Secretario de Educación de Ecuador explica cierre de 14 universidades

Secretario de Educación de Ecuador explica cierre de 14 universidades

René Ramírez señala que se estaba cometiendo una 'estafa social y académica'.

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21 de abril 2012 , 10:09 p.m.

En un hecho sin precedentes, el gobierno ecuatoriano cerró la semana pasada 14 universidades, esgrimiendo un argumento que sorprendió a propios y extraños: eran de mala calidad.

La decisión dejó sin clases a 38.000 estudiantes de varias provincias del país. No obstante, el presidente Rafael Correa aseguró que prefirió 'cortar' el problema de raíz antes que permitir la permanencia de instituciones que estaban cometiendo un "fraude social".

En entrevista con EL TIEMPO, René Ramírez Gallegos, secretario nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador, habla de las motivaciones de esta medida radical.

Se ha dicho que con el cierre de las 14 universidades se buscaba ponerle fin al mayor fraude social registrado en Ecuador. ¿Era tan grave la situación?

Realmente era grave. Esto fue parte de un proceso de mercantilización de la educación superior que se dio en Ecuador y algunos países de la región. Lo único que se buscó fue el fin de lucro; jugaron con las ilusiones de muchos ecuatorianos diciéndoles que podían obtener un título, pero sin el conocimiento. Se instauró en la cultura ecuatoriana, y en muchos sectores, el tema de la 'titulocracia'.

¿Es decir que muchos profesionales ecuatorianos ejercen sin conocimientos?

Por estas instituciones pasaron 280 mil personas y se emitieron 23 mil títulos o diplomas. Si estas personas hubiesen estudiado en buenas universidades, el país sería otro. Es una estafa social y académica. Frente a eso estamos haciendo un salvataje social, académico y universitario; buscamos salvar los conocimientos de miles de estudiantes y el impacto que eso tiene en la sociedad.

¿Qué facilitó la proliferación de estas universidades?

Se creó una institucionalidad dentro del Estado que, a nombre de la autonomía de las universidades, lo que hizo fue desrregular. Se crearon organismos como el Consejo de Educación Superior (Conesup), cuyos miembros eran juez y parte; de hecho, el rector de una de las instituciones cerradas era su vicepresidente. Se hacían los de la vista gorda, se daban palmaditas en la espalda diciéndose que eran buenos en términos académicos; todo el mundo sabía que eran universidades de garaje, pero nadie quería tomar la decisión firme.

¿Qué diagnóstico tenían de esas universidades?

Uno patético, triste. No tienen suficientes profesores; un bajo porcentaje de ellos son de tiempo completo y menos del 2 por ciento tienen doctorado o maestría; la infraestructura es pobre, no tienen computadores y el número de libros por estudiante es prácticamente nulo; no hacen investigación y no publican en revistas indexadas.

¿Y cuál es el desempeño de sus estudiantes?

En la prueba de conocimiento general obtuvieron 3 sobre 10, más o menos. En el examen específico, 4 sobre 10. El examen general de lectura, por ejemplo, fue reprobado por el 90 por ciento de los estudiantes, lo que quiere decir que no tienen ni siquiera las competencias básicas. Estas universidades seguían graduando alumnos en esas condiciones, algo que, como Gobierno, no podíamos seguir permitiendo.

¿La evaluación se basó en algún parámetro internacional de  educación superior?

Para nada. El cambio del país pasa por el cambio en la educación, principalmente en la educación superior. Propusimos un mandato constitucional para evaluar y depurar las universidades y escuelas politécnicas. Tras un amplio debate sobre la Ley de Educación Superior dimos un plazo de 18 meses para que las universidades que se evaluaron como E (último nivel de calidad), mejoraran su calidad académica. Sabían que estaban en la lista roja y que se les iba a volver a evaluar, pero creyeron que no íbamos a tomar esta decisión y no hicieron nada.

Otras universidades quedaron con tarjeta amarilla...

Sí, y vale la pena señalar que la Constitución y la Ley demandan que todas las universidades del Ecuador, incluidas las acreditadas, deben volverse a acreditar. Ese plazo se vence en octubre del 2013. Las ocho universidades que pasaron con tarjeta amarilla tendrán que cumplir con lo estipulado, que es cerrar matrículas en posgrado, a distancia, semipresencial y todas las extensiones.

¿Podrían cerrar más universidades?

Claro. Si no cumplen con lo establecido, no podrán ser parte del sistema y tendrán que cerrarse. Este proceso va a un segundo momento, que no es únicamente acreditación institucional sino de carreras, algo que se hace en otros países. La idea es que los ecuatorianos sepan, al momento de elegir un programa, en qué nivel está.

¿Qué pasará con los 38 mil estudiantes?

Establecimos un  plan de contingencia que garantiza su continuidad, mediante cuatro mecanismos ajustados al tiempo que hayan estudiado. Tenemos la suficiente capacidad para resolver la situación de estas personas.

¿Han medido la reacción ciudadana?

Creo que se ha entendido que se trata de un problema social que debemos resolver todos los ecuatorianos. Hay una muy buena acogida ciudadana y de la propia prensa. Los periódicos más importantes publicaron editoriales aplaudiendo la decisión del gobierno. Obviamente los afectados se han opuesto; para sus familiares es algo muy duro, porque hablar de educación universitaria es hablar de las ilusiones y las esperanzas de las personas; claro está que, a la luz de los resultados, han visto que estaban siendo estafados. Esperan que funcione el plan de contingencia; este proceso demorará unos tres o cuatro meses y los estudiantes tendrán que rendir un examen de ubicación.

¿Hacia dónde quieren llevar la educación en Ecuador?

Nuestra Constitución plantea la gratuidad de la educación superior; estamos yendo a un proceso de admisión y nivelación. Muchos países tienen la admisión, pero nosotros hemos planteado la nivelación para igualar en oportunidades a los jóvenes que vienen del bachillerato con bastante heterogeneidad; además, propuesta de becas y ayudas económicas para satisfacer el proceso de democratización y el acceso a la universidad, pero sin ir en detrimento, ni un ápice, de la búsqueda de la excelencia y la calidad. Vamos, también, por acreditaciones internacionales para nuestra universidades.

¿Qué perfil buscan en los egresados de las nuevas generaciones?

Como parte del proceso de mercantilización de la educación superior hubo una separación de las universidades con las necesidades del país. Queremos cambiar eso. La mayoría de carreras que se ofertaron estaban ligadas a la administración de empresas, cuando el país necesita para su transformación productiva, por ejemplo, más ingenierías, investigación en energías renovables y petroquímica.

¿Cuál es su visión de la educación superior en la región?

A nivel global el sistema de educación superior y la universidad están en una crisis, aparejada con la que afecta al sistema económico. Siempre he creído que la universidad es un reflejo de lo que pasa en la sociedad y en el mundo. No buscamos la transformación de la educación superior como un fin, sino la transformación de la educación superior como un medio para transformar la sociedad y la convivencia. Lo mismo en la región. Yo creo que ha habido un proceso de autocrítica de lo que está pasando y que, como hay nuevos vientos en América Latina, en las universidades también se esté reflexionando sobre los cambios que necesitan internamente.

Estudiante: 'Es lo que puedo pagar'

Hace dos años el joven ecuatoriano Jonathan Ayala ingresó a la Universidad Cristiana Latinoamericana para estudiar medicina.

"Quiero ser médico y me fue imposible entrar a la Central (estatal) porque había muy pocos cupos para un montón de aspirantes", cuenta.

Con mucho esfuerzo, sus papás lo matricularon en esta institución en la que pagaba unos 1.200 dólares semestrales (cerca de 2,2 millones de pesos). "Es lo que puedo pagar... Asistir a otras universidades, donde el semestre cuesta 1.800 o 2.500 dólares como mínimo, es imposible".

Defiende la calidad de su universidad: "Dicen que era mala, pero en las prácticas y clases hospitalarias estábamos de igual a igual con estudiantes de otras universidades; creo que la evaluación tuvo muchas falencias y nos perjudicaron a muchos estudiantes sin importarles nada".

Ahora no tiene claro cómo será el plan de contingencia anunciado por el Gobierno; solo ruega no acabar engrosando las filas de jóvenes desocupados del país.

En Colombia se han cerrado seis instituciones

En los últimos tres años se han cerrado seis instituciones de educación superior en el país, particularmente técnicas y tecnológicas, y 92 programas por deficiencia en la calidad y prestación del servicio.

Además, se han impuesto 64 sanciones (entre amonestaciones y multas) a instituciones y directivos por infracción a las normas que regulan la educación superior.

"Hemos cerrado programas en instituciones públicas y privadas, aunque más en estas últimas. A las instituciones que se les canceló la personería jurídica dado que no contaban con las condiciones de calidad", afirma el viceministro de Educación Superior, Javier Botero Álvarez.

En cuanto a los programas, agrega el funcionario, las fallas más comunes que se presentan son la falta de personal docente, infraestructura física inadecuada y pobres condiciones académicas. Algunos de ellos son el área de la salud y en administración. Varios son especializaciones.

Las instituciones cerradas funcionaban en Córdoba, Antioquia, Bogotá, Risaralda, Valle, Atlántico y San Andrés.

Según Botero, se estudia poner condiciones de calidad para la oferta de programas de formación para el trabajo, que prácticamente no tienen quién los vigile.

 MAGGY AYALA
Corresponsal de EL TIEMPO - QUITO

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