Eduardo Montealegre anuncia revolcón en unidades claves de la Fiscalía

Eduardo Montealegre anuncia revolcón en unidades claves de la Fiscalía

Fiscal General de la Nación dice que reorientará investigaciones en DD.HH.

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22 de abril 2012 , 10:57 p.m.

Tres semanas después de asumir como Fiscal General, las propuestas y anuncios hechos por Eduardo Montealegre Linett han comenzado a generar polémica en el país.

En diálogo con EL TIEMPO, anunció un revolcón en la Fiscalía, cambios en los modelos de investigación y judicialización de los procesos, pero también hizo reparos al proyecto de reforma de la Justicia. Entre sus propuestas está la de acabar con la Comisión de Acusación de la Cámara.

¿Cómo encontró la Fiscalía?

La Fiscalía requiere algunos giros de política criminal muy importantes. Si bien los fiscales son autónomos, deben tener en cuenta las orientaciones que dicte el Fiscal General. Eso significa que tengo la obligación de dar esa orientación general, sobre todo en temas como el de la aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos. Y ya estoy haciendo esa tarea. (Lea también: El Fiscal General propone que fiscales puedan acusar a congresistas)

¿En qué casos va a intervenir?

No me voy a referir a casos concretos. Lo que sí puedo decir es que hay algunos criterios que se han estado aplicando y deben tener una rectificación. El principio de oportunidad es un instrumento importante en la lucha contra el delito, no puede ir dirigido hacia la impunidad. Hay que racionalizarlo.

¿Qué sucede en la Unidad contra el Lavado de Activos?

Solicité de manera inmediata al Consejo Superior de la Judicatura que asuma la investigación disciplinaria de las quejas sobre posibles irregularidades y ya inicié los cambios de personal al interior de la unidad.

¿Cuál va a ser ese criterio?

La sociedad debe entender que si a alguien se le otorga el principio de oportunidad no se deja impune el delito. Lo que se está es ponderando si de esa forma se obtienen bases útiles para desvertebrar grandes organizaciones criminales, o se presentan oportunidades importantes de reparación a las víctimas, o para descongestionar a la justicia de casos de bagatela.
 
¿En qué otras unidades va a haber cambios, a propósito de las recientes denuncias contra la directora de la Unidad Contra el Lavado de Activos?

También se van a nombrar nuevos funcionarios en los cargos de dirección de otras unidades y se van a crear otras de alto nivel. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con restitución de tierras vamos a brindar un acompañamiento de la Fiscalía frente a la violación de derechos fundamentales a las víctimas y líderes sociales en ese proceso.

¿Se avecina revolcón en la Fiscalía?

Sí. Los cambios incluyen las unidades de Justicia y Paz, Derechos Humanos y Antiterrorismo. No van a ser solo administrativos sino estructurales. Vamos a contar con nuevos modelos de investigación y de aplicación del sistema penal. Se va a trabajar con criterios de priorización. Empezaré por los casos de mayor gravedad; se atacarán los aparatos de poder, la cúpula de organizaciones ilegales, sus financiadores y su relación con otros grupos criminales. En tres semanas habrá  un primer borrador.

¿Cómo empezará aplicarse este modelo?

Este trabajo de interpretación y de priorización se hará con la consulta a órganos internacionales y la Corte Suprema. Claro, también se buscará la opinión de las ong y de las víctimas.

¿Cuál es la mayor dificultad que ha encontrado?

Que no hay una política criminal coherente. No se puede permitir que se sigan modificando los delitos, las penas y los procedimientos penales. Me opongo a eso; se debe acabar con la tendencia a criminalizar muchas actuaciones sociales.

¿Debe discutirse este punto en la reforma de la justicia?

Ese es un proyecto que tiene unas normas muy importantes, pero hay puntos altamente inconvenientes que afectan gravemente el equilibrio de poderes y la autonomía de la justicia.

¿Cuáles?

La reforma modifica el sistema de fuero de los altos dignatarios del Estado. De mantenerse, representa un riesgo grave de inconstitucionalidad, rompe la independencia de la Rama Jurisdiccional.

¿Cómo rompe el equilibrio de los poderes?

La investigación de aforados está pasando a una comisión ternada por el Presidente y elegida por la Corte Constitucional. El fuero es una garantía institucional encaminada a proteger a la institución y su función, no al funcionario que la representa.

Y si a eso se agrega una reciente decisión del Consejo de Estado, que entrega a la Contraloría la responsabilidad en materia fiscal contra los magistrados de las altas cortes, la garantía constitucional del fuero del Presidente se disminuye también, y eso es un grave atentado contra la independencia del Ejecutivo. Los altos dignatarios del Estado, incluido el Fiscal General y los magistrados de las altas cortes, tienen que tener un fuero integral que garantice y proteja las decisiones de los órganos de cierre que representan.
 
¿En qué afecta al Presidente la decisión del Consejo de Estado?

La Contraloría puede suspender a cualquier funcionario que sea objeto de responsabilidad fiscal. Teóricamente, en este momento, ese organismo de control tendría una facultad omnimoda de suspender al Presidente y una interpretación de esas no se ha visto en ninguna lugar del mundo. En ese punto es muy desafortunada la decisión del Consejo de Estado, deja sin fuero al Presidente.
 
¿Cómo llenar estos vacios?

Este es momento para que el Congreso siente claridad sobre el tema en la reforma a la justicia. Los altos dignatarios del Estado, incluido el Fiscal General y los magistrados de las altas cortes, tienen que tener un fuero integral que garantice y proteja a las decisiones de los órganos de cierre en el Ejecutivo y judicial.  
 
¿En qué consiste su propuesta?

Salvo el Presidente y el Vicepresidente, se tiene que quitar toda función jurisdiccional al Congreso. Y antes de que se le inicie cualquier acción penal contra un alto dignatario del Estado, el Congreso debería adelantar previamente un juicio de responsabilidad política.
 
¿Eso no es mantener el actual esquema de la Comisión de Acusación?

Por el contrario, estoy de acuerdo con que se suprima la comisión de acusación. Es inoperante e ineficiente. El Congreso no debe tener funciones jurisidiccionales, se deben acabar.
 
¿Qué otros puntos de la reforma son inconvenientes?

Me parece peligrosa para la institucionalidad la facultad que se le está dando a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de investigar y sancionar a los funcionarios que dependen de las altas cortes. Eso también lesiona la autonomía de la Rama Jurisdiccional. Sería un elemento perturbador en las funciones de juzgamiento de las altas cortes. No hay que olvidarse que el Consejo de Estado resuelve sobre pérdidas de investidura a los congresistas y la Sala Penal de la Corte es la competente para juzgar a los senadores y representantes a la Cámara.
 
¿Pasaría el examen constitucional en la Corte el proyecto de reforma, de manterse tal como está?

De mantenerse, podría pensarse de que se está sustituyendo la Carta Política y el modelo de Estado, representa un riesgo grave de inconstitucionalidad porque rompe gravemente la independencia de la Rama Jurisdiccional. 
 
¿Hay ánimo de revancha en el Congreso, como lo dicen las cortes?

Confío en la sensatez del Congreso. Estamos a tiempo, en los debates que faltan, para hacerles un giro conceptual a varias de las modificaciones. Lo que debe buscarse es un gran consenso y hacer los ajustes y correcciones necesarias.

¿Estaría de acuerdo con los magistrados en acudir a organismos internacionales?

Sería inconveniente para el país. Lo ideal es no llegar a ese tipo de situaciones. El foro institucional es el Congreso, y veo que existe interés de los parlamentarios en escuchar opiniones de todos los sectores.

"Evitemos penalizar la dosis mínima"
 
Frente a la propuesta del director de la Policía, general Óscar Naranjo, de despenalizar en el país el consumo de marihuana, el fiscal Eduardo Montealegre consideró más conviente despenalizar la dosis mínima; "ese es un problema de salubridad", agregó.

"No podemos volver a sistemas caducos"
 
¿Es válido el modelo aprobado para investigar a congresistas?

Se debe avanzar hacia el sistema penal acusatorio. Que la Fiscalía investigue y acuse, y sea la Corte Suprema la encargada del juicio oral en primera y segunda instancias. Ahí, la reforma se arraiga en sistemas ya caducos. (Lea también: Los casos que enredan a fiscal jefe de Extinción y Lavado de Activos)

¿Esto no es quitarle dientes a la Corte en materia de juzgamiento a los congresistas?

De ninguna manera. En últimas, quien va a tener los mecanismos para tomar las decisiones es la Corte Suprema. Permitir que siga en la Constitución sistemas de investigación y juzgamiento que ya están desapareciendo en todo el mundo es cerrar la vista a modelos modernos como los acusatorios.

Según expertos, el sistema penal acusatorio entró en crisis, en parte por la congestión en la Fiscalía...

Es verdad, hay graves fallas en el sistema penal acusatorio; es un modelo con solo 10 años de implementado. Pero el país no puede retroceder. Pensar que vamos a volver al sistema anterior es impensable.

REDACCIÓN JUSTICIA

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