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Justicia desprestigiada

La tan comentada encuesta de Ipsos-Napoleón Franco de abril del 2012 ha sido muy comentada, excepto en un punto especialmente sensible para una democracia: la credibilidad de la justicia.
Según la encuesta, la mayoría de los ciudadanos no cree en la justicia, lo que percibe es que es muy corrupta y que intereses políticos influyen sobre las decisiones de los jueces.
Este grave desprestigio tiene consecuencias para la pacífica vida en comunidad. Si para la gente el aparato de justicia no es legítimo, necesariamente hay un aumento de la violencia cotidiana, porque se va creando la convicción de que cada quien se debe defender como bien pueda.
A esta mala reputación ha contribuido la conducta reprochable de algunos jueces, y también ha contribuido, en mi opinión, el poder sin control que tienen los jueces a partir de la Constitución de 1991.
El conocido como "nuevo derecho", por el cual un juez puede separarse de lo establecido en una norma jurídica con el pretexto de defender un derecho fundamental, ha creado un caos interpretativo por el que, en varios procesos en que el problema jurídico que se pretende resolver es similar, se puede interpretar la norma de manera diferente, en contra de un principio fundamental, que es el de la igualdad que incluye el derecho de quienes acuden a la justicia de que sus pretensiones se resuelvan de manera semejante en casos semejantes.
A lo anterior hay que agregarle que la tutela abre la posibilidad de revocar sentencias en firme según el criterio del fallador, basado en una amplia gama de posibilidades de interpretación. Esto ha llevado a que aumente la corrupción en la Rama Judicial, como se ve todos los días con el inacabable tema de las pensiones.
Adicionalmente, la Corte Constitucional, en casos de demandas de inconstitucionalidad, ha  sido excesivamente garantista con los derechos individuales, así estos entren en conflicto con los derechos de los demás o con el interés general.
Pongo como ejemplo el tema de la prostitución, ahora tan de moda. En Colombia se protegió el derecho de las prostitutas como "trabajadoras sexuales" y se amparó su derecho al trabajo. En otros países, como en Suecia, el más progresista del mundo, se expidieron leyes respaldadas por los jueces constitucionales, que castigan a los clientes de la prostitución con base en que la actividad en sí misma es una especie de violencia de género en contra de la mujer, así ella sea mayor de edad. De esta forma se redujo de manera considerable esta actividad.
Otro tema polémico es el del consumo de drogas, en cuya sentencia de despenalización de la "dosis personal" la Corte Constitucional consideró que, aunque el consumo consuetudinario de sustancias psicoactivas ilegales pudiera constituirse en una conducta autodestructiva, el Gobierno no podría intervenir, así toda la sociedad estuviera en camino de su autodestrucción, pues el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad primaría sobre cualquier otra consideración.
Reforma constitucional posterior estableció un concepto contrario, pero hoy el presidente Santos defiende la idea de que hay que legalizar no solo el consumo, sino la producción y el tráfico. En Holanda, país liberal por excelencia en este tema, se está buscando restringir el libre consumo de marihuana en los cafés autorizados para ello, para evitar el llamado  "narcoturismo".
Estas decisiones tienen gran impacto hacia el futuro, en el que podemos tener una sociedad basada en el trabajo digno y productivo, o una en la que estén ampliamente difundidas la prostitución y las drogas.
LUIS CARLOS ZAMORA
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