Editorial: El gran desafío

Editorial: El gran desafío

A finales de la semana pasada hubo remezón en el programa bandera del Gobierno.

01 de abril 2012 , 07:44 p.m.

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, aseguró que la salida del director del Incoder se produjo porque, aun cuando fuera transparente y bienintencionada, su gestión iba "a una exasperante velocidad de 10 kilómetros por hora" que tenía impaciente a la administración. El encargado de la entidad, Juan Manuel Ospina, dejó su cargo respondiendo que le faltó más apoyo de su jefe directo: "Hay una enorme descoordinación en las acciones", explicó el saliente funcionario.

Y en medio de aquella desafortunada e inconveniente polémica ha quedado en la opinión pública la sensación de que la crucial política de restitución de tierras cumple tres meses de no avanzar tal como el país espera.

Se sabe que el indispensable proceso tiene muchos y peligrosos enemigos. El pasado miércoles 28 de marzo, en Mutatá (Urabá), fue hallado el cadáver maltratado de Manuel Ruiz, un líder campesino que había denunciado la ocupación violenta de predios en la comunidad de Apartadocito, y que unos días antes había sido secuestrado por las sanguinarias 'Águilas Negras' en compañía de Samir, su hijo de solo 15 años. Los dos se agregan a la ya preocupante lista de reclamantes asesinados. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, enterado de que este reclamaba ante la expulsión de un grupo de agricultores desde hace más de un año, reaccionó de inmediato: "La muerte de este importante dirigente no puede frenar el proceso, porque eso es lo que quieren los violentos", declaró.

Tiene razón. Y hay que proteger mejor a quienes buscan defender sus derechos. El proceso de restitución, que tiene como meta devolverles sus predios a unas 160 mil familias en este gobierno, seguirá enfrentándose a opositores de toda laya.

Por eso se necesita una directriz. El inquietante rifirrafe entre el ministro de Agricultura y el director del Incoder ha dejado la sensación de que las diferencias de criterio podrían llegar a ser un obstáculo serio. En ese ambiente, se ventila la creación de una alta consejería para el tema, que sería bienvenida en la medida en que consolide pautas y sea un vínculo efectivo entre las entidades y los directamente interesados.

La restitución es un inmenso y justo reto que se ha propuesto el gobierno del presidente Santos: se ha usado la palabra "histórico" porque supone una revolución pacífica que el país ha contemplado en el papel durante décadas. El Estado ha visto morir en los últimos tiempos una serie de institutos del sector agropecuario que, armados de presupuestos nada despreciables, alguna vez se convirtieron en llamados a la esperanza de los colombianos. Además, es motivo de inquietud que por el Incoder, creado en el 2003 y reformado en el 2007, han pasado ocho gerentes en apenas nueve años, y varios de ellos fueron destituidos por malos manejos. Allí se necesitan probidad, continuidad y sólidos resultados.

La presente administración será juzgada en gran medida por su efectividad a la hora de poner en marcha la Ley 1448 de 2011 -que contiene la estrategia en favor de las víctimas y la restitución de tierras-, la cual entró a regir desde el primero de enero pasado. De modo que aquí no solo está en juego el futuro de un proyecto político que ha tenido el valor de responder por la pesadilla del desplazamiento que ha afectado a millones de ciudadanos sino, sobre todo, las posibilidades de crear las condiciones para que exista una sociedad más justa y pacífica. De ese tamaño es el desafío que, para ser resuelto, requiere efectividad y liderazgo institucional.

editorial@eltiempo.com.co

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