A ONU le inquietan ataques a defensores en Antioquia

A ONU le inquietan ataques a defensores en Antioquia

Director adjunto de la oficina de la Alta Comisionada de DH pidió seguridad para líderes.

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22 de marzo 2012 , 08:39 a.m.

"La Fuerza Pública no va a ser capaz de garantizar la seguridad de los cuatro millones de personas amparadas por la Ley de Víctimas". La sentencia es de Juan Carlos Monje, director adjunto de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, quien ayer presentó en Medellín el informe anual de ese organismo, correspondiente al 2011. 

Monje expresó preocupación por los ataques contra líderes que reclaman tierras y otros activistas de derechos humanos en Antioquia. Mencionó la muerte de Alejandro Padilla en Necoclí, y David Góez en Medellín.

Además reclamó que se ponga en práctica una política integral de seguridad a las víctimas que incluya no solo más presencia de la Fuerza Pública para garantizar su integridad física, sino la judicialización de quienes los tienen en la mira, la sensibilización de la población, el fortalecimiento de las organizaciones y darles garantías a los jueces agrarios que comienzan la labor de aclarar la propiedad de las tierras en disputa legal.

Esas acciones deberían incluir, según él, el saneamiento jurídico de los predios en las zonas azotadas por el desplazamiento forzado y el despojo. Sugirió que los casos sean centralizados en Bogotá para evitar presiones de poderes locales y regionales.

La Oficina de la Alta Comisionada, añadió el diplomático, ha pedido que en el departamento se ubique una unidad de Fiscalía que investigue los crímenes relacionados con el proceso de restitución.

De acuerdo con Gerardo Vega, vocero de la Fundación Forjando Futuros, que asesora a víctimas de despojo, desde el 2005 van 58 reclamantes de tierras asesinados. En Antioquia han ocurrido 13 de estos asesinatos, además de 2 atentados y 25 familias que reubicaron por amenazas.

Así mismo Monje llamó la atención por el continuo accionar de actores armados ilegales, tanto guerrilleros como grupos "postdesmovilización", lo que a su vez está relacionado con el aumento de las masacres. 

La ONU registró el año pasado 32 crímenes con más de 3 personas. De esas, 10 fueron en Medellín y otras 10 en otras subregiones de Antioquia y Córdoba.

El año pasado el informe regional correspondiente al 2010 levantó ampolla, pues señalaba la relación de miembros de la Fuerza Pública con bandas criminales, y ahora abre la misma llaga.

"Todavía el informe da cuenta de indicios de connivencia o corrupción que toca a las Fuerzas Armadas. La Alta Comisionada recomienda reforzar las medidas de prevención de estas acciones y que haya un combate a estos grupos postdesmovilización con una estrategia integral que permita entrar a todos los lugares donde tienen influencia", dijo Monje.

El director de la Corporación Región, Max Yury Gil, opinó que el informe "logra poner de presente los avances y las dificultades" pero no -dijo- logra centrar las problemáticas principales.

REDACCIÓN MEDELLÍN

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