En el 2007, 34 familias desplazadas de Anserma (Caldas) fueron reubicadas en un predio, San Mateo, que en ese momento tenía solo dos viviendas, no era fértil y, además, era usado como corredor de movilidad del bloque Cacique Pipintá de las Auc, que no se desmovilizó. (Siga este enlace para leer: La turbia historia tras las tierras que entregará Barack Obama)
En el 2009, la Corte Constitucional le dio al pasado gobierno seis meses para reubicar a esas familias en un lugar seguro y productivo. Pero dos años después, el Incoder solo había comprado uno de los once predios que se necesitaban para cumplir la orden. (Siga este enlace para leer más sobre restitución de tierras)
Este es uno de los casi cincuenta casos críticos que forman parte de un informe que la Defensoría del Pueblo entregará la próxima semana a la Corte Constitucional. (Siga este enlace para leer más sobre desplazamiento)
En dicho documento, la Defensoría alerta que la política de restitución de tierras, tema bandera del actual gobierno, además de enfrentarse a todos los enemigos violentos que tiene, también tendrá que romper con las viejas prácticas de descoordinación institucional y hasta corrupción que vienen de hace décadas.
En ninguno de los casos de retorno de desplazados en el país, como San Carlos (Antioquia) y Samaná (Caldas), se logró el completo restablecimiento de derechos de los campesinos que se atrevieron a volver. De hecho, en uno de los retornos más sonados de los últimos años, el de El Salado (Bolívar), siete de cada diez familias campesinas que huyeron decidieron no regresar.
En general, los desplazados del país han tenido tantas dificultades, dice el documento conocido por EL TIEMPO, que algunas de las soluciones que les han ofrecido podrían "pasar de ser una ayuda a una revictimización". "Se han entregado predios sin sanear, con problemas de linderos, con deudas de servicios públicos, sin vivienda digna, sin vías de acceso y sin acompañamiento institucional", cuestiona.
Así, aparecen casos en los que el Incoder adjudicó fincas en zonas de nacimiento de ríos, como les pasó a tres familias desplazadas que fueron reubicadas en dos fincas de Chinchiná (Caldas). Allá no se puede cultivar y los desplazados terminaron abandonando, por segunda vez, sus tierras.
En Pacho (Cundinamarca), el Estado entregó un predio, pero dejó a los desplazados a su suerte. La misma comunidad parceló y hasta llegó a rifarse los lotes, lo que derivó en peleas, amenazas y abandono.
Además, la Defensoría -que lleva cuentas de 71 asesinatos de líderes en procesos de restitución de tierras- también alerta por las críticas condiciones de seguridad. Denuncia que el Gobierno lleva año y medio de retraso en el cumplimiento de medidas de protección a las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, donde hace apenas un mes asesinaron a un séptimo líder de comunidades negras.
El panorama es más crítico porque, señala la Defensoría, los nuevos instrumentos como las leyes de tierras y de víctimas tienen el reto de asumir nuevos casos y romper con la histórica falta de coordinación que ha caracterizado la respuesta del Estado hacia los desplazados.
Deudas de servicios
La Defensoría y la Corte recomiendan a las alcaldías buscar estrategias para condonar las deudas bancarias y de servicios públicos a los desplazados. Muchos que abandonaron sus predios por décadas venden por no poder solventarlas.
REDACCIÓN JUSTICIA
