Una justicia sin transición

Una justicia sin transición

17 de junio 2012 , 09:18 p.m.

¿Y dónde está la transición? Porque, claro, lo que el Gobierno que con tanta vehemencia habla de las similitudes entre el recién aprobado marco para la paz y otros (lo cual está por discutirse) en experiencias similares en el mundo, es que estas fórmulas se aplican como parte de un proceso de transición posconflicto, de una negociación de paz, no mientras la confrontación alcanza pleno desarrollo. ¿La dictarán también por decreto?

Si lo que al Congreso y al Gobierno les sobra es audacia para hacer la paz, entonces, ¿por qué no empezar por la verdad? La verdad es el camino, incluso para hacer de la reparación de las víctimas un proceso real, que suscite reconciliación, que genere algún nivel de confianza pública.

Pero este marco para la paz, como tantas otras declaraciones de intenciones, apenas si es muestra de esa imposible costumbre colombiana de reducir a una ley lo que debería ser el más legítimo producto del diálogo social y el entendimiento, como un pacto central que reuniera las voluntades para encontrarle a esta barbarie una salida.

Muy poco pacíficos, eso sí, los términos que utilizaron los operadores de la reforma para responder a quienes, sin agenda política y con el más legítimo de los criterios, expresaron desde el principio muy serias dudas sobre las consecuencias de lo propuesto. Muy dicientes, digo yo, porque esos mismos hasta hace poco eran los que negaban la existencia del conflicto armado mientras aceitaban las máquinas de guerra y ahora, con la misma devoción de los nuevos convertidos, se suben con igual ligereza a defender una fórmula de paz basada en el olvido y la injusticia.

Habrá que recordar un asunto: que la responsabilidad internacional de enjuiciar se extiende tanto a los autores individuales de los crímenes como a sus superiores, bajo la teoría de la responsabilidad de la cadena de mando, y la omisión en el juzgamiento puede llegar a constituir una violación de todos los compromisos adquiridos por el Estado en cuestión. Que el marco no mencione de manera explícita que se trata de un intento por legalizar una amnistía para los más graves crímenes no significa que no nos hayamos dado cuenta de que es exactamente de eso de lo que se trata y, por tanto, este marco corre el franco riesgo de ser invalidado por una corte doméstica o una corte internacional.

Reiterar también que, como lo reconocen Cherif Bassiouni et al, en el 'Reporte Final de la Comisión Independiente de Expertos para la Comisión de Derechos Humanos sobre los Derechos a la Restitución, la Compensación y la Rehabilitación de las Víctimas de Graves Violaciones de los Derechos Humanos' (UN Doc. No. E/CN.4/2000/62), la sustancia de esta garantía comprende la obligación de exponer la verdad y hacer justicia, de restituir la honra, de reconocer el sufrimiento.

Además de devolverles lo que les robaron, las víctimas necesitan que se sepa la verdad, que se reconozca que nunca fueron causantes de su propia desgracia, sino que han padecido por haberse opuesto a la maldad, o acaso porque se le atravesaron a esa infinita sed de codicia que hoy alimenta nuevos ejércitos de guerra, "ejércitos antirrestitución", como se hacen llamar.

Si el Gobierno cree que su aplanadora legislativa reemplaza el consenso, se equivoca. Se equivoca, como se equivocó el gobierno anterior, al creer que popularidad y legitimidad son la misma cosa. Me reafirmo: la paz es tan, pero tan costosa, que ningún gobierno, no importa cuán popular sea, tiene cómo pagar ese precio. Será un compromiso por el que habremos de pagar todos, con los ojos bien abiertos, convencidos de que estamos listos para superar esta pesadilla.

Natalia Springer
Twitter @nataliaspringer

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