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El Fiscal General propone que fiscales puedan acusar a congresistas

Eduardo Montealegre planteó en el Congreso sus reparos a la Reforma de la Justicia.

REDACCIÓN JUSTICIA
Dos temas polémicos se tomaron ayer el quinto debate de la reforma de la justicia: la Fiscalía pidió facultades para investigar a los congresistas y el Consejo de Estado criticó lo que consideró es una entrega de poderes a la Corte Constitucional que afecta el equilibrio dentro de la rama judicial.
En la Comisión Primera del Senado, donde ayer se votó el informe de ponencia de la reforma de la justicia en quinto debate, Eduardo Montealegre, fiscal general, dijo que no comparte la fórmula que se propone en el proyecto para procesar a algunos aforados, porque "el hecho de que se separen las funciones de investigación y juzgamiento no significa que se estén haciendo avances hacia el Sistema Penal Acusatorio".
Lo que está en la iniciativa es crear una sala de investigación y juzgamiento penal y disciplinario en la Corte Suprema de Justicia para procesar a los congresistas, a los ministros, al Fiscal, al Procurador y a algunos magistrados, entre otros aforados.
El Fiscal también propuso que, en el caso de los congresistas, "la investigación y acusación le correspondan al Fiscalía, y el juzgamiento, en primera y segunda instancia, a la Corte Suprema".
Montealegre pidió establecer un tribunal de garantías para el juzgamiento de legisladores, porque "tiene que existir un fortalecimiento de la garantía institucional de independencia del Congreso, pero que no sea inmunidad".
Señaló que la privación de la libertad de los congresistas no se debe dar hasta que haya sentencia en primera instancia, como lo señala el proyecto de reforma, sino cuando la resolución de acusación quede en firme por un tribunal de garantías.
También fue partidario de mantener el juicio político del Congreso a algunos aforados, como el presidente, vicepresidente y magistrados de las altas cortes, como requisito previo para poder iniciarles proceso penal o disciplinario.
Dijo que debe quedar, pero con "una clara separación entre la responsabilidad política, y la penal y la disciplinaria".
El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, que estuvo ayer durante el debate de la reforma y quien aclaró que su presencia no era de carácter oficial, lanzó duras críticas al proyecto.
"Ese modelo, que se está construyendo en el proyecto de reforma, generaría la consecuencia, en un modelo unitario de poder judicial, de desequilibrar los órganos límite en la rama judicial", precisó Gómez, quien considera que nunca se aclara si es o no la Corte Constitucional el órgano de cierre definitivo de los procesos, por lo cual se le mantendría esa facultad.
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