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Esta es la condena por crimen que casi rompe proceso de paz

Militares confesaron, 19 años después, asesinato de negociadores de la Crs.

"Yo no hablo con ningún h.p. guerrillero". Esas fueron las palabras del teniente José Miguel Velandia antes de dar la orden de asesinar a Geniberto Tapias y Evelio Bolaño. Ellos eran los negociadores reconocidos por el Gobierno en el proceso de paz que llevó a la desmovilización de la guerrilla de la Corriente de Renovación Socialista en 1993.
Casi dos décadas después del crimen, la justicia acaba de proferir las primeras condenas en el caso. Y lo que determinó es que miembros del Ejército asesinaron a los negociadores a sangre fría en lo que podría considerarse un 'falso positivo' de la época.
El 13 de septiembre del 93, Tapias y Bolaño llegaron, en un helicóptero pagado por el Estado, a Blanquicet, en Turbo (Antioquia), para coordinar la entrega de los integrantes de esa guerrilla, que finalmente se concretó en abril del 94, en Flor del Monte (Sucre).
Ernesto Parada, miembro del equipo de Paz del Gobierno, fue el encargado de llevarlos al sitio de concentración y luego se desplazó al comando de Carepa (Antioquia) para garantizar que los militares facilitaran la seguridad de los voceros de la Crs, una facción del Eln, y de cerca de 40 guerrilleros más que iniciarían el proceso de entrega.
Pero los militares de la zona tenían, según el fallo, otros planes. Dos días después llegó al sitio un grupo de militares del batallón Voltígeros, entre ellos el capitán Néstor Vargas y el teniente José Velandia. Los dos fueron condenados a 33 años de prisión por el crimen, que estuvo a punto de romper ese proceso de paz.
Aunque durante 19 años los oficiales negaron su responsabilidad, y a pesar de dos absoluciones de tribunales militares por "haber dado de baja a 2 guerrilleros en medio de un combate", los testimonios de miembros de la patrulla terminaron por develar la verdad.
Supuestamente, se trató de un encuentro fortuito. Los militares llegaron a la zona a las cuatro de la tarde y dos horas después los negociadores estaban muertos. El soldado Albeiro Jiménez le dijo a la Fiscalía que estaban patrullando cuando los negociadores, de civil, se identificaron como mediadores de paz y pidieron hablar con el oficial al mando. "Le comunicamos al teniente y él dijo que no sabía ni de diálogos ni de nada de eso -señaló el soldado- (...) (El teniente) preguntó si estaban armados y dijimos que sí, que tenían dos pistolas (...) Él dio la orden para que fueran ejecutados y dijo que con las armas que tenían los podíamos legalizar", dijo.
Alfredo Flórez, inspector que hizo el levantamiento, dijo que los militares le hicieron escribir datos inexactos de los hechos, como la ocurrencia de un combate y la hora de la muerte. Además, Ricardo Santamaría, comisionado de Paz, señaló que el coronel Fernando Becerra fue notificado de la presencia de los negociadores. Ahora será investigado en el proceso.
Otro de los militares, Édgar Tovar, dijo que la primera declaración que dio fue "manipulada y llena de mentiras". Indicó que tras la orden de matarlos empezaron a disparar ráfagas. Uno de los negociadores alcanzó a decirles una frase profética: "Por favor, no nos maten, que se van a 'embalar'" (complicar). Los uniformados dispararon 42 balas.
La Fiscalía sostuvo que las víctimas tenían la intención de un dialogo de paz y no estaban delinquiendo. "A pesar de que salieron con una camiseta blanca en un palo, en señal de rendición, se dio la orden de asesinarlos", dijo el fiscal. Y agregó que el crimen "empaña la imagen del Ejército y de la justicia, al pasar 19 años sin llegar a una solución definitiva del caso".
Firma de paz tras un año de díalogos
En marzo de 1993, la Corriente de Renovación Socialista, disidente del ELN y conformada por unos 500 hombres, anunció su decisión de dejar las armas.
El entonces ministro de Gobierno, Fabio Villegas, presentó al Congreso un decreto para facilitar la entrega. Tras el asesinato de los negociadores el proceso se congeló por varias semanas. En abril de 1994, siete meses después del crimen, se firmó la paz.
Uniformados se acogieron a sentencia anticipada
Otros diez ya están presos
Un cabo y nueve soldados del Batallón de Infantería Número 31 Voltígeros ya fueron condenados por encubrir el crimen.
Se acogieron a sentencia anticipada, aceptaron el cargo imputado por un fiscal de Derechos Humanos y fueron sentenciados a de cinco años de prisión.
El Juez compulsó copias a la Fiscalía para que investigue al entonces comandante de Uraba coronel Fernando Becerra, quien según los testigos sabía de la presencia de los negociadores de la guerrilla en la zona.
SAIR BUITRAGO MEDINA
Redactor Justicia
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