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Piedad Córdoba fue destituida nuevamente por la Procuraduría

Piedad Córdoba fue destituida nuevamente por la Procuraduría

El Ministerio Público la inhabilitó por 14 años por financiar una campaña política en Atlántico.

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Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
14 de mayo 2012 , 12:49 a. m.

La Procuraduría sancionó nuevamente a la exsenadora Piedad Córdoba. En fallo de primera instancia, el Ministerio Público la destituyó e inhabilitó por 14 años.

El caso fue investigado por un aporte de 25 millones de pesos que habría hecho a la campaña de Ricardo Antonio Montenegro Vásquez, uno de sus asesores, para su aspiración a la Cámara en el 2010.

Córdoba, que anunció que denunciará ante la Corte Interamericana una supuesta persecución política en su contra, ya había sido destituida e inhabilitada por 18 años por la Procuraduría en septiembre de 2010.

En esa ocasión, la sanción fue por los computadores del jefe guerrillero, 'Raúl Reyes', que según el procurador Alejandro Ordóñez demuestran la cercanía de la dirigente política con las Farc.

En el nuevo proceso, el Ministerio Público estableció que el dinero que llegó a las arcas de la campaña de Montenegro se dio por medio de transacciones financieras hechas por Córdoba desde Venezuela hacía Colombia, utilizando varios intermediarios.

Montenegro se lanzó a la Cámara en Atlántico por el liberalismo, pero se quemó en las elecciones. Y en sus gastos de campaña relacionó dos aportes, uno por 20 millones y otro por cinco millones, en los que incluso registró el número de cédula de la supuesta donante, Piedad Córdoba.

La contadora de la campaña de Montenegro también aseguró que la plata provino de la ex jefa de Montenegro.

La Procuraduría consultó al Partido Liberal y este negó haber entregado plata para el candidato, quien señala que lo que hizo Córdoba fue ayudarle a conseguir los fondos con la colectividad, pero que no dio aporte.

Al respecto, el Ministerio Público señala que no se pudo demostrar que Córdoba hubiera recibido finalmente ese dinero, supuestamente enviado a través del empresario colombovenezolano Carlos Balilla Batistini, y del que se habló en correos interceptados a Montenegro Vásquez.

Según Ordóñez, la exsenadora "desconoció la prohibición constitucional para los funcionarios públicos de hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos".

La excongresista se limitó a responder ayer en Twitter: "Nada nos detiene".

REDACCIÓN JUSTICIA

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