dirección estará prevaricando.

El problema es que aquí vamos rumbo a una fractura institucional. El vacío creado por una reforma constitucional aprobada conforme a lo establecido, pero que no puede entrar a regir por inconveniente, abre el camino para que los promotores de una asamblea constituyente encuentren eco y que, en aras de una "verdadera reforma de la justicia", modifiquen todo lo que se les ocurra. Y en un país en el que las mafias, los grupos armados ilegales y las redes de corrupción han demostrado tener una efectiva capacidad de elección, una asamblea constituyente será como un gran huracán. Que se sabe cómo comienza, pero no cómo termina.

Con los instrumentos vigentes, a Santos no le queda otro remedio que darle curso a la reforma. A menos que se decida a invocar la Razón de Estado, que desde 1521 ha servido para justificar el uso de "cualquier instrumento excepcional de parte de un sujeto con poder político, que actúe impulsado por la necesidad de conservar el comando personal y garantizar el orden en la sociedad". No hay otro camino. Invocar la Razón de Estado para evitar el caos judicial y dejar la reforma en el limbo constitucional, mientras se encuentra una mejor alternativa. Así Benedicto XVI haya dicho que el limbo no existe.

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