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Más de 300 familias de Bellavista deben desalojar por orden de Alcalde

Desalojo en 30 días y un término de cinco días para presentar algún recurso de reposición.

Hace dos años que Gladys Prieto, desplazada de Mapiripán por el asesinato de sus dos hijas a manos de los 'Buitragueños', tomó posesión de un pedazo de tierra en la parte alta del asentamiento La Nohora. Con recursos que le giró Justicia y Paz construyó la casa, en la que vive con sus dos nietos, y compró los equipos para el montaje de una tienda.
En el mismo sector, bautizado como Bellavista, vive Darío Mogollón, un ayudante de construcción que llegó a Villavicencio con sus cuatro hijos, procedente de Cimitarra (Santander).
"Soy vulnerable, hace dos años levanté unos palos con unas lonas y monté un rancho porque no tenía cómo pagar arriendo", dice.
El martes 24 de abril, tanto Gladys como Darío fueron notificados por el alcalde de Villavicencio, Juan Guillermo Zuluaga, sobre una orden de desalojo por restitución del bien de uso público, así como la demolición de las casas existentes. Desde entonces el pánico y el estrés reinan en el lugar porque los moradores afirman no tener recursos, ni vivienda dónde ubicarse.
Zuluaga les fijó 30 días para desalojar y un término de cinco días para presentar algún recurso de reposición. "Estamos en eso (definiendo el recurso) con la colaboración de estudiantes de Unillanos y un abogado", informó Mogollón.
Según la Resolución 010 del 2012, expedida con base en un concepto técnico de Cormacarena en septiembre del 2010, las familias están ocupando un área de siete hectáreas, que hacen parte de una zona de reserva natural y forestal.
Cormacarena advirtió que junto a la vía de acceso está el caño Los Monos y hay bosque nativo que fue objeto de "deterioro ambiental". "(...) Como quiera que el área se encuentra en una pendiente que puede generar deslizamientos por la deforestación...", dice el documento de la Alcaldía.
Pobladores de la parte baja de La Nohora alegan que sus vecinos de Bellavista les dañaron las fuentes de agua y talaron más de 4.000 árboles que habían sembrado para recuperar el suelo.
Incluso, algunos moradores afirman que a quienes han protestado
los han amenazado.
'Que dejen a los que sí necesitan'
Es más, que algunas personas, dueñas de casas en Porfía y de otros lugares de la ciudad, compraron varios predios para negocio.
Líderes de la comunidad afectada en Bellavista piden que las autoridades investiguen y definan quiénes son los avivatos.
"Si eso existe son las autoridades las que deben investigar porque somos muchos más los que sí necesitamos un techo para vivir", afirma Darío Mogollón, del Comité de Energía.
La comunidad de Bellavista pide a la Alcaldía que haga un censo que clasifique a las personas desplazadas, madres cabeza de familia, adultos mayores y aquellas con hijos discapacitados para que les den prioridad en planes de vivienda.
Otros, como Gladys Prieto, consideran que el daño ambiental no existe y prefieren que los dejen "vivir en este sitio tan bonito".
REDACCIÓN LLANO 7 DÍAS
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